Si en Colombia aún hay rastros de democracia y legitimidad, no es por obra del gobierno del señor Juan Manuel Santos, sino a pesar de él, y gracias al descontento y el inconformismo de la población y de la labor persistente e inclaudicable de las fuerzas opositoras.

Con todos los defectos que se le puedan señalar y con todas las correcciones que se le deben hacer a nuestras instituciones, pocas veces en nuestra historia se había presenciado una obra tan destructora sobre ellas como la que estamos presenciando y sufriendo, similar a un alud sin fin en el que cada piedra o roca cae sobre una ley, una tradición, un valor, un principio.

Nada ha escapado a la dañina mano del presidente Santos, empezando por la verdad ahogada en su raudal de mentiras, cuál de todas más desvergonzadas. Sus declaraciones quedaron grabadas, por fortuna, para guardar la memoria de ellas, como que nunca se tocaría la agenda nacional en las negociaciones con la guerrilla más sanguinaria y cruel del país, ni la Constitución, que habría cárcel para delitos atroces, que no habría elegibilidad para responsables de estos sin antes ser juzgados y condenados, que la última palabra la tendría el pueblo…

El proceder del Gobierno y sus áulicos es tan turbio que no parece haber límites para frenar el desastre que están ocasionando. Seriamente averiados, como si hubiésemos sufrido un terremoto grado nueve en la escala de Richter ha ido quedando la separación de poderes, pues hasta la Corte Suprema que atinadamente concurrió al diseño de la ley de Justicia y paz para los paramilitares, se ha quedado muda, y la Constitucional ha emitido fallos que pretenden ser salomónicos en temas inadmisibles.

Haber igualado a la guerrilla con el Estado legítimo, haberle dado estatus de guerra al enfrentamiento con grupos narcoterroristas, haberles dado calidad de representantes de la población, haber llamado guerra a lo que es terrorismo, y en esa senda de tragedias presentadas como conquistas, aceptar que un comunista español venga, cual visitador colonial, a diseñar la Jurisdicción Especial de Paz, el nuevo órgano supremo que se superpone al Poder Judicial.

¿Será que seguimos con esta lista? ¿Cómo no registrar la humillación a nuestros soldados que quedaron sin honor, pues tienen que aceptar que hicieron una guerra que no valió la pena, que solamente produjo sufrimiento, que nunca se debió hacer, y que, de acuerdo con una serie de fallos del Consejo de Estado son corresponsables de las masacres de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)?

¿Cómo no dar cuenta del desconocimiento, de hecho, de los compromisos del país incorporados a la Constitución, con la Justicia internacional y la Corte Penal Internacional, cuyas observaciones no se han escuchado, con el estatuto riguroso de esa Corte sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad que no son amnistiables y que deben ser siempre condenados?

Y ante la resistencia de quienes no hemos doblegado la cerviz y la de algunos que empiezan a caer en cuenta de la demolición del Estado, que los ha llevado a hacer modificaciones a la reforma política (que le da ventajas sin nombre al flamante nuevo partido) y a la vengativa Jurisdicción Especial para la Paz, este Gobierno y sus enmermelados defensores en el Congreso y en los Medios, en vez de aceptar que hay que corregir, amenazan con un plan B para salvar la paz.

La semana pasada, los firmes y leales senadores Roy Barreras y Armando Benedetti sacaron del bolsillo trasero la carta ganadora para evitar dichos cambios. Le sugirieron al presidente Santos, un hombre hundido en las encuestas, en el ocaso de su pudor, si alguna vez lo tuvo, y en el cenit del cinismo, declarar el estado de conmoción interior para decretar por su propia mano lo que el Congreso de la República se niega, según ellos, a cumplir.

No les bastó desconocer la voluntad popular que el 2 de octubre los derrotó en el plebiscito, sino que quieren desconocer la soberanía popular derivada, el Congreso, y castigarlo porque quiere recuperar su función de hacer y modificar las leyes, y no ser un simple notario de las FARC y del Presidente.

La taza de despropósitos se rebosó con la proclamación de las candidaturas de criminales de guerra a la presidencia y al congreso de los jefes de las FARC sin haber rendido cuentas, ni siquiera, ante la Justicia por ellos diseñada.

El desafío para las fuerzas de oposición es pues, descomunal, porque no es cualquier elección la que se va a jugar en el 2018, es ganar o ganar, porque perder es, quizás, entrar en la boca sin fondo del agujero negro de una dictadura copiada, a la colombiana, del modelo chavista.