La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene dentro de sus atribuciones constitucionales el dictado de resoluciones (artículo 80). Dentro de este tipo de dictado se encuentran los pedidos de informes al Poder Ejecutivo, como bien lo establece su reglamento interno en el artículo 178. Esto quiere decir que los diputados pueden preguntar sobre el andar de la gestión de gobierno, solicitar detalles de las políticas públicas llevadas adelante, como cualquier otra inquietud requerida.
Desde ya que es una herramienta casi íntegramente utilizada por aquellas fuerzas políticas que no se encuentran en el oficialismo de turno.
Una vez que un pedido de informes es aprobado en sesión, se remite al Poder Ejecutivo para que la Dirección de Asuntos Legislativos lo envíe al área competente, implicada en las preguntas del pedido. Vale destacar que la administración porteña trabaja estos documentos mediante la utilización del expediente electrónico.
Son varias las ocasiones en que un pedido de informes puede tener preguntas donde tenga que intervenir más de un área (ministerio) de gobierno, por lo cual ese documento girará por las dependencias implicadas.
Haciendo un análisis de la cantidad de pedidos de informes aprobados en la LCABA y contestados por el Poder Ejecutivo entre 2013 y 2017, en el período parlamentario oficial de cada año, a saber, del 1º de marzo al 28 de febrero del año siguiente, podemos arribar a los siguientes datos reflejados en el cuadro. No contamos aquí los pedidos de informes que hayan sido respondidos al siguiente año parlamentario de su presentación.
Esto refleja un constante ascenso, por parte del Poder Ejecutivo, en contestar las preguntas, pero con un pico interesante de 2016 a 2017, ya que anteriormente el crecimiento era paulatino.
Observamos que, en los últimos años, la capacidad y la voluntad del Poder Ejecutivo del GCBA de contestar pedidos de informes han ido creciendo sostenidamente. En lo que respecta a la gestión actual, la cantidad de pedidos osciló entre los 202 y los 268, y el índice de respuesta, entre el 66 y 80 por ciento. En estos últimos dos años se vivió una elección intermedia, que podría o no explicar la baja en la producción de pedidos, y un cambio de gestión y por ende de funcionarios y empleados, que podría, a la vez, explicar o no el mejoramiento en la tasa de respuesta. Por ende, se ve una rendición de cuentas horizontal que va formando parte de la agenda de gobierno.
Además, se consolidaron alertas y avances administrativos hacia las áreas implicadas respecto al cumplimiento para con el Poder Legislativo por parte del Ministerio de Gobierno.
Analizando el contenido de los pedidos de informes aprobados los últimos años encontramos diferentes aristas. Podemos ver que algunos pueden tener desde una o dos preguntas hasta más de veinte. Desde el punto de vista de complejidad, pueden verse preguntas concretas o de detalle minucioso. Desde datos específicos hasta comparativos de diferentes años. Y sobre todo, de contenido político coyuntural como de agenda de trabajo de cada fuerza política. En síntesis, la variedad de cada uno es notoria; se encuentran algunos concretos y cortos, amplios y minuciosos o que mezclan las variables mencionadas.
A esto podemos sumarle que en muchos casos tiene que intervenir más de un área competente dentro de un ministerio o secretaría, como también compartir más de un ministerio la participación en la respuesta.
Luego de todo este proceso, los interesados tendrán que analizar la calidad, el tiempo y por sobre todo la utilidad de los informes.
El autor es director de Asuntos Legislativos, Ministerio de Gobierno porteño. Agradece la colaboración de Martín Pérez (DGALE-CABA).