En ocasión del 8 de marzo y en el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer destaqué que las mujeres no necesitábamos proyectos declarativos. Por ello, el pasado miércoles presenté en el Senado de la Nación un proyecto de ley integral de igualdad real que recoge nuestros reclamos respecto de otros proyectos que resultaron en declamaciones sin sanciones ni modificaciones reales del statu quo de las trabajadoras argentinas, sin herramientas operativas para que la igualdad de género se materialice en la realidad.

Nuestro proyecto propone que se garantice el igual pago por igual tarea y que se penalice a los empleadores que no rectifiquen esta discriminación. Además, a diferencia de otros proyectos que formulaban que únicamente es la trabajadora quien debe revisar los recibos de sueldo de sus compañeros para denunciar la discriminación, lo que impone la carga probatoria en el eslabón más débil de la cadena, planteamos que cualquier solicitante tiene el derecho de recibir la información que suponga discriminación salarial y los punitorios correspondientes para las empresas que lo incumplan. Además, motorizamos la creación del centro de denuncias para enmendar otras desigualdades o abusos.

Del mismo modo lo hacemos con los cupos. Si bien diferentes leyes argentinas se han manifestado respecto de la paridad entre hombres y mujeres, hay lugares del Estado especialmente inequitativos en el acceso de las mujeres a puestos de trabajo. Un ejemplo muy claro es el Poder Judicial, donde las mujeres seguimos siendo minoría en los lugares de conducción. Por eso incluimos el concepto de igualdad de oportunidades en todos los poderes de la nación.

Estas inequidades también podemos verlas en las organizaciones gremiales, donde las mujeres tenemos una activa participación en las bases, pero poca en los lugares jerárquicos. Por eso proponemos que la representación femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales sea del 50%, así como en la Comisión Paritaria, donde discutimos los destinos de nuestros salarios, que deberá estar integrada en un 50% de mujeres de cada sector participante.

Para estimular la paridad en el ámbito privado proponemos, además, un incentivo fiscal que beneficie impositivamente a aquellas empresas que se destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y oportunidades.

Entendemos que la igualdad real entre hombres y mujeres se organiza en el ámbito de la familia, una de las instituciones con mayores avances y cambios culturales que hoy mismo la ley no contempla. El proyecto de ley que presentamos destaca que la madre o el padre gozarán de 60 días hábiles, que podrán distribuirse conforme a la planificación familiar, esto es, la distribución alternada y elección libre de las licencias previstas.

Hace unas semanas y desde que asumimos, en nuestro bloque (Unidad Justicialista) nos dimos la tarea de incluir en la agenda legislativa el tratamiento de proyectos que ofrezcan respuestas políticas inequívocas a la realidad no legislada de las mujeres de nuestro país. Con esta ley queremos contribuir a cambios concretos, porque entendemos que la realidad efectiva es la que modifica el destino de nuestro pueblo y no solo las declamaciones.

La autora es senadora nacional por la provincia de San Luis, lugar donde la defensa de los derechos de las mujeres, su contención y la aplicación de una agenda plural de género son consideradas políticas de Estado.