La pegunta que debería subyacer en la apreciación de la calidad de un gobierno es el entendimiento de cuál es su objetivo trascendental. Puede haber distintas concepciones, pero aquí va mi respuesta, por supuesto subjetiva, como todo lo que sigue: lograr el mayor nivel de prosperidad para los ciudadanos sin comprometer el futuro (recursos naturales, capital humano, medioambiente).

La prosperidad debería incluir a todos los habitantes; de otra manera representaría solo los intereses de algunos sectores. Esto nos lleva a la idea de lograr una adecuada distribución de la riqueza. Obviamente, para distribuirla hay que primero crearla. Hay sobrados ejemplos de procesos político-económicos que pretendieron distribuirla espasmódicamente y que atrasaron el crecimiento.

Está comprobado que los países que son competitivos brindan a su gente una mayor prosperidad.

Prosperidad se interpreta en términos de ideología o de comparación con países más desarrollados. Para la Argentina, país de ingresos comparativamente medios, progresar implica minimizar la mortalidad materna e infantil, las enfermedades infecciosas, las carencias en la nutrición infantil y maximizar las posibilidades de acceso al agua corriente, a instalaciones sanitarias, a la vivienda y a la energía. En cuanto a la seguridad, una baja tasa de crímenes violentos o muertes por accidentes. Además, lograr una alta alfabetización y acceso para la mayor cantidad de gente posible a los distintos niveles de la educación, conseguir bajos niveles de consumo de sustancias tóxicas y tener una buena calidad en el medioambiente.

Para lograr todo esto y algunos aspectos adicionales que cada uno pueda agregar, es imprescindible generar crecimiento económico creciente y sostenible en el tiempo. Para ello tenemos que, de la misma manera, ganar productividad y competitividad, fundamentalmente en las manufacturas y los servicios.

Está comprobado que los países que son competitivos brindan a su gente una mayor prosperidad. Todo lo dicho se torna imperativo en un mundo que está entrando en tiempos de cambios disruptivos que van a alterar significativamente la forma de hacer negocios. Esto es una gran amenaza, así como una gran oportunidad.

A la luz de nuestra experiencia histórica y las limitaciones que nos presenta el panorama actual, el esfuerzo parece, y es, muy grande. Esfuerzo que no será posible sin un compromiso de los líderes del ámbito de la política, del trabajo, de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos.

¿Qué tenemos que tener como país para ser competitivos? Tenemos que poder crear y mantener en el tiempo las condiciones para que nuestras empresas y los emprendedores, que crearán las futuras empresas, logren desarrollarse, exportar, defenderse contra las importaciones que nos vienen del exterior sin cerrar arbitrariamente las fronteras, generar utilidades, inversión, empleo e innovación. Las empresas son un elemento clave en el progreso. En ese sentido, nuestra tendencia al estatismo no ayuda al desarrollo de la iniciativa privada.

El Estado, como órgano al cual los ciudadanos delegan la tarea de organizar, arbitrar y obligar, determina las reglas del juego, genera las condiciones para la inversión, propende a una economía sana y establece condiciones tributarias justas y adecuadas. También toma para sí la provisión de bienes públicos: defensa, educación básica, Justicia, sistemas de protección social, defensa de la competencia y lucha contra la corrupción, entre los más importantes. Debe entenderse que se puede tener un Estado más grande o más pequeño con tal que haga bien su trabajo, incluyendo los requisitos para generar competitividad.

​Las empresas, cualquiera sea su tamaño, son las que generan la riqueza, se movilizan por el fin de lucro, crean empleo, desarrollan capacidades e incorporan innovación y tecnología. Todo con el objetivo de incrementar sus niveles de competencia en el mercado, satisfacer de una mejor manera a los consumidores, ganar mercados y apuntar a ser sustentables en el largo plazo. Cuando buscan ganancias monopólicas y un país poco abierto a la competencia, conspiran contra la competitividad.

Una actitud sindical pro productividad, como debería ser la de las empresas, es clave en la remoción de barreras que suelen conspirar contra la competitividad.

La sociedad civil, como principal interesada en la materialización de la prosperidad, debe cumplir sus obligaciones y exigir que los agentes que administran el Estado las cumplan y rindan cuentas. En nuestro país, a diferencia de lo que sucede en muchos otros, el sindicalismo mantiene un papel muy activo en el diseño de algunas de las políticas que afectan a la competitividad, fundamentalmente en lo relativo a salarios y condiciones de trabajo. Una actitud sindical pro productividad, como debería ser la de las empresas, es clave en la remoción de barreras que suelen conspirar contra la competitividad.

Es un hecho en nuestro devenir que la priorización de los intereses sectoriales conspiró contra los del conjunto. Ya es hora de pasar de nuestra eternizada lucha por la distribución del ingreso a una nueva etapa de consensos colaborativos en donde ciertos sectores deberán ceder porciones de sus entendibles intereses particulares para pasar a una construcción que genere prosperidad para la mayor cantidad de gente sin comprometer el futuro: ¡de eso se trata!

El autor es director de la Unidad de Competitividad de Abeceb.