Mucho se discute por estos días el proyecto de reforma tributaria que, entre varios aspectos, representaría una fuerte suba de impuestos a las bebidas con alcohol. Mucho se debate acerca del impacto negativo que esta medida podría tener en sectores como el de las industrias vitivinícolas, cerveceras y licoreras, o hasta incluso en términos inflacionarios. No obstante, poco y nada se habla de una herramienta que podría generar importantes cambios en el comportamiento de nuestra sociedad con respecto al uso y el abuso de bebidas alcohólicas: la fiscalidad correctiva y el impacto sobre la variable precio.

Desde un enfoque de salud pública, existe abundante literatura que sostiene que el incremento en los gravámenes resulta especialmente efectivo para reducir el consumo de drogas legales, como el alcohol o el tabaco. Pero las decisiones en política pública deben partir de datos objetivos, y abandonar las intervenciones de base ideológica.

Para ello, evaluar el impacto económico del abuso de sustancias psicoactivas es una herramienta fundamental para no subestimar el fenómeno de las drogas. Lamentablemente, en Argentina, el último indicador oficial con el que se cuenta data del año 2008. Del análisis de los gastos gubernamentales directos, para cuyos cálculos se utilizó el criterio contable de devengado, surge que más de la mitad de lo que un Estado destina a actividades de reducción de la producción, la distribución, el contrabando y el uso de las sustancias psicoactivas (prevención y asistencia) corresponde al alcohol ($M 2.432,6).

¿Por qué no habría que aumentar los gravámenes sobre una sustancia cuyo consumo abusivo genera daños a la salud del individuo, y cuyo uso irresponsable conlleva la inevitable potencialidad de impactar en la vida de terceros? ¿Por qué no seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sostiene: "Cuanto más accesible es la bebida, bien porque baja su precio o la gente tiene más dinero para gastar, mayor es el consumo y el nivel de daños relacionados en los países de bajos y altos ingresos"? ¿Por qué no corrernos por un momento del eje meramente tributario o recaudatorio, y enfocarnos en la posibilidad de bajar los índices de consumo de alcohol, hoy por lejos el principal problema desde la perspectiva de quienes trabajamos en el campo de las políticas públicas sobre drogas? ¿Por qué no imitar la exitosa experiencia llevada adelante en materia de control del tabaco, en la que se utilizan los impuestos y el incremento en el precio final de venta como barrera al consumo?

Cabe recordar que, en mayo del año pasado, nuestro país estableció un aumento de los impuestos internos a los cigarrillos del 60 al 75 por ciento. Desde una perspectiva sociosanitaria, la medida fue satisfactoria. De acuerdo con una investigación llevada adelante por la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), cuatro de cada diez fumadores modificaron su comportamiento de consumo. Entre los principales cambios se destacó la reducción en la cantidad de cigarrillos consumidos (81,7%), la compra de paquetes de menos unidades (50,9%) y el reemplazo por marcas más baratas (26,7%). Al mismo tiempo, el estudio reflejó que el 32% de las personas que consumían tabaco al momento de incremento de los impuestos pensó en dejar de fumar tras la medida, el 26% intentó dejar el hábito y un 8% efectivamente lo abandonó.

Al mismo tiempo, desde un enfoque de costos, la medida redundó en reducir el déficit del sistema sanitario provocado por los gastos derivados de las consecuencias del tabaquismo. Antes del aumento dispuesto, lo recaudado en impuestos cubría unos 20 mil millones de pesos de un total de 45 mil millones de pesos de gastos ocasionados por el cigarrillo. Esto representaba sólo un 41,3 por ciento. Con los cambios anunciados por el Ministerio de Hacienda el año pasado, el 82% de esos gastos para tratar las enfermedades derivadas quedaban cubiertos. Ahora, la nueva modificación en la alícuota de los cigarrillos (que bajaría al 70%) vuelve a ampliar la brecha entre vicios privados y costos sanitarios. Inexplicable.

Pero volvamos al tema de las bebidas alcohólicas. Argentina es uno de los países con la carga impositiva más baja a nivel mundial en este rubro. Por poner un ejemplo, el vino tiene actualmente un tipo cero en el gravamen, algo que no sucede en otros países viticultores como Chile o como Australia. Al mismo tiempo, los vinos espumantes gozan desde el 2005 de una exención a cambio de inversiones. Con respecto a las cervezas, la carga tributaria es poco más del 8,7% sobre la base imponible respectiva, muy lejos del promedio mundial de 42,6 por ciento. En relación con los destilados y los licores, la carga impositiva también es relativamente baja en comparación con otros países: 20% contra un 73,9% de media.

Con el proyecto de reforma presentado por el ministro Nicolás Dujovne, el tributo en el caso de las cervezas subiría a 17% y se equipararía con el de los espumantes, cuyo incremento sería gradual. Los vinos y las sidras pasarían del 0% a 10%, aplicando también un aumento gradual. Con respecto al whisky, el coñac y otras bebidas blancas, pasarán gradualmente a tributar un 29 por ciento. Lamentablemente, no se plasmó en el proyecto la intención de aplicar impuestos internos acordes con la graduación alcohólica de las bebidas, como sí sucede en otros países. Por sólo poner un ejemplo más que representativo en términos de una bebida cada vez más consumida entre adolescentes, el fernet, que hoy tributa un 20%, debería pasar a tributar alrededor del 40 por ciento.

Lamentablemente también, el fuerte lobby de la industria vitivinícola logró, bajo el endeble argumento de los beneficios del vino para la salud y la potencial afectación de las economías regionales, volver a fojas cero la modificación del gravamen al vino y los espumantes. Ahora es de esperar que las empresas cerveceras también hagan presión para revertir la situación desventajosa en la que quedaron.

En la argumentación que utilizan para defender su statu quo, el lobby de las drogas legales pasa por alto que el aumento en el precio final de bebidas alcohólicas puede actuar como un retardador en la edad de inicio en el consumo, principalmente porque la renta disponible en esa población es acotada y generalmente paterno-dependiente.

Existen estudios y evidencia que validan este tipo de medidas. Un estudio de la Boston University School of Public Health demostró cómo el precio puede constituir un factor de protección frente al uso indebido de drogas legales, específicamente en el caso del alcohol. Mediante un comparativo entre las estructuras tributarias de los diversos estados de Norteamérica, se logró demostrar que aquellas jurisdicciones con impuestos elevados poseían las menores tasas de abuso de alcohol. La conclusión más contundente del trabajo es que, por cada punto porcentual de aumento en el precio final de venta de bebidas alcohólicas, se logra una reducción de 1,4% en el uso abusivo de estas.

En lo que respecta a la posible impopularidad de la medida, la nueva escala tributaria de ningún modo afectaría la equidad en el acceso ni tampoco constituiría una medida de exclusión ni discriminación por nivel socioeconómico o por poder adquisitivo. El aumento del precio de las bebidas alcohólicas, como consecuencia lógica del aumento en los impuestos, representa una loable iniciativa que celebro, en función de que permite desincentivar el consumo de sustancias psicoactivas legales y reducir la magnitud de los costos sociales asociados a su uso.