El gasto público, rehén de la clase política

Nada sería más fácil para un economista que ponderar una reforma tributaria y laboral que reduce impuestos distorsivos como la que propuso el Gobierno. Y que también incentiva la inversión bajando el gravamen a las utilidades reinvertidas y anticipando la devolución del IVA a las inversiones.

Incluso podría ser venial su carácter gradual, con efecto pleno recién en 2022. El triunfo electoral aumentó la probabilidad de reelección de Mauricio Macri y avalaría que las decisiones actuales ya incorporen el valor presente de esos cambios.

Pero el apoyo de cambios en la dirección correcta y la aceptación del gradualismo se hacen difíciles cuando el punto de partida es una presión tributaria récord, un déficit consolidado de 10% del PIB y ninguna medida relevante sobre el responsable de esa situación, el gasto público.

Por tanto, una oferta de reducir la carga impositiva global en un pobre 0,3% en 2018, que ya es menor porque algunos impuestos no se aplicarán. Y una reducción acumulada de 1,5% del PIB en cinco años, que es menor que la que resultaría, con un crecimiento anual de 3%, de un gasto público real congelado o que incluso aumentara a la tasa de crecimiento vegetativo.

La reducción prevista de la carga impositiva es ínfima porque la política sigue teniendo de rehén el gasto público. Nunca lo ha tocado que no sea para aumentarlo, y la nueva administración no se decide a ajustarlo. Tiene valentía en recomponer los precios de los combustibles, la energía y el transporte, pero perdió dos años con una inacción total respecto del grave sobreempleo público, y los gastos y las prerrogativas de la política.

El Gobierno ha perdido ahora la gran oportunidad que pusieron en sus manos los resultados electorales del 22 de octubre. En su ansiedad por asegurar la reparación de los Fondos del Conurbano con un cambio en la fórmula de movilidad previsional, presentó un paquete de reformas no exento de improvisación, del que aspectos importantes están cayendo antes de ir al Congreso, y otros ni siquiera han sido negociados.

Nadie duda de la justicia de reparar la falta de actualización del Fondo del Conurbano, y había razones para esperar que los 65 MM de pesos que corresponden a la provincia de Buenos Aires estén bien administrados por María Eugenia Vidal. Sin embargo, la primera medida anunciada fue que, gracias a ese aporte, pasarán a planta permanente 15 mil contratados y 9 mil becarios. Esperemos que el presupuesto de la Legislatura incluya el anunciado recorte a los gastos de la política. Aún no ha sido dado a conocer, a pesar de haber pasado ya dos semanas desde su aprobación.

El cambio en la fórmula de movilidad previsional fue también improvisado, y objeto de tres modificaciones. Existen razones para sustituir la fórmula precedente, pero no se entiende por qué los beneficiarios deben perder un trimestre de ajustes. No se entendió en su momento por qué un Estado ultradeficitario implementaba la reparación histórica, proceso demorado porque el Tesoro usó los fondos para financiarse. Ahora el cambio de fórmula restará a los beneficiarios, en 2018, mucho más de lo que recibieron los alcanzados por esa reparación. Surge naturalmente una pregunta: ¿Qué se les ofrecerá a los jubilados y otros beneficiarios cuando se necesiten sus votos en 2019?

Entretanto, el sobreempleo y la ineficiencia en el Estado siguen su curso, y se aprueba una ley de responsabilidad fiscal que, en vez de reducir el empleo público, permite seguir ampliándolo. Desde el oficialismo siempre se desafía a los críticos a que digan cómo bajar el gasto, dado que consideran que una parte importante es inflexible. Sin embargo, es posible hacerlo, como se ilustra a continuación.

Las primeras medidas que deben adoptarse, en todas las jurisdicciones, son: a) congelar las vacantes de modo que la dotación de empleados públicos caiga por jubilaciones, fallecimientos y renuncias; b) hacer un censo de empleados públicos para verificar si cumplen los requisitos formales de sus funciones, y controlar presentismo y fraudes; c) implementar un programa Empalme para empleados públicos; d) reajustar la estructura de remuneraciones de modo que sea más conveniente trabajar en el sector privado que en el sector público, ajustar los cargos y los sueldos a las funciones efectivas, y determinar que ningún funcionario puede tener una remuneración superior a la del presidente; e) profesionalizar las designaciones, y erradicar el nepotismo y el amiguismo; f) dar efectividad a los órganos de control y agregar auditorías privadas; g) fortificar los Códigos de Ética, penalizando la corrupción, el inside information y las incompatibilidades; h) no renovar contratos innecesarios; i) hacer todos los pagos de prestaciones sociales por acreditación directa en las cuentas de los beneficiarios de modo de evitar eventuales "costos de intermediación"; j) auditar la legitimidad de todos los beneficios previsionales, a nivel nacional y provinciales, eliminando pagos a fallecidos, determinaciones sesgadas y eventuales fraudes; k) auditar particularmente si los beneficios previsionales otorgados por las cajas provinciales de cuyo financiamiento se hará cargo el Tesoro están correctamente otorgados; l) eliminar los regímenes previsionales de privilegio; m) establecer la renuncia de las jubilaciones de privilegio por parte de todos los funcionarios ingresados por vía política.

El autor es economista. Ex gerente general del Banco Central.