Descontrol en el río: ¿son legales las fiestas en yates?

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Si se puede tender algún hilo conductor entre la tragedia del Submarino ARA San Juan y la muerte de David Peña, el joven que se tiró desde el barco de pasajeros "Libertad", es lo misterioso que resulta para la población en general todo aquello que refiere a la actividad pública y privada en el mar y los ríos nacionales.

En primer lugar, hay que aclarar que la Argentina tiene una única autoridad marítima y fluvial, la Prefectura Naval Argentina (PNA). La Prefectura es una de las cuatro fuerzas de seguridad federales que, a diferencia de la Gendarmería, la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria, tiene la potestad de dictar "Ordenanzas Marítimas" que regulan las condiciones de tránsito para los distintos tipos de buques que surcan nuestras aguas. Además, la Prefectura establece las normas técnicas para la habilitación de embarcaciones, está a cargo del control y la habilitación del personal embarcado de la Marina Mercante, la deportiva y la pesquera, y toda otra cuestión que tenga que ver con la seguridad de la navegación.

En uso de esas facultades, la PNA era la responsable de velar por las condiciones en las que el buque de pasajeros "Libertad" ejercía su actividad en las aguas del Río de la Plata. En ese sentido, fuentes de la Prefectura confirmaron a Infobae que la nave contaba con todos sus certificados y habilitaciones en orden, que la cantidad de pasajeros era inferior a la máxima permitida, que los elementos de seguridad estaban en orden y que la tripulación estaba perfectamente habilitada para este tipo de tráfico fluvial. Por otra parte los marinos superaron exitosamente el control de alcoholemia realizado y el personal de drogas peligrosas de la Policía no encontró rastros de estupefacientes en las instalaciones de la nave.

Por otra parte, todo parece indicar que la investigación judicial concuerda con que el capitán del buque realizó los procedimientos de rigor para los casos de "hombre al agua", y de hecho, el "Libertad" fue liberado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación, y ya está en condiciones de volver a operar.

Dicho esto, resulta insoslayable remarcar que en los últimos años, el uso de este tipo de embarcaciones dedicadas a la celebración de eventos sociales, familiares o empresarios, ha ido mutando y transformando a estas naves en verdaderas discotecas flotantes.

Al margen del caso del Libertad, en los últimos años se ha notado un increíble incremento de embarcaciones privadas recreativas (lanchas y yates) que se reúnen en puntos determinados del delta bonaerense para realizar todo tipo de eventos. Si bien el incremento de controles por parte de la PNA los ha acotado, a tal punto que comienza a notarse un paulatino declive, la autoridad marítima tiene como límite el no poder ir más allá de la verificación del cumplimiento de la normativa náutica vigente.

En este marco, y tras el hecho ocurrido en el "Libertad", la Prefectura reiteró que la ingesta de alcohol por parte de los tripulantes marítimos o fluviales está totalmente prohibida y el marino que infringe esta norma y es detectado se enfrenta a sanciones que van desde suspensiones en su habilitación para ejercer su cargo a bordo hasta la baja definitiva del registro del personal navegante.

También se realizan controles sobre la existencia de sustancias prohibidas, pero una vez que la embarcación suelta amarras, todo queda bajo la responsabilidad del capitán del buque que oficia como representante de la autoridad pública. No obstante, el capitán podrá ejercer este carácter solo en el caso que alguna actitud de sus pasajeros comprometan la seguridad de la nave, lo que evidentemente deja fuera de su autoridad el controlar el nivel de ingesta de alcohol por parte de los pasajeros.

"También es una realidad que la cantidad de tripulantes que la reglamentación exige para este tipo de naves, no supera las cuatro personas, algo que torna muy difícil el posible manejo de más de 150 jóvenes exaltados", aseguró a Infobae un miembro del Sindicato Obreros Marítimos Unidos.

El agua, "tierra" de nadie

Al decir de los peritos navales consultados, el "descontrol" en el río viene de la mano del incremento de exigencias que distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales han impuesto a los establecimientos nocturnos.

Tal vez el caso más emblemático del aprovechamiento del vacío legal en la materia sea la instalación del primer "buque casino" en el sector sur del puerto metropolitano. El propio Jefe de Gobierno de la época – Fernando De la Rúa- se apersonó a la nave para clausurarla no pudiendo hacerlo porque técnicamente la nave a flote está fuera de los límites de la Ciudad ya que las aguas del Río de la Plata son federales.

En ese sentido, vale la pena destacar que, más allá de la PNA, el transporte marítimo y fluvial del país tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Transportes a través de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante y específicamente por intermedio de la Dirección Nacional de Transporte Marítimo y Fluvial.

Justamente por eso, los expertos consultados por Infobae concuerdan en señalar que la desafortunada muerte de Peña debería constituir un caso a partir del cual las autoridades políticas impulsen algún tipo de regulación adicional a la dispuesta por PNA para tomar el control de la situación.

"Tanto la provincia de Buenos Aires como la Subsecretaria de Transporte sostienen que no tienen injerencia en el tema de la habilitación de este tipo de barcos, lo que supone un grosero error por parte de los funcionarios responsables. Una cosa es la habilitación técnica de la nave y otra es la autorización para un uso comercial determinado, en este punto tanto el municipio, la provincia y la nación tienen responsabilidad insoslayable", aseguró a Infobae un importante empresario naviero del país.