Caso Maldonado: eficiencia policial post mortem y torpeza política

Tal cual pasa en el cosmos, donde planetas lejanos entre sí ejercen a pesar de ello influencia mutua, dos casos judiciales que no guardan relación causal entre sí se encuentran profundamente unidos en un punto.

Este 17 de octubre apareció en el río Chubut un cuerpo del que por ahora resulta políticamente correcto decir que se desconoce su identidad. También se cumplieron cuatro meses del hundimiento del buque pesquero El Repunte frente a las costas de Rawson, hecho en el perdieron la vida 10 personas. Aunque también políticamente correcto resultó hablar hasta hace pocas hora de "desaparecidos".

Estos dos sucesos aparentemente desconectados no lo están tanto. En primer lugar, el juez federal que interviene en ambos casos es el mismo, Gustavo Lleral. En segundo lugar, la fuerza federal que interviene en la investigación de los hechos es la misma, la Prefectura Naval Argentina (PNA), que en uno y otro caso debió recurrir a su cuerpo de Salvamento y Buceo. En tercer lugar, el juez, que aparentemente no se fía mucho de los auxiliares de la Justicia, solicitó peritajes extra a la Armada Argentina; una medida un tanto extraña si se tiene en cuenta que hace 35 años que se trata de separar lo militar de lo policial.

Por lo que puede saberse hasta el momento de fuentes de primer nivel de la PNA, y sin lugar a dudas por la circunstancia de que el propio jefe de la fuerza y varios de sus altos mandos son precisamente buzos, y varios de ellos ex jefes del servicio de Salvamento y Buceo, la fuerza policial ha tomado todos y cada uno de los recaudos necesarios para que su labor sea inobjetable en las formas y en el fondo. Los cuidados con el cuerpo han sido extremos, como extremas han sido las medidas adoptadas para neutralizar cualquier posibilidad de que, a pocas horas de descubierto el cadáver, algún entusiasta agente con vocación periodística comience a difundir imágenes en las redes sociales.

Sí es evidente que ya se sabe más de lo que se dice que se sabe, y está muy bien que, cuando finalmente tomemos conocimiento de la realidad, sea por intermedio de la única persona que lo puede y debe hacer, es decir, el juez de la causa. Ningún secretario de ningún derecho humano, ningún jefe de ningún gabinete, ni ningún ministro tienen nada que hacer o decir antes. Tal vez ya lo aprendieron no sólo los actuales funcionarios, sino todos los que alguna vez cometieron dislates parecidos. Baste recordar el caso Nisman.

Algunos de los participantes policiales protagonistas del descubrimiento cuentan que debieron apelar a extremas dosis de paciencia y profesionalismo para neutralizar pedidos improcedentes y dislates varios que comenzaron a llegar por las más diversas vías. Que informen, que expliquen, que tengan cuidado con esto y con lo otro, que si va Fulano, tal cosa o si va Mengano, tal otra.

Tomaron así las cosas una sabia y natural decisión. Y bajó una línea directa. "Señores, el único que da órdenes es el juez". Incluso se logró evitar que la ministra de Seguridad se hiciera una escapadita hasta el lugar.

Primera conclusión, la Prefectura Naval hará estrictamente lo que corresponde que haya que hacer y no se apartará un ápice de lo que marca la ley. Nada de supersecretarios merodeando en el lugar ni asesores bajando línea. Tienen algo que les hace más fácil la tarea. No es lo mismo un coqueto departamento en las torres Le Parc que las frías aguas del río Chubut.

Del lado de la política, la lista de desbarranques y despistes cuando un caso resonante como el que nos ocupa trasciende a la escena nacional es una constante. Desde los grandes atentados de AMIA y la Embajada de Israel hasta los casos Carrasco, Nisman y Maldonado son prueba fehaciente de esta afirmación. Pero, en el particular caso Maldonado, que a diferencia de Nisman no era un magistrado a punto de denunciar a un presidente en ejercicio del poder, se produce la paradoja de que la trascendencia social a nivel local e internacional y la presión sobre las autoridades para el esclarecimiento de su desaparición supera largamente a la del propio fiscal.

Cualquier jefe policial federal con quien se toque este tema sostiene sin lugar a dudas que algo habrá que hacer para que los funcionarios políticos entiendan que no son policías, que no pueden darles órdenes operativas y que las pocas que se podrían razonablemente acatar deben venir de un funcionario ubicado en lo que se denomina "línea de mando".

El señor Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, no tiene firma ni mando. No firma obviamente decretos, pero tampoco puede firmar decisiones administrativas, ni siquiera un pase de un cabo a otra dependencia. Como su cargo lo indica, es un asesor personal de la ministra, depende de ella pero de él no depende nadie. Por ello, cuesta entender qué hacía este señor en medio de un escenario policial potencialmente delicado. Aun si pasó a saludar, fue improcedente, no se saluda a policías dentro de un teatro de operaciones.

Siempre, al decir de los que estudiaron para hacer lo que se supone que deben dejar hacer, siempre bajo tutela judicial, esta simple pero grave irregularidad transformó lo que podría ser tal vez un caso de exceso policial que hubiera costado algunas cabezas uniformadas en un tema político de primer nivel del que pocos creen que la propia ministra Bullrich salga indemne finalmente.

Para mayor torpeza, si bien el Gobierno consideró excesiva e inapropiada la calificación del hecho como desaparición forzada de persona, el protagonismo que tomó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, terminó convalidando la nomenclatura judicial de la causa.

En el convencimiento erróneo de que el Estado nacional tenía que estar presente en la escena, Avruj se apersonó, los uniformados de todas las fuerzas en la zona se pusieron de acuerdo para no estar cerca de su persona, salvo orden expresa en contrario y las consecuencias fueron que, al margen de regresar con el vehículo oficial destrozado, sumó un ruido innecesario.

Finalmente, no puede soslayarse la larga cadena de desaguisados oficiales y opositores que el tema Maldonado cosecha. La influyente Elisa Carrió tal vez se lleve las palmas con sus últimas declaraciones sobre el 20% de posibilidades de que estuviera vivo en Chile, y otras que mejor no repetir. Pero no es menor el deplorable manejo político que varios candidatos intentan hacer de todo el caso y también la incertidumbre que reina sobre qué es lo mejor que habría que hacer para que el descubrimiento no termine siendo un cisne negro para el Gobierno o una llave dorada al triunfo para la oposición. Tal vez, en un país con buena gente, lo mejor para todos debería ser simplemente que se sepa de una vez qué es lo que pasó con Santiago Maldonado.