¿Qué sucedió en Argentina para que un partido de joven origen vecinal impulse los cambios que el país necesita y todos en voz baja reconocen como imprescindibles pero nadie protagonizó? ¿Qué sucedió en Argentina con los dos partidos políticos de origen popular y nacional que empobrecieron a sus representados más necesitados, alejándose del camino de inclusión que les dio su razón de ser?

Los golpes militares desgarraron el tejido social y político para dejar en ambos huellas lacerantes que perduraron y se agudizaron en el tiempo hasta hoy. Así, la política dejó de ser de interés colectivo para convertirse en negocio de pocos. El resultado se refleja cruelmente en este presente.

Buenos Aires genera el 30% de la producción argentina y recibe el 19 por ciento. Esta inequidad, más los sucesivos desmanejos políticos, la convirtieron en la geografía con mayor cantidad de pobres de la Argentina. También es cierto que se llegó a la macrocefalia bonaerense sencillamente porque las políticas federales no fueron las adecuadas o no existieron. Nadie se va de su lugar de origen si se generan políticas de arraigo. Ya el propio presidente Eduardo Duhalde y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, planificaban corregir el desequilibrio cuando el llamado a elecciones por los hechos de público conocimiento les imposibilitaron concretarlo.

Buenos Aires debe recibir lo que le corresponde y las provincias no deben ser despojadas, de lo contrario, el drenaje hacia el conglomerado bonaerense no parará.

En el tema laboral algo hay que hacer. Hoy Argentina tiene sólo un 38% de trabajadores en blanco. El 62% restante se compone de esta manera: 9% desempleados, 9% subempleados, aproximadamente 5%-6% de personas que no entran en ninguna categoría laboral y el resto, en la subsistencia de la changa. Argentina no puede desarrollarse como país en ningún aspecto con el 60% de su población económicamente activa fuera del mercado laboral.

Desde un punto de vista, el trabajador sindicalizado aparece como privilegiado, pero la carga tributaria y el encarecimiento por inflación no controlada lo vuelven un sujeto codiciado para la recaudación.

Argentina se volvió una sumatoria de islas y de corrupción. Si bien ante hechos traumáticos la sociedad responde solidariamente, en lo cotidiano aún perdura una nefasta cultura de "sálvese quien pueda". Es en verdad vergonzante que tengamos tres millones de jubilados y pensionados que apenas arañan el 40% de la canasta básica de 16.134 pesos. Peor aún hay un millón y medio de beneficiarios de pensiones no contributivas que perciben el 70% del haber mínimo. La contracara de los jubilados pobres son los jubilados ricos. Existen 7203 beneficiarios pertenecientes al Poder Ejecutivo, al Servicio Exterior de la Nación y al Poder Judicial que en promedio perciben 120 mil pesos por mes.

En este tema todos los gobiernos, incluido el del presidente Mauricio Macri, han hecho populismo. El actual gobierno lo hizo a través de la reparación histórica, sabiendo que era una estrategia electoral; al igual que la ex presidente Cristina Kirchner, incorporando al sistema masivamente personas que nunca aportaron. El 51,2% de la masa jubilatoria al 2015 provino de beneficiaros del plan de inclusión previsional, sin aportes o con moratoria. Así se pasó de dos millones de beneficiarios en el 2003 a casi siete millones en el 2015. A grandes rasgos el 50% de los jubilados percibe un haber mínimo mensual de 7200 pesos, equivalente al 6% de una pensión de privilegio.

Si la pobreza tiene cara de adulto mayor, también el futuro está atravesado por ella. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 58,7% de los niños y los jóvenes hasta 17 años, 7,6 millones de ellos, padecen de pobreza multidimensional. Son pobres en alimentos, bebidas, vivienda, asistencia médica, saneamiento y educación.

Si el tema previsional colapsa, el futuro argentino también. Nuestros parlamentarios están llamados a tener un protagonismo trascendente si actúan con el sentido ético y moral que se demanda. Ahora bien, si nuestros representantes van a obedecer a las necesidades de sus gobernadores, es imposible que la transformación que Argentina necesita se produzca. Los temas que el Gobierno puso sobre la mesa son los que Argentina debe sincerar y tratar. Que el resultado beneficie a las mayorías y no a las minorías dependerá de la convicción y la conciencia de cada legislador.

Por ejemplo: ¿debe recibir el mismo tratamiento a la hora de actualización una jubilación de 120 mil pesos mensuales que la de 7.200 pesos? Sobre estas últimas, ¿debe recibir la misma actualización aquel jubilado que nunca realizó un aporte que aquel que sí lo hizo? Otro tema que hace a los detalles que quedarán a criterio de los parlamentarios: ¿No se vuelve imprescindible que la actualización para jubilados y pensionados sea a través de la medición de la inflación de los productos esenciales para este sector, donde el ítem medicamentos es absolutamente gravitante?

Con respecto al tema laboral, así como las leyes no deben ser retroactivas, los derechos adquiridos tampoco pueden ni deben ser cercenados. La discusión sobre las nuevas condiciones de las formas laborales deberá regir para los nuevos empleos.

Ahora bien, la propuesta del Ejecutivo en números busca reducir el déficit en el 2018 aproximadamente de un 0,7 a 0,8% del PBI. Este tremendo esfuerzo se lo fagocita la política macroeconómica, dado que el Banco Central, con el aumento de las tasas de interés, ha subido el déficit cuasi fiscal en 0,7 a 0,8%. Con otro agravante: el capital especulativo y golondrina plancha el valor del dólar desalentando la producción, elemento clave para la generación de empleo, motivo central de las reformas propuestas.