Uno de los ejes centrales que tiene el paquete de reformas impulsadas por el Gobierno es el sistema previsional. Si bien todavía no se ha dado a conocer la letra chica del proyecto, lo que ha trascendido es que las modificaciones incluyen la armonización de las leyes especiales con la ley general y el cambio en la forma de actualizar las jubilaciones aplicando el índice de inflación.

En cuanto al primero de estos temas, el presidente Mauricio Macri habló de "eliminar las jubilaciones de privilegio". Pero ¿qué son? En principio, se podría pensar que se está hablando de los regímenes especiales, las leyes que regulan los sistemas previsionales de jueces, diplomáticos, investigadores, científicos y docentes. En estos regímenes, la jubilación se calcula entre el 82% y el 85% del salario de los trabajadores, bastante lejos del 60% que en promedio reciben hoy quienes se jubilan por la ley general 24241, y se actualizan de manera diferente. Pero también existen los llamados regímenes diferenciales que, por cuestiones de salubridad, contemplan una menor edad jubilatoria para los trabajadores que realizan tareas riesgosas para la salud. ¿También se pretende armonizar estos sistemas?

Otro tema relevante son las 13 cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas al sistema integrado previsional argentino. Aunque todavía las condiciones que rigen estos regímenes no se encuentran armonizadas con las del régimen general, la nación sigue cubriendo sus déficits.

En cuanto a los cambios en la movilidad previsional, ya es un tema que se veía venir. Basta con recordar el intento, sin éxito, de modificar la fórmula de cálculo en marzo de este año. Uno de los puntos a favor de la propuesta es que las jubilaciones se actualizarán trimestral y no semestralmente, por lo que los jubilados deberán esperar menos para que sus haberes no pierdan contra la inflación. Sin embargo, uno de los puntos en contra de aplicar el aumento de precios es que los adultos mayores, como mucho, le empatarán a la inflación, pero, en caso de crecimiento económico, no podrán apropiarse del aumento de la productividad.

Otro problema que surge, y que poco se está hablando, es el cálculo de la jubilación inicial. El índice de inflación será utilizado no solamente para actualizar los haberes, sino para ajustar las remuneraciones que servirán de base para determinar la jubilación. Dado que la evolución de la inflación ha sido menor que la evolución del índice de movilidad jubilatoria (950% desde 2009 contra 670%, si se toma en cuenta el IPC Congreso), también la jubilación inicial calculada con este nuevo índice será menor. Y este es un problema importante, sobre todo en un contexto donde el monto de la jubilación mínima (7.246,64 pesos) se encuentra tan cuestionado por la mayoría de los sectores sociales.

Es claro que el sistema previsional necesita ordenarse, pero tomar acciones parciales que no contemplen el sistema como un todo no es de gran ayuda. ¿Hasta qué punto igualar la edad jubilatoria de los docentes ayudará a la sustentabilidad del SIPA, mientras que las jubilaciones se sigan calculando y actualizando de manera diferente a la ley general? ¿Tiene mucho sentido discutir la forma en que se ajustan los haberes y las remuneraciones sin discutir la fórmula de cálculo? Hay que celebrar que estos temas se estén poniendo sobre la mesa, pero enmarcar la discusión en un contexto integral es crucial para que la reforma tenga éxito.

La autora es doctora en Economía y profesora de Economía, Universidad del CEMA.