"La Casa de Papel" y las decisiones de gobierno

La excelente serie española La Casa de Papel es un éxito notable: por el argumento, por los actores, por el tempo y muchos otros méritos. No voy a contar el final, pero es claro que los espectadores nos solidarizamos rápidamente con los ladrones. No solo por su inteligencia y su velocidad de reacción, sino porque, al fin y al cabo, se comparan con la crisis española donde la gente perdió dinero, ilusiones y proyectos.

¿Qué justifica que alguien puede llevarse el dinero de los demás? Hay básicamente tres escenarios. El primero, como en la serie, es el caso de los ladrones que se lo llevan sin consentimiento. Y, si los atrapan, irán presos.

Hay un segundo caso en que alguien se queda con dinero y es con consentimiento. Son las transacciones de mercado donde alguien recibe o compra algo a cambio de dinero. Con eso estamos todos conformes. Se puede discutir el precio, la calidad, la oportunidad y es un intercambio voluntario entre ambas partes.

Hay un tercer caso, que son los impuestos, donde los gobiernos se quedan con dinero del sector privado a cambio de servicios públicos. Llegamos así a una situación donde, de tres formas posibles en las que un tercero se queda con el dinero de los demás, solo una es voluntaria. Las otras dos son coercitivas, con distinto grado de escozor por parte del que entrega el dinero.

Muchos de los servicios que presta un gobierno son esenciales y solo pueden ser otorgados por una autoridad, como son la seguridad, la Justicia, la defensa. Y muchos más son claramente necesarios, como salud y educación. Los problemas surgen cuando los servicios que el gobierno brinda dejan ya de ser indispensables o de difícil cuantificación.

Sin hablar de sueldos y jubilaciones, queda un componente de gasto que se dedica a cubrir el gigantesco déficit de infraestructura. En Argentina se están atacando muchos frentes al mismo tiempo: rutas, hospitales, aeropuertos, puertos, hasta bibliotecas. Es mucho y, al mismo tiempo, claramente insuficiente, por lo que serán necesarias décadas de inversión para compensar lo que se ha perdido. Pero como se hacen con el dinero de los demás, como mínimo corresponden las preguntas: ¿Quién decide en qué gastar? ¿Cuánto? ¿Cuándo? La ley de presupuesto es la que debiera fijar esos importes y, suponiendo que no haya corrupción ni impericia, usará los impuestos para pagar.

Si todos fuéramos igual de cuidadosos con el dinero de los demás que con el propio, sin corrupción ni otras afrentas a las sociedades modernas, aún así quedaría el problema de la toma de decisiones. Es difícil imaginar una peor forma de tomar decisiones que cuando el que decide no corre riesgos si se equivoca. Ni que hablar de los que deciden y luego cambian de puesto o los que controlan pero con años de atraso. Se decide con base en prioridades políticas a pagar con el dinero de gente que ni siquiera sabe qué es lo que se hará.

Por ello deberíamos tener un sistema que minimice estos riesgos. No es con más control o auditorías, sino reduciendo la cantidad de decisiones que han de tomarse. Hay mucho gasto público que podría eliminarse si se lo dejara en manos de quienes lo utilizarán. Pero, sobre todo, es necesario que los que actúan con el dinero de los demás sean responsables de sus decisiones. Esto es sumamente difícil: si un maestro enseña mal, sus alumnos pagarán las consecuencias, no él o ella. Si se gasta mal, no es el político quien devuelve el dinero de los demás.

En La Casa de Papel los policías pierden sus puestos y los ladrones están dispuestos a pagar con su vida. Esperemos que nuestros funcionarios estén, al menos, dispuestos a reconocer sus errores.

La autora es economista, UCEMA.