De Vido, Boudou y los militares en prisión preventiva deben estar libres

Por Aníbal Guevara*

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¡¡¡Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón!!!

Uno federal y demagógico, permeable a la emocionalidad social, a la coyuntura, la corrupción y a casi cualquier cosa menos el debido proceso penal. Hace mucho se percibe que la Justicia Federal es probablemente la peor de las instituciones argentinas, al menos en su funcionamiento.

En lo particular, me hace mucho ruido el repentino despertar de la justicia en las causas de corrupción del kirchnerismo, sobre todo la generalización del riesgo procesal suficiente para mantener a todos los acusados en prisión preventiva.

Detener a alguien sin condena supone una violacion a los Derechos Humanos. La regla es permanecer en libertad durante el proceso hasta que una condena firme destruya el estado de inocencia que ampara a todos los ciudadanos sin distinción, a todos. La prisión preventiva es la excepción y se justifica solo en caso de que existan elementos objetivos y probados de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Un ciudadano puede mantenerse en esta situación por dos años prorrogable por un año más en casos muy excepcionales.

Cualquier Estado debe ser extremadamente cuidadoso al otorgar este tipo de prisiones violatorias del principio de inocencia y de ninguna manera puede responder al clamor popular.

Pero el promedio de prisión preventiva de los imputados en causas de lesa humanidad es de más de 6 años, 75% del total de detenidos en estas causas permanece en esta condición más allá de los dos años de plazo legal, ya que no tienen condena firme.

Curioso es para mí escuchar y acordar con todos aquellos militantes kirchneristas que ante el largo tiempo que venimos reclamando por este tipo de violaciones a la Legalidad, el debido proceso y los Derechos Humanos que se dan en las causas de Lesa Humanidad, jamás se dignaron siquiera a escucharnos y cuando de casualidad lo hacían nos acusaban de ser prácticamente genocidas.

Los demagógicos jueces federales parecen no reconocer el riesgo que asumen al cometer el delito de violar el debido proceso y los DDHH para responder al clamor de los organismos que nuclean a las víctimas de la dictadura, tampoco cuando lo hacen para responder al de una sociedad que se sabe víctima de la corrupción y ansía la respuesta de la justicia. No ven el riesgo de deslegitimar su propia institución que es la que debe velar por el contrato que evita que nos saquemos los ojos en espirales de venganza

No hay atajos, no puede haberlos porque esto debilita las instituciones, porque la justicia debe hacer pedagogía con una sociedad que se vuelve reaccionaria ante la percepción del enemigo, no importa el lado de la grieta que analicemos.

*El autor es hijo de un militar preso