Los últimos acontecimientos en Siria son un triste ejemplo del fracaso de la diplomacia multilateral y del sistema de seguridad colectiva previsto en la Carta de las Naciones Unidas. Ha quedado nuevamente en evidencia la escasa capacidad de contención y la diluida influencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para prevenir y detener conflictos, y hacer respetar tratados internacionales jurídicamente vinculantes como la convención que prohíbe el uso, el almacenamiento y la producción de las armas químicas. Estas circunstancias, entre otras, pone sobre la mesa la necesidad urgente de reformas en el sistema de las Naciones Unidas. La falta de respuesta responsable a ocho años de guerra y al uso reiterado de armas químicas es un claro testimonio en ese sentido.

Lamentablemente, el derecho del veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU ha sido en ocasiones uno de los factores que ha impedido a dicho órgano, con responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, frenar e investigar la violencia en Siria y la utilización de armas químicas contra la población civil y combatientes. La prerrogativa abusiva del veto en el caso sirio ha actuado en la práctica como un instrumento para que las partes involucradas en el dramático conflicto sirio actúen con total impunidad y desprecio del derecho internacional, incluyendo el humanitario y en lo que hace, por ejemplo, a crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Resulta desilusionante que Rusia, haciendo uso pernicioso de ese derecho, haya vetado reiteradamente diversas opciones de investigación en el uso de armas químicas e incluso de hacer cumplir las resoluciones adoptadas por el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la materia. El veto de Moscú a la prórroga del Mecanismo Conjunto de Investigación (MCI) de Naciones Unidas y del Organismo para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) en Siria es un ejemplo concreto. De haber continuado la tarea técnica de expertos de dicho mecanismo que en su momento confirmó el uso de gas sarín, el desencadenante de la situación actual hubiese estado bajo razonable control internacional y, entre otros, el episodio de las armas químicas en Guma probablemente no se hubiera producido.

El uso de armas químicas resulta intolerable en cualquier circunstancia y merece siempre la máxima condena y respuesta de la comunidad internacional conforme a los objetivos que persigue la Convención de Armas Químicas. Hubiese sido deseable que esa reacción, en el caso de la utilización de armas químicas en Siria, fuera resultado de una decisión unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El debilitamiento del multilateralismo, en especial la parálisis del sistema de seguridad colectiva previsto en la Carta de las Naciones Unidas, exige una profunda reflexión tendiente a actualizar y revitalizar el papel del organismo y en particular del Consejo de Seguridad. Un elemento a considerar con urgencia es la democratización del sistema de decisiones eliminando o relativizando el nocivo derecho de veto de los miembros permanentes y permitiendo una mayor participación de la Asamblea General, en particular en decisiones sobre crisis humanitarias o flagrantes violaciones a los postulados de la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos jurídicamente vinculantes en vigor.

La paz y la seguridad global requieren un cambio del sistema de las Naciones Unidas como una redefinición de los conceptos de seguridad colectiva previsto en la Carta. Mientras eso no ocurra, como en el caso sirio, será la población civil la que seguirá pagando el precio más alto en vidas. Siria ya registra más de medio millón de muertes y millones de desplazados desde el inicio de la guerra. Es hora de asumir la solución a ese drama con mayor responsabilidad.