Cánticos contra Macri: ¿discriminación o libertad de expresión?

En el marco de los recientes y reiterados hechos sucedidos en nuestras canchas de fútbol, se encuentra en debate una consulta realizada por el Sindicato de Árbitros (Sadra) para contemplar la posibilidad de suspender los partidos de fútbol por los cánticos insultantes contra el Presidente de la República.

Nadie puede obviar que nuestro primer mandatario es un hombre que pasó por el mundo del fútbol y desde allí construyó su carrera política. Por lo tanto, sabe y entiende lo que es la pasión en un estadio, y de la "sensibilidad" de las hinchadas cuando siente que su equipo es perjudicado por los arbitrajes, por las decisiones de las instituciones que rigen ese deporte o cuando simplemente contemplan cómo alguno de sus rivales marcha mejor en la tabla de posiciones.

Estas expresiones y reacciones son parte de lo que se denomina "folclore del fútbol" y pueden responder también a otros factores como los sociales o políticos. La respuesta, sin negar la investidura presidencial y el respeto que se le debe tener, no debería transitar por el camino de la suspensión de un partido de fútbol bajo los argumentos de discriminación hacia el Presidente, ya que sería un error jurídico y conceptual importante.

En primer término, debemos enmarcar qué es una expresión discriminatoria. Así, en los estadios argentinos pueden escucharse, domingo tras domingo, cantos hostiles hacia determinadas comunidades, religiones o nacionalidades; donde puede haber elementos que hacen alusión a actitudes con inequívocas referencias discriminatorias. En tal sentido, la ley 23592 establece: "A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos".

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la  Xenofobia y el Racismo (Inadi) tiene dentro de su esfera de trabajo el Observatorio de la Discriminación en el Deporte (ODD), un área destinada a prevenir y analizar situaciones discriminatorias que se puedan presentar en el ámbito del deporte argentino, cuyo objetivo primordial es "promover el respeto y el reconocimiento de la diversidad", según reza su página web.

En ese sentido, debemos reafirmar que los cánticos contra el Presidente constituyen una expresión ofensiva hacia su persona, pero que no es más ni menos que una crítica dentro de un escenario deportivo y no configuran un acto discriminatorio dentro de los parámetros de la legislación vigente. En ese marco, la idea de una suspensión de los partidos significa, desde mi punto de vista, coartar la libertad de expresión, porque los cánticos suponen la expresión de un grupo de simpatizantes que protestan frente a determinadas cuestiones, sin afectar los derechos de otras personas o grupo alguno.

John Stuart Mill afirmaba: "La libertad de expresión es la libertad de las libertades" y ese pensamiento fue el fundamento del fallo "Texas vs. Johnson", donde una persona, Gregory Lee Johnson, quemó una bandera de los Estado Unidos y, con base en la Primera Enmienda, se lo absolvió. Los jueces privilegiaron la libertad de expresarse, ya que se consideró que mediante ese acto el acusado exteriorizaba una idea política, una crítica, pero que bajo ningún aspecto se lo podía castigar. Expresó el jurado: "No preservamos a la bandera castigando a quienes la ofenden, porque en ese caso estaremos vulnerando la libertad que ella representa".

En definitiva, en este caso no hay manifestación que configure por parte de las hinchadas en sus cánticos discriminación alguna, esto se encuadra dentro del folclore de nuestro fútbol, donde bien se representan la ironía, la rebeldía, el desafío y el humor instantáneo del argentino. Por todo esto, sería un error castigar, se trata solo de dejar expresarse, y como muchas cosas en este país, seguramente pasará de moda y volveremos a discutir las cosas esenciales y fundamentales que hacen a los verdaderos cambios que necesita la república.

El autor es profesor de Derecho Constitucional (UBA), profesor de Derechos Humanos (UP). Miembro Asociado NY State Bar Association.