En sintonía con el proceso de reformas y acuerdos que ha puesto en marcha el Gobierno de Mauricio Macri, fundamentalmente en el plano económico, inicia la segunda etapa de su mandato con la necesidad de comenzar a resolver la situación de conflictividad persistente que se padece en las calles y las rutas del país. Este fenómeno de los cortes sistemáticos en la vía pública constituye una singularidad negativa de nuestro país, al dejar en evidencia de manera palmaria el fracaso del Estado en una de sus prerrogativas esenciales, como lo es garantizar el orden público y la libre circulación de sus ciudadanos. Y pone en entredicho la declamada intención gubernamental de mostrar que el país va hacia la normalidad.

Es cierto que, como ocurre con otras cuestiones estructurales que obstaculizan las posibilidades de desarrollo de nuestro país, la pretensión de que se puede resolver de manera simple y expeditiva un problema del nivel de complejidad de los piquetes no sería realista. La apuesta al gradualismo también aquí podría ser acertada. Pero es un hecho que, sobre todo a partir del claro triunfo electoral de medio término, ya no subsisten los principales condicionantes que pudieron haber desalentado una acción firme al respecto, fundamentalmente las dudas de gobernabilidad que pesaban sobre un gobierno no peronista.

Por el contrario, para un oficialismo que parece tener allanado el camino hacia un ciclo de varios años de gobierno, constituye un mandato dar señales convincentes de que puede llevar adelante una política razonable de orden público, aun pagando costos en el corto plazo ante una opinión pública tan proclive a fluctuar en sus posiciones. Justamente, la relevancia pública del problema en la actualidad se ve en parte reflejada desde la percepción ciudadana, como revela una encuesta reciente de D'Alessio y Berensztein que sostiene que una mayor firmeza ante los piquetes está entre los principales reclamos que se le hacen al Gobierno.

Pero son sobre todo las cifras las que acercan a una real dimensión de la magnitud de la problemática. El último informe de Diagnóstico Político muestra que si bien hubo una disminución en la cantidad total de cortes registrados en 2017 (5.221 casos) en relación con los cinco años precedentes, el que pasó fue el sexto año consecutivo en que se superó el número de cinco mil piquetes en la Argentina. Si se consideran los últimos 9 años, la cantidad total de cortes llega a la inconcebible cifra de casi 45 mil casos.

A su vez, los dos factores que en 2017 caracterizaron la dinámica de los piquetes fueron una mayor politización y un aumento de la violencia, lo que constituye un agravante por cuanto exterioriza síntomas claros de degradación institucional. La creciente politización es un proceso que se viene registrando desde el inicio del Gobierno de Cambiemos, y se explica en buena medida a partir de la actitud de organizaciones afines al kirchnerismo que, por razones obvias, hasta 2015 no fomentaban la protesta callejera. En este sentido, la realización de cortes de calle llevados a cabo por gremios estatales, organizaciones sociales y agrupaciones político-partidarias ha ganado participación y representa en torno al 70% del total, al tiempo que se redujo la cantidad de cortes espontáneos (mayormente vecinos autoconvocados, que representaron el 15% en 2017).

En lo referente a la violencia en las calles, esta se puso de manifiesto fuertemente en la segunda parte del año, sobre todo a partir de los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que dieron lugar a múltiples manifestaciones, cortes y destrozos tanto en las provincias patagónicas como en Buenos Aires. Recientemente, ante el tratamiento de la reforma previsional en el Congreso, donde grupos radicalizados en connivencia con algunos sectores políticos llevaron a cabo incidentes de una gravedad inusitada.

Dos lógicas temporales para resolver la problemática

Ante este cuadro de situación, resulta claro que los piquetes representan desde hace tiempo una práctica extendida y naturalizada por distintos sectores de la población, e incluso por actores políticos que la promueven. Un reclamo sindical de empleados con altos salarios, una interna partidaria a dirimir, una protesta estudiantil o bien un corte de luz en barrios de clase media alta, se constituyeron todas en razones legítimas para cortar y transformar en caos las calles, lo que perjudica a otros ciudadanos. Se ha consolidado lo que puede denominarse una "cultura del piquete", que evidentemente no es un fenómeno aislado, sino una manifestación más de la anomia argentina y de la ausencia del Estado.

Por lo tanto, resulta imprescindible abordar el problema desde esa complejidad, con una mirada integral. Esto, por un lado, implica atender las cuestiones y las falencias estructurales que resultan en factores detonantes de la conflictividad en las calles (pobreza, exclusión), para lo que son indispensables políticas de mediano y largo plazo, sobre todo en materia de educación y desarrollo económico, que paulatinamente vayan recomponiendo el tejido social. Es decir, reducir las condiciones objetivas que explican una parte del fenómeno.

En simultáneo, pero en lo inmediato, debe sistematizarse una política de acción preventiva y ordenadora de los conflictos en la vía pública. Esto supone la intervención de los gobiernos en sus distintos niveles según corresponda (nacional, provinciales) para dar la respuesta adecuada ante las disímiles situaciones y variadas formas que adoptan los cortes, bajo la premisa de que debe primar ante todo el respeto a la ley y el derecho de todo ciudadano a transitar libremente. Para ello será condición necesaria que las fuerzas de seguridad se desempeñen con criterio en el marco de sus protocolos de actuación, y que el Poder Judicial empiece a tener una participación responsable.

Un enfoque que armonice estas dos lógicas, del corto y del largo plazo, permitirá disminuir la conflictividad en las calles y comenzar a desarraigar la cultura piquetera. Y constituirá un paso ineludible para restaurar el Estado de derecho y reinsertar a la Argentina en las vías de un desarrollo posible.

El autor es politólogo, analista jefe en Diagnóstico Político.