Llegó la hora en que los argentinos nos debemos unir para construir un mejor futuro. Dejando atrás las estériles disputas por el pasado, en este futuro será importante construir un federalismo real en nuestro país. Para asegurar este federalismo y la independencia política de los gobiernos provinciales, más allá de su amistad con la Casa Rosada, la Constitución de 1994 estableció (artículo 75) que corresponde al Congreso aprobar una ley que asegure a las provincias "la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados". La Constitución es clara, ya que establece que la distribución de la recaudación tributaria nacional entre la nación y las provincias "contemplara criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional". Ya pasaron 23 años, pero este mandato sigue incumplido.

Necesitamos un nuevo y muy distinto régimen de coparticipación, que debería fijar una coparticipación automática a favor de las provincias superior al 50%, pero sin coeficientes distributivos fijos para cada provincia como es ahora, sino con coeficientes distributivos periódicamente determinados por el órgano federal de aplicación (previsto en el artículo 75 de la Constitución). El objetivo deberá ser fortalecer el cumplimiento por parte de las provincias de las tres importantes responsabilidades que expresamente les encomiendan nuestras leyes. Estas tres responsabilidades corresponden a lo que la gente hoy desea y necesita urgentemente recibir de los gobiernos provinciales: educación, salud y seguridad.

Los coeficientes actuales de la distribución de la coparticipación entre las provincias son totalmente arbitrarios. Para la coparticipación actual, un misionero vale la mitad que un formoseño; un salteño, la mitad de un riojano; un correntino, la mitad de un catamarqueño y un chubutense, la mitad de un santacruceño. Pero la inequidad más grave es la que sufre la gente de la provincia de Buenos Aires, ya que, con una gran cantidad de habitantes (40% del total del país), apenas recibe alrededor del 21% de la coparticipación total. Para la coparticipación vigente, un bonaerense vale la mitad que un cordobés o un santafecino; tampoco es equitativo que quien vive en Carmen de Patagones valga para la coparticipación la tercera parte de quien vive en Viedma, o quien vive en La Matanza valga la quinta parte de quien vive en El Calafate. No siempre fue así, hasta la década del ochenta la provincia de Buenos Aires recibía 43% más que ahora, ya que recibía 30% del total coparticipado, teniendo en cuenta su gran cantidad de habitantes.

Buenos Aires hace años que dejó de ser la provincia "rica" que, por razones de equidad, debía transferir recursos a las provincias "pobres" del interior. Más de dos de cada tres habitantes bonaerenses viven hoy en los 24 municipios del Conurbano bonaerense, en cuyo territorio se concentra el núcleo duro de la pobreza y la indigencia, y donde la marginación social y educativa es elevada. Son millones que viven en viviendas precarias sin agua potable, sin cloacas, sin gas, sin seguridad, con pocos hospitales y con escuelas sin jornada extendida a las cuales asisten apenas 5 de cada 100 niños, cuando la ley exige por lo menos 30 y donde 3 de cada 4 alumnos que asisten a escuelas estatales no terminan la escuela secundaria.

Hay una gran tarea pendiente, cumplir el artículo 75 de la Constitución. Si no damos ese paso, no tendremos un país federal y con igualdad de oportunidades para todos sus habitantes. El nuevo régimen de coparticipación de impuestos entre la nación y las provincias debe ser la base de todos los acuerdos políticos e institucionales para recuperar el sendero del crecimiento económico con equidad.