¿Seguiremos aplaudiendo los presos preventivos?: el camino de las mezquindades políticas y judiciales

En los últimos días, un sector de la Justicia Federal Penal de la ciudad de Buenos Aires no tuvo mejor idea para legitimarse ante la opinión pública que salir a enjaular personas inocentes (que en el Estado de Derecho lo son hasta que se demuestre lo contrario en un juicio oral y público que culmine en condena) -artículo 18 de la Constitución Nacional-.

El trágico recorrido ya había comenzado prematuramente hace más de un año y medio con algunas detenciones francamente ilícitas, pero en un sprint propio del tren fantasma, los juristas formados (que iban en los vagones del tren tomando fuertemente con sus manos las espaldas de los que iban delante), fueron alarmados testigos. Una serie pavorosa de jueces no dudaron en mostrar sus peores y más expresivas caras, luego de cada curva del trayecto del tren, generada por un Temaiken integrado por irresponsables embates mediáticos de diputadas raramente místicas y de recorridos sinuosos (si uno prescinde de los detalles), ministros con vocación cinematográfica y directores de oficinas anticorrupción sin titulo de abogado, a efectos de lanzar esas cacerías para autoprotegerse de la crítica.

Hemos visto abogados que se presentan como "constitucionalistas" y que no ven en la prisión preventiva una lesión al principio de inocencia.

Hay jueces que ven un riesgo en el poder residual que pueden tener quienes han perdido el poder principal, pero no le temen al poder principal que detentan aquellos imputados que han tenido mejor suerte electoral y por ello gozan de las mieles administrativas del poder real.

Hemos observado periodistas que no dudan en afirmar una falsedad (y repetirla hasta el cansancio), aun cuando si abrieran sus ojos se encontrarían con la prueba documental de que aquello que se difunde es escandalosamente falso. "No está el tiempo para darnos el lujo de admitir verdades socialmente antipáticas", parecen pensar.

Hemos asistido casi sin aliento al espectáculo de ver diputados y senadores que explican a la sociedad aquello que incluso para genios de la comunicación sería inexplicable: que si un juez pide el desafuero y la detención de una senadora, ello no prosperará en ese recinto hasta que la Senadora no sea condenada por sentencia firme, pero que si un juez, pidió lo mismo para algún diputado ello ha tenido buena acogida aun cuando no solo no haya condena, sino tampoco acusación fiscal, ni procesamiento, ni siquiera la propia y esencial declaración indagatoria, simplemente porque "una cosa es el Senado y otra Diputados". Los memoriosos recuerdan que en la querida Argentina en algún momento se hablaba de la igualdad ante la ley.

Hemos leído a avezados juristas que pretenden agregar más confusión o aprovecharse de la que ya está desparramada, defendiendo la prisión preventiva en casos de in fraganti delito. Cuando hasta la más desmovilizada ama de casa sabe que entre esos casos y los actuales no hay una mísera coincidencia.

¿Cómo hay que hacer para que TODOS, unos y otros, comprendan que lo que está sucediendo es gravísimo y debe ser corregido de manera inmediata?

Ni siquiera la más constante y transparente lucha contra la corrupción puede justificar que se avance con un pedido de desafuero contra un diputado con el argumento de que su rol parlamentario podría ser usado para obstaculizar la investigación cuando ese mismo diputado ya había presentado la renuncia irrevocable a la función de presidente de una de las comisiones que detentaba y un pedido de licencia en el propio rol de diputado.

Cada uno de los ciudadanos de este país debiera considerar como indignante que se encarcele en prisión preventiva a un diputado que una y otra vez, hasta el cansancio, había dado muestras de sometimiento al sistema judicial, con la infundada presunción de que obstaculizará la investigación cuando en el proceso no hay un sólo indicio de ello y en todo caso hay muestras de que, justamente, no ha sido a él, sino a un contrincante político a quien puede atribuirse un eventual faltante de documentación.

En algún momento habrá que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho "que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto (Caso Argüelles y otros vs. Argentina, 20/11/2014)". Genera impotencia ver cómo algún Juez Federal oportunista cita antecedentes desactualizados de la CIDH para "gambetear" a esta clara jurisprudencia.

Seguramente, todos nos acordaremos de estos antecedentes cuando se sepa, cuando el ciudadano sepa, cuando pueda confirmarlo la conductora de los almuerzos (o cenas) televisados, que en uno de los casos, por ejemplo, por los cuales está detenido el diputado Julio de Vido, relacionado con la importación de Gas Natural Licuado, la casi exclusiva prueba del pretendido sobreprecio reside en una "pericia" que ha copiado datos y texto de informes que circulan en Internet. El perito se ha valido en su "científica" tarea de un sitio como el conocido "Rincón del vago", que facilita la tarea a los estudiantes y de la copia de una tesina. Para colmo de males el perito ha creído que el precio de referencia se lo construye sumando los costos de extracción y traslado. Incluso a cualquier futbolista frustrado no se le escapa que semejante disparate no puede ser sostenido y que a ello le falta una enorme cantidad de variables que tienen que ver con lo que nos hemos acostumbrado en llamar "oferta y demanda". Unos y otros saben que ese desastre no puede prosperar, ¿por qué no lo dicen? El autor de esta nota casi se olvida de decir que el perito está imputado penalmente por su fraudulento comportamiento en el caso por haber cometido delitos contra la administración de justicia. La fiscal del caso ha requerido la investigación del hecho.

La prisión preventiva es una medida absolutamente excepcional, cuya utilización hay que fundar muy detenidamente. Los dislates cometidos en las últimas resoluciones judiciales han obligado a quienes tienen la responsabilidad de poner en funcionamiento un nuevo Código Procesal Penal a comenzar a estudiar cómo a través de alguna reforma puntual se puede evitar un tsunami de vergüenza institucional como el que atravesamos hoy. Sea lo que deparen los futuros judiciales de las imputaciones que los ex funcionarios y empresarios deban enfrentar, cada día que pasa es un día de castigo a un inocente, es un día de humillación de niveles desconocidos por periodistas y políticos con suerte electoral, es un día de vivir sin voz para responder, sin luz para ver, es un día más de emperoramiento de la salud, de perdida de fuerza vital. Todos debemos tener claro que todavía hay una posibilidad de que estos ex funcionarios sean declarados inocentes. La pregunta obligada es, en ese caso, ¿quién le devolverá a cada uno de ellos el pedazo de vida arrancado con prepotencia inmoral? Todas las disculpas serán tardías y, sobre todo, inservibles.

Hoy hay algo urgente que reparar. Ojalá suceda.