La implementación de la Red SUBE, el sistema integrado de tarifas con el que ha de contar el sistema de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), introduce un cambio estructural que pone fin a una problemática que se vino arrastrando durante décadas.

Con su mancha urbana de casi 2500 kilómetros cuadrados, donde conviven más de 15 millones de habitantes, el 35% de la población del país, y se genera casi la mitad del producto bruto nacional, en el interior del AMBA tienen lugar alrededor de 15 millones de viajes diarios en transporte público. Son viajes imprescindibles, cuyo principal motivo es el laboral y luego el estudio, la salud, la cultura y las razones sociales.

Desde hace décadas el AMBA vino experimentando un crecimiento anárquico y caótico, de la misma manera que sus distintas redes de servicios públicos. Pese a ser una megalópolis que constituye el principal polo económico y cultural del país, no ha contado con una planificación acorde para la radicación de las distintas actividades que tienen lugar en ella. Esto llevó a que sus habitantes deban realizar diariamente viajes extensos hacia y desde sus distintas ocupaciones, y también en el caso de aquellos que tienen fines recreativos. Como cuestión colateral, también conllevó que muchos de esos viajes se realizaran en vehículo particular, lo que contribuye a la congestión del tránsito.

En ese marco, la instauración de un sistema integrado de tarifas era imprescindible, por diversos motivos. En primer lugar, porque posibilita el planteo de una política tarifaria más equitativa para aquellos que más utilizan los servicios de transporte público. En segundo lugar, porque permite beneficiar aún más a los sectores más vulnerables, al potenciar los efectos de la tarifa social. Y, por último, porque debidamente complementado con otras medidas posibilita que se induzca un mayor uso del transporte público en detrimento de los medios de transporte privado.

Para quienes hacen más de un viaje y sobre todo para quienes viajan desde y hacia el Conurbano, el descuento del 50% para la primera combinación y del 75% a partir de la segunda dentro de un lapso razonable (dos horas entre el pago del primero y del último boleto) compensa en parte las desventajas que deben afrontar por verse obligados a vivir en las áreas marginales, lejos de donde se localizan sus obligaciones.

Como los beneficios de la Red SUBE se acumulan con los de la tarifa social, que ya implica un descuento de 55% en las tarifas que abonan jubilados y pensionados, personal doméstico, beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH) y de otros beneficios y asistencias sociales, conlleva una profundización en el nivel de subsidio percibido por estos sectores, que suman 3,8 millones de beneficiarios, aproximadamente.

Por otra parte, si el abaratamiento de los viajes que requieren mayores transbordos, que en general se corresponden con los más extensos, va acompañado de otras medidas de desaliento al uso de los medios de transporte privado, el sistema integrado de tarifas contribuirá a que parte de los actuales usuarios de esos medios se vean inducidos a sustituirlos por el transporte público, con los consiguientes beneficios en términos de congestión y polución.

Por último, más allá de la decisión política de implementar el sistema integrado de tarifas, este ha sido posible por la existencia previa de la tarjeta SUBE, el primer instrumento que se desarrolló para modernizar el caduco sistema del boleto físico, vigente hasta no hace muchos años.

El autor es especialista de la Fundación Metropolitana. Ex director nacional de Planificación y Coordinación del Transporte.