La política está haciendo su parte

Guillermo Castello

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Muchas son las cosas que estamos viviendo hoy y que parecían inimaginables poco tiempo atrás. Sin ir más lejos, en estos días podemos ver en nuestra provincia cómo la política ha decidido aplicarse un ajuste y dar el ejemplo mediante dos avances institucionales fundamentales como lo son la eliminación de las jubilaciones de privilegio y la exigencia de que todos los funcionarios públicos bonaerenses presenten declaraciones juradas patrimoniales, dos demandas sociales reclamadas desde hace décadas.

Para comprender la magnitud de estos cambios vale la pena destacar algunos de sus aspectos. Hasta ahora los legisladores provinciales, tanto diputados como senadores, podían jubilarse con 55 años de edad, 30 de servicios y un 82% móvil de la remuneración que percibían, mientras que los gobernadores y ex gobernadores podían jubilarse con 55 años de edad, sin mínimo de servicios y también con el 82% móvil. A partir de la entrada en vigencia de la ley que aprobamos pocos días atrás los gobernadores, los ex gobernadores y los legisladores serán regidos por el mismo régimen jubilatorio general vigente para el personal de la administración pública, lo que significa que ahora deberán jubilarse con 60 años de edad, 35 de servicios y 70% de la remuneración.

Más contundente es el cambio respecto a la obligación de informar la situación y la evolución patrimoniales, cuestión en la que la normativa actual es anticuada, oscura e insuficiente, mientras que, con la ley recientemente aprobada, dicha obligación alcanzará a un gran conjunto de funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo y Legislativo y un sinnúmero de entidades extrapoderes (empresas estatales, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, entes reguladores, organizaciones receptoras de subsidios o aportes, funcionarios encargados de habilitar o controlar el ejercicio de cualquier actividad, entre muchos otros).

Para el Poder Judicial y los poderes municipales la ley será obligatoria solo si estos adhieren, lo cual descontamos que ocurrirá. Una gran novedad es que esta obligación se extiende ahora a los candidatos a cargos electivos provinciales.

Las declaraciones serán públicas y de libre acceso para la población, que las podrá consultar por internet. Deberán presentarse dentro de los 30 días de la asunción del cargo, renovarse anualmente y, en los casos de cargos con mandato, presentarse una última dentro de los 30 días del cese.

Todas estas reformas son estructurales y permanentes; no hay aquí maquillaje u oportunismo. Las jubilaciones de privilegio constituían una inaceptable violación al principio de igualdad ante la ley y restaban credibilidad a los dirigentes políticos en general, situaciones que no solo afectan la representatividad, sino que resienten la gobernabilidad en momentos en que resulta imperioso un reordenamiento institucional y económico que requiere decisiones políticas difíciles y a veces directamente impopulares. No es razonable ni ético, y quizás ni siquiera legítimo, que la dirigencia política pretenda de la sociedad un compromiso que ella misma no asume.

Por otro carril, el nuevo régimen de declaraciones patrimoniales, amplísimo, público, libre y gratuito, constituye una herramienta fundamental en el combate contra la corrupción desde un enfoque preventivo, al promoverse y facilitarse la vigilancia ciudadana y atacar la sensación previa de impunidad que pudiera sentir un funcionario.

Sin duda alguna estas leyes fortalecen el sistema republicano que adopta nuestra Constitución Nacional al robustecer algunos de sus principios como lo son el de igualdad ante la ley, la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno, y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

No está de más recordar que estas políticas se encuadran en un marco de reformas institucionales que comenzó por la limitación de la reelección indefinida de todos los cargos electivos provinciales, que estableció incompatibilidades de cargos, recortó el presupuesto de la legislatura provincial y también adoptó medidas de responsabilidad fiscal, por enumerar solamente algunas.

En un contexto tan auspicioso, y luego del fuerte cambio de aires que han hecho posibles reformas tan trascendentales, creemos que existen condiciones más que propicias para insistir con algunos de nuestros proyectos institucionales como la ley antinepotismo o la ley de fueros. La política está haciendo su parte y pretendemos contribuir a que así siga siendo.

El autor es diputado provincial por Cambiemos.