Precios de los combustibles: de la regulación a la liberalización

En enero de 2002 se sancionó la ley nº 25561 de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario que declaraba la emergencia en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Esta ley creó los derechos a la exportación de ciertos hidrocarburos por el término de cinco años y facultó al Poder Ejecutivo Nacional para establecer la alícuota correspondiente, quien la fijó en 20 por ciento.

En mayo de 2004, el Ministerio de Economía y Producción, mediante resolución 337, elevó a 25% el derecho de exportación al aceite crudo de petróleo. En agosto, dado que el precio internacional del petróleo había aumentado considerablemente, la resolución 532 fijó un sistema de retenciones móviles con un valor máximo de 45% si el precio del barril superaba los 45 dólares. La medida buscaba "desvincular a la economía local de las perturbaciones externas, para aislar al consumidor de dichas fluctuaciones y atenuar su impacto sobre el nivel de actividad, el empleo y los precios internos". La resolución alegaba que el Estado nacional debía captar las rentas extraordinarias del sector y que, aun después de deducidos los derechos de exportación, la rentabilidad del sector era adecuada para atraer las inversiones que requería. En ese entonces, el precio internacional del barril oscilaba entre 32 y 56 dólares.

El precio del barril continuó su sendero ascendente y en 2007 la resolución 394 del Ministerio de Economía y Producción estableció un precio interno máximo de 42 dólares cuando el precio del crudo superara los 60,9 dólares, nuevamente para proteger al consumidor. Estableció una alícuota fija de 45% si el precio internacional del petróleo se encontraba por debajo de 60,9 dólares y móvil cuando fuese igual o superior a dicho valor. En 2007, el precio internacional del barril fluctuó entre 50 y 97 dólares.

En enero de 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de la resolución 1, fijó en 70 dólares el valor interno del barril, mientras que el precio internacional rondaba los 100 dólares.

Pero en 2014, el precio del barril comenzó a descender rápidamente, al pasar de 102 dólares en enero a 60 dólares en diciembre. El Gobierno cambió drásticamente su política y comenzó una etapa dirigida a proteger a las empresas. Fijó un precio sostén por el cual las empresas dedicadas a la refinación tenían que pagar por cada barril adquirido a las empresas productoras un precio superior al vigente a nivel internacional para incentivar la actividad, el empleo, las inversiones de la etapa primaria de producción y los ingresos provinciales. Estableció el precio interno del barril en 77 dólares, cuando el precio internacional había bajado a 62 dólares (con retenciones de 10% a 13% según el precio internacional del barril).

En enero de 2017, después de 15 años, la nueva administración dejó sin efecto las retenciones a los hidrocarburos. El Ministro de Energía firmó con las empresas del sector un acuerdo para que los precios internos convergieran a los precios internacionales. El acuerdo fijaba los precios de referencia para 2017 y proponía una revisión trimestral basada en el precio internacional del barril de petróleo y el tipo de cambio. Asimismo, estipulaba que si el precio internacional del barril de petróleo crudo Brent superaba durante más de 10 días consecutivos el valor de referencia previsto para el petróleo crudo local con menos un dólar-barril, esto es 54 dólares por barril, entonces quedaban suspendidos los compromisos del acuerdo a partir del mes calendario posterior. Esta condición se cumplió el 13 de septiembre de 2017, con lo que el acuerdo quedó sin efecto a partir del 1º de octubre de 2017. La suspensión del acuerdo supuso la liberalización de los precios de los combustibles, lo que elimina su revisión trimestral.

Al momento de la liberalización, el tipo de cambio estaba en 17,70 pesos y el barril de petróleo de referencia, en 56 dólares. Desde entonces, tanto el tipo de cambio como el barril de petróleo iniciaron un sendero creciente. Entre octubre y los primeros días de febrero, el tipo de cambio aumentó 15,5% y el barril de petróleo 14 por ciento. Sin embargo, los precios de los combustibles han aumentado 24% desde su liberalización y 8% en lo que va de 2018.

En síntesis, se pasó de un esquema de regulación de precios de los combustibles —que primero buscaba proteger a los consumidores y fomentar el consumo fijando a nivel local un precio más bajo y que luego pretendía resguardar a las petroleras, estableciendo un precio sostén— a uno de liberalización de precios. Una liberalización que implica que las empresas modifiquen los precios de los combustibles sin necesidad de autorización oficial.

El autor es economista.