En las últimas semanas ha vuelto a ponerse en debate la cuestión de la inmigración, en especial el impacto que tiene en ciertos servicios públicos. Soy un ferviente defensor del derecho humano a migrar. Las migraciones la mayoría de las veces están asociadas a circunstancias dolorosas, pero esa búsqueda de un horizonte de cuidado y de realización personal las transforma en un intento humano desgarrador y esperanzado al mismo tiempo.

Algunos datos antes de entrar en los argumentos: alrededor del 10% de los pacientes que se atienden en hospitales públicos son inmigrantes y de ellos la gran mayoría son mujeres embarazadas, casi ninguno en servicios de alta complejidad. Por su parte, en escuelas públicas primarias y secundarias solo el 1,5% de los estudiantes son extranjeros.

Hoy existe a escala global una verdadera revolución migratoria, que alterará definitivamente la geografía económica mundial. Los números que se manejan son paralizantes y el desafío de los países receptores es mayúsculo. Se trata de una revolución que no podrá enfrentarse represivamente y respecto de la cual se necesitará sensibilidad e inteligencia.

La defensa principista de la migración como derecho no nos exime de la rigurosidad, el profesionalismo y la estrictez con que nuestro Estado debe posicionarse frente a este fenómeno para gestionarlo adecuadamente. Lamentablemente, en el debate público, por desconocimiento o por prejuicios, se asocia a la inmigración con la conducta oportunista o con los riesgos derivados de los incumplimientos legales, pero para Argentina la inmigración es una bendición: amplía el bono demográfico, incorpora talento, resuelve cuellos de botella laborales en ámbitos específicos —la construcción y la frutihorticultura son ejemplo de ello— y muchos etcéteras mayoritariamente positivos.

Los móviles migratorios en condiciones no catastróficas como las guerras y las hambrunas son casi excluyentemente las posibilidades laborales, los diferenciales salariales, y la diferencia de acceso y calidad en las prestaciones públicas sociales.

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿puede Argentina tolerar conductas oportunistas o comportamientos desviados? Por supuesto que no y son los inmigrantes las primeras víctimas de esas maneras. Resolver tales cuestiones no puede leerse como una barrera. Muchas veces esas prácticas son resultado de un manejo clientelar de los servicios públicos, propios de una cultura política degradada que manipula las necesidades de inmigrantes y de nacionales.

Son contundentes los cálculos económicos que demuestran el valor que la inmigración agrega y es uno de nuestros orgullos nacionales ser receptores de la fuerza del progreso que siempre los inmigrantes portan, empujados por la necesidad y el deseo. Existen instrumentos adecuados de gestión pública que permiten identificar el comportamiento oportunista sin poner en riesgo ni la salud, ni la integración socioeducativa de migrantes; incluso podemos y debemos impulsar, proponer y construir una cultura más colaborativa a nivel de sector público.

Argentina puede y debe ser el refugio de quienes escapan de la pobreza y el autoritarismo para encontrar en este suelo el lugar donde trabajar, crear y prosperar, en libertad, con leyes justas y en una convivencia que nos honre y emocione, como sucedió con nuestros abuelos.

El autor es diputado nacional UCR-Cambiemos, provincia de Buenos Aires.