¿Reformas o ajustes forzados?

Desde la semana en que se anunció que la tasa de interés para las Letras del Banco Central volvía a bajar 0,75% y se situaba en 27,25%; el dólar comenzó una nueva serie de incrementos que lo depositan como hasta hoy en el orden de los 19,80-19,90 pesos; sabiendo que está muy comprometido el nivel de gasto público, que alcanza el 45% de los ingresos del presupuesto nacional, la administración nacional surgió con un par de medidas de dudosa realización.

Permitir que los dólares sean adquiridos en lugares que no están previstos para su comercialización, como supermercados, kioscos y agencias de remises. Y anunciar la disminución del gasto público de la gestión actual eliminando algunos de los cargos que crearon desde su acceso al gobierno.

Con referencia a estos puntos podemos decir que los lugares establecidos originalmente para la compra-venta son los bancos y las casas de cambio, quienes no solo poseen una estructura de seguridad apropiada para contener esa actividad, sino un patrimonio que los respalda. Para acceder a ser una casa de cambio hoy se necesita un patrimonio de cinco millones de pesos, de acuerdo con lo establecido por el Banco Central, y personal de seguridad para reducir al mínimo los riesgos de inseguridad que hoy, y según lo dicho hace una semana por el gobierno local, viene aumentando en los últimos meses del año pasado a la fecha. Sabiendo que la ganancia que hacen las casas de cambio es la diferencia entre la compra y la venta de moneda extranjera, si un kiosco vende la suma de mil dólares, su ganancia será de 500 pesos poseyendo un efectivo líquido. Pasa a convertirse en una potencial víctima de la inseguridad.

Los recortes del 25% de los cargos políticos, el congelamiento de salarios y el impedimento a firmarse para que ningún ministro pueda tener familiares en el Estado nacional son una señal, en forma conjunta con la reforma previsional, de que la administración tiene problemas de liquidez en sus organismos y sus cajas. Lo llamativo es que recién ahora toma nota del tema del nepotismo estatal que nunca cesó y por el cual toda la población está aunada solicitando la renuncia del ministro de Trabajo por notarlo de falta de ética en sus funciones.

En cuanto a la eliminación del 25% de los cargos políticos, ello no debería realizarse si la actual administración no hubiera aumentado los ministerios de 15 que había al 10 de diciembre de 2015 a los 22 que hay en la actualidad, y solo se hubiera puesto los pantalones largos y corrido a los funcionarios de la anterior administración que se atornillaron a sus sillones y hoy siguen en sus cargos. Mientras que el congelamiento de salarios de funcionarios debería ser más específico, porque en el convenio colectivo de trabajo se establece que son funcionarios todos aquellos que trabajan como mínimo ocho horas diarias. Si tomamos en serio el anuncio del próximo decreto, podría suponerse que no habría paritaria para el personal de la APN durante 2018, aunque ello se resolvería con la disminución de los salarios de los cargos extraescalafonarios a los niveles de director general, que se encuentra en el orden de los cien mil pesos mensuales.

Como siempre, para justificar todo tipo de recorte, el Presidente usa como ardid para demostrar la posición a adoptar la gran cantidad de inversiones que consiguió en su última gira, por la cual hay muchos interesados en extracción de uranio y litio, sin tomar conciencia de que los recursos del subsuelo son propiedad de las provincias por su existencia anterior a la nación. Así lo establece la Constitución Nacional de 1853, y el resto de las inversiones son empresas ya radicadas en el país hace larga data como: L'Oréal, Sanofi y Asltom, por lo que a la vista de la lluvia de inversiones del 2016 podríamos determinar que en realidad no existen empresas que quieran invertir a la fecha.

El autor es economista, docente de la UBA, especialista en tributación.