La reconciliación como sinónimo de impunidad

La disputa por el sentido se ejerce desde el más alto poder del Estado: la reforma para la “diversidad” del Museo fue firmada en un decreto por el presidente Mauricio Macri

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Hace no mucho tiempo, durante los meses de abril y julio de 1994, se produjo en Ruanda, en el continente africano, uno de los mayores genocidios de la historia: entre 750 mil miembros de la etnia tutsi y miembros moderados de los hutus fueron asesinados por el gobierno dirigido por extremistas hutus. El 75% de la población tutsi fue eliminado, principalmente con machetes y con el apoyo de sacerdotes católicos y otras religiones cristianas. El horror (¿pero cómo medir el horror?) de las torturas, las violaciones y los asesinatos en masa es indescriptible. El genocidio ruandés contó con la colaboración activa de varias naciones centrales y del Consejo de Seguridad de la ONU o, por lo menos, con su ocultamiento.

Veinte años después, la mayor parte de sus responsables estatales y eclesiales estaba en libertad, a pesar del Tribunal Penal Internacional instaurado por la ONU. Y el gobierno decidió llevar adelante una política de reconciliación. En unas famosas fotos tomadas en 2014 y que se pueden observar aquí, las víctimas dan cuenta del perdón concedido a los victimarios. Sin embargo, en los rostros de los sobrevivientes y de los asesinos se comprueba la futilidad de ese perdón. El Estado ruandés decidió una política de reconciliación basada en la no prosecución de la Justicia, en el olvido de la masacre genocida, en el perdón. En cada gesto de los retratados se puede observar el fracaso de esa política.

La Argentina es una nación en la que el genocidio perpetrado por la dictadura militar no minó, sino que, por el contrario, potenció la lucha por las libertades democráticas. La dictadura que había comenzado con Rafael Videla en 1976 y finalizado con Reynaldo Bignone en 1983, y que construyó campos de exterminio de un horror (¿pero cómo medir el horror?) indecible en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), Campo de Mayo y decenas de unidades de tortura, muerte y desaparición más en todo el país cayó, por la fuerza de la movilización obrera y popular luego de la guerra de Malvinas y por la denodada denuncia de los crímenes cometidos por sus gobernantes.

Tan solo dos años después de su caída se llevó al banquillo de los acusados a los responsables del proceso y se condenó a prisión a los comandantes. El camino de la Justicia fue impedido por los levantamientos militares para que Raúl Alfonsín firmara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y que luego el presidente Menem dictara los indultos. El lema durante todos esos años del movimiento por las libertades democráticas fue: "Ni olvido, ni perdón". La derogación de las leyes de la impunidad fue un triunfo del movimiento popular. La Justicia comenzó los juicios, pero se puede afirmar que la mayoría de los responsables de las 30 mil desapariciones en el país no fueron juzgados, se les dio prisión domiciliaria o murieron en sus casas sin dar cuenta de sus crímenes ante los estrados. Esta es una política que el gobierno macrista quiere institucionalizar mediante un proceso de reconciliación.

Así lo señaló el jefe de la bancada de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot. Sin embargo, se trata de una política de Estado que ya se está implementando. El Museo Histórico de la Casa Rosada incorporó elementos personales del dictador Pedro Eugenio Aramburu, responsable del golpe que derrocó a Juan Perón en 1955, y de los dictadores Videla, Bignone y Galtieri, llamándolos "presidentes" y sin mencionar su papel en la dictadura de 1976. La disputa por el sentido se ejerce desde el más alto poder del Estado: la reforma para la "diversidad" del Museo fue firmada en un decreto por el presidente Mauricio Macri.

Quedan todavía centenares de hijos de desaparecidos que están en manos de apropiadores o de los que no se sabe su destino, quedan militares torturadores que aún no fueron juzgados y condenados. Quedan miles de víctimas de la desaparición, la muerte y el exilio que no fueron reparadas, ni sus familias, por un acto de justicia. La reconciliación luego de situaciones como la última dictadura condena a las sociedades al olvido, la desmemoria y la derrota de las libertades democráticas, es decir, la impunidad. Por eso salieron centenares de miles de manifestantes a las calles cuando la Corte Suprema amenazó con liberar a bestias infrahumanas como el torturador Alfredo Astiz, entre otros, y tuvo que retroceder con esa pretensión. Es que el lema: "Ni olvido, ni perdón" sigue vigente.