El 2 de noviembre pasado he tenido el honor de que las autoridades del tradicional Instituto Evangélico Americano me invitaran a dictar un coloquio sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Este estaba dirigido al alumnado que cursa cuarto y quinto año. Más allá de la rémora que me produjo haber vuelto al colegio donde culminara mis estudios secundarios, que fue como volver a mi casa, el cual me cruzara y me permitiera forjar y conservar la arraigada y actual amistad de seis amigos, con quienes comparto innumerables sentimientos, anécdotas e intercambio de opiniones, la reunión ameritó fortalecerme con una experiencia por demás positiva y me permitió, humildemente, aprender del alumnado.

Destaco que esta actividad, lejos estuvo de ser original o novedosa: la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, en marzo del 2017, lanzó una convocatoria en tal sentido, que tendió a satisfacer la creciente demanda de los colegios que reclaman conocer el funcionamiento de la Justicia como herramienta formadora de una ciudadanía responsable.

Grata fue mi sorpresa al percibir que los adolescentes, que se encuentran en plena etapa formativa, mostraban avidez, entre otros temas, por enterarse del funcionamiento de uno de los poderes del Estado, la creciente corrupción que diezma a nuestra nación y el carácter selectivo que mostraba el sistema penal, puesto que aquellos percibían que los integrantes de las clases periféricas eran alcanzados por el castigo de manera mucho más amplia que los delitos del poder.

Más allá de que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, de diversas formas, nos encontramos vinculados con la docencia en función de los cursos de grado y de posgrado que dictamos en las diferentes Facultades de Derecho, me parece crucial acercarnos a los colegios secundarios en aras de evacuar los interrogantes de sus alumnos. La educación de excelencia es el futuro de nuestra sociedad; la generación venidera debe ser mejor que la nuestra y debemos imprimirle a la primera el mejor bagaje cultural posible.

Es cierta la percepción del alumnado en cuanto a la selección estructural que abriga al sistema penal. El profesor Julio Virgolini ha señalado que en el llamado nivel de criminalización primaria es evidente que el sistema penal opera con un gran mecanismo selectivo, que impide afirmar que el sistema punitivo se encuentre en condiciones o siquiera se proponga asegurar la protección de la generalidad de la población de manera igualitaria. Por el contrario, los sistemas penales ponen énfasis y ejercen mayor represión efectiva en las áreas de la criminalidad que se encuentra ligadas con los sectores más desprotegidos y vulnerables, que están más expuestos al control criminal y cuyos delitos son más visibles que otros. De forma invertida, el control penal suele debilitarse cuando se trata de los delitos de personas o de los grupos vinculados con el poder. El punto central de esos cuestionamientos finca en el hecho de que a este no sólo se le escapan fenómenos de su competencia, sino que había sido diseñado únicamente para atrapar conductas típicas de las clases más vulnerables de la población: allí, la matriz regular del catálogo de delitos se corresponde con conductas de apropiación feroz de la riqueza ajena, no observándose la misma rigurosidad en aquellos delitos que escapaban a la ecuación, destruida por Edwin Sutherland, entre crimen, pobreza y enfermedad.

Así y todo, no debemos caer en las teorías abolicionistas que descreen en el sistema penal. Ya enseñaba Nino que la selección arbitraria del sistema penal no invalida al sistema como tal. Si dicha selección, junto con otros factores del sistema, son defectos de este, la solución no reside en deslegitimar el poder punitivo como tal, sino en corregir sus fallas. Una vez admitida la disfuncionalidad del sistema y que este adolece de fallas muy graves, las políticas deben encaminarse a subsanar las deficiencias. No se debe caer, como explica Donna en una teoría de Lombroso a la inversa, hay seres humanos incapaces de motivarse de acuerdo con la norma, sólo que, en vez de encerrarlos, como decía el médico italiano, debemos premiarlos o, por lo menos, consentirles sus daños.

Dijimos en una columna anterior, y lo reiteramos en el coloquio, que la corrupción, como medio alterador de las relaciones elementales, instala la calígine en el marco de la aplicación de la ley y disloca el proceso de los negocios, por lo que produce dos consecuencias deletéreas. Por una parte, quiebra el principio de igualdad, al verse ausente la aplicación indiferenciada de la ley, lo que genera un derecho de dos velocidades en el que los marginados no poseen la disponibilidad del marco normativo abstracto y general, al mismo tiempo que la corrupción conduce a una suerte de clientelismo que transforma al necesitado en un palafrenero, lo convierte en un vasallo del caudillo o puntero local, quien le fía la comida a cambio del sufragio, puesto que el perfeccionamiento, y hasta la imposición, de los acuerdos venales traduce a quien decide llevar a cabo una actividad lucrativa lícita en un rehén de las prácticas corruptas; germina una aceptación ulterior de ellas como forma de supervivencia e inserción en el sistema.

Ya explicaba Nino en su emblemático libro Un país al margen de la ley que la Argentina vive un estado general de corrupción donde el funcionario publico concibe su puesto para maximizar sus utilidades. Si la participación en el mercado, como dice Simonetti, se construye en función de una renta de privilegio que deriva de hacer negocios con el Estado u obteniendo ganancias a través de medidas que establecen privilegios o de la corrupción, carece de sentido preocuparse por producir riqueza a través de la innovación.

Cada acto de corrupción es una escuela que no se construye o no se refacciona; un hospital que se deteriora o que no recibe insumos; niños que no se alimentan debidamente, no salen de la pobreza, se genera aporofobia y permanecen en la calle con una posible vinculación con las drogas o el delito y, en lugar de observarse una actividad altruista o ética, acontece, como consectario de la venalidad, lo que ha explicado por el profesor Fermo: un país donde existen rutas que no te llevan a ningún lado y son facturadas como autopistas europeas; donde las monjas no son monjas; los monasterios operan como bóvedas y, algunos funcionarios, en vez de contar la plata, la pesaban. Todo ello concurre como dos mundos que se definen por oposición con el ideario de algunos de nuestros próceres que pensaron austeramente la nación. Mariano Otálora, en su libro Los próceres y el dinero, nos recuerda que Manuel Belgrano fue enterrado en la Iglesia Santo Domingo; como no tenía dinero para su lápida, utilizaron para del mueble de su hermano.

Los jueces debemos acercarnos a los colegios secundarios; nunca debemos olvidarnos de que somos servidores sociales y no integrantes de una casta de origen divino o de un linaje sanguíneo superlativo. Debemos asumir una verdadera cruzada que persuada a la sociedad, y fundamentalmente a los adolescentes, de que el Palacio de Justicia no es un castillo de impronta medieval donde circulan condes, barones, vizcondes, emires, duques o marqueses. Por el contrario, allí concurren funcionarios que, en su gran mayoría, nos desplazamos en medios públicos de transporte sin perjuicio, naturalmente, que en ciertos casos, por la envergadura de ciertas investigaciones amerite, de manera excepcional, la exigencia de una custodia personal, en aras del debido resguardo del magistrado.

No deviene baladí recrear, ya para los tres departamentos en que se divide el poder, las nuevas modalidades que asume la tarea de gobierno en la era de la comunicación. Pierre Rosanvallon es por demás palmario en sus obras El buen gobierno y La legitimidad democrática cuando apontoca que el veredicto de las urnas no puede ser el único patrón de legitimidad; el poder no es plenamente democrático si no se somete a las pruebas de control y validación mayoritaria. La democracia de interacción tiene como panoplia la afiliación en un proceso permanente y de reacción "contra democrática" donde se demanda de las autoridades información, obligando al poder a que se explique y justifique su acción, poniéndolo a prueba, desempeñando el papel de un testigo atento y preocupado que lo lleva a validar o impugnar decisiones adoptadas.

Finalizamos este espacio con dos apotegmas fundamentales: el primero de ellos recala en insistir en que deviene imprescindible volver a la escuela; es nuestra obligación, desde nuestra especialidad, colaborar con los maestros que llevan adelante, día a día, la augusta tarea de formar a las generaciones venideras, nuestro futuro generacional, y esforzarnos, de manera inclaudicable y frugal, en mejorar la prestación del servicio de justicia. Se impone irrefutablemente ampliar la contracción al trabajo, desterrando cualquier concepción de que la labor estatal es una beca donde la faena, para la cual los ciudadanos nos remuneran con sus impuestos, no se cumple o se cumple de manera parcial o deficitaria. Todos los que conformamos el riñón de la administración de Justicia debemos asumir un imperativo categórico cumpliendo disciplinadamente con los alcances del artículo 28 del Código Iberoamericano de Ética Judicial que exige conocimiento y capacitación permanente de los jueces como fundamento para que la sociedad obtenga un adecuado servicio de justicia.

El autor es juez de Cámara por ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 4. Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales.