Argentina está llamada a protagonizar la economía global porque nuestra historia lo reclama. Los flujos de inversión directa hacia el país se irán incrementando a medida que mejoren variables como la seguridad jurídica, la estabilidad, las aptitudes de nuestros recursos humanos y, sobre todo, nuestra mentalidad global, necesaria para sintonizar y evaluar las oportunidades que existen más allá de los confines de la patria.

Por eso, desde el Congreso de la Nación tenemos que continuar trabajando en pos de apoyar esta apertura al mundo que comenzó en diciembre de 2015. La ley de financiamiento productivo provee herramientas certeras para modernizar nuestro mercado de capitales. Estas señales de madurez económica y responsabilidad son claves para establecer contacto fructífero con la comunidad internacional de inversores. Considero un logro que finalmente haya sido aprobada, después de haber pasado por el Senado y haber vuelto a Diputados con algunas modificaciones. En un contexto de permanente innovación y creación de canales para vehiculizar el ahorro de los ciudadanos hacia inversiones que tengan efecto positivo en la economía, los países emergentes tienen el desafío de desarrollar su mercado de capitales para adaptarse a los tiempos que corren. En sentido contrario, las consecuencias de los mercados de capitales poco desarrollados son baja liquidez y disminución del crecimiento económico.

Principalmente, la ley de financiamiento productivo plantea la implementación de una factura de crédito electrónica que se vuelve ejecutiva a los 15 días de emitida. Con esta nueva posibilidad, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) podrán negociar sus facturas realizadas a grandes empresas en el mercado de capitales, aumentar su liquidez y evitar los tiempos de espera que resultan tan perjudiciales para su desempeño financiero. Con las facturas electrónicas podrán realizar operaciones de factoraje, cesión, además del descuento en las instituciones financieras. Esta norma influirá sobre el movimiento de los bancos y demás tomadores de crédito y, en consecuencia, dará más vitalidad y fluidez al sistema financiero, lo que permitirá que esa abundancia de liquidez genere tasas más competitivas para las mipymes.

Adicionalmente, la ley de financiamiento productivo implementa la securitización de las hipotecas, lo que permite que los bancos creen un mercado de instrumentos financieros a partir de garantías hipotecarias. Nuestras instituciones financieras habían reclamado el apoyo de normas acordes para actualizarse con productos financieros derivados de esas garantías reales. De modo que la securitización y los nuevos productos generarán un mayor volumen de operaciones y además permitirán que los bancos aumenten considerablemente su capacidad de préstamo. Sobre todo, el desarrollo del mercado de letras hipotecarias mejorará el acceso de los argentinos a la vivienda, que es una de las principales preocupaciones de este Gobierno.

También se crean los fondos comunes de inversión cerrados que permitirán financiar proyectos de diferentes tipos, como agropecuarios, industriales o de otros sectores o actividades. Esto es significativo porque el mercado de capitales de Argentina es de los menos desarrollados de América. En términos generales, la ley da un marco jurídico flexible y moderno al mercado de capitales para que las industrias puedan utilizar herramientas nuevas, y una gama más amplia de activos financieros, haciendo hincapié en la protección de los inversores y los principios de equidad, transparencia, orden y competencia.

De aquí hasta la implementación, se deberán preparar equipos interdisciplinarios para lograr el funcionamiento de esta norma compleja y necesaria. En conclusión: desarrollar el mercado de capitales a través de estos nuevos instrumentos que formarán parte de la oferta financiera repercutirá mermando los costos de transacción, incrementando la inversión, la liquidez y, por ende, propiciando el crecimiento de las mipymes, que son los mayores empleadores del país.

El autor es diputado nacional UCR-Cambiemos.