El año entrante el Gobierno llevará a cabo una reforma impositiva ambiciosa. Lo anunció el Presidente ante un empresariado que considera que la baja de impuestos es un requisito para que las inversiones lluevan sobre la economía.

Sin dudas, la presión tributaria en nuestro país es elevada. Para sostener sus gastos, los tres niveles de gobierno succionan más de un tercio del PBI. Los impuestos en Argentina son muchos y algunos de muy compleja administración. A esto se añade que gran parte de los contribuyentes no comprende bien cómo se determinan los montos que pagan: el ejemplo más claro es el de los asalariados a los se les retiene el impuesto a las ganancias.

La reforma del Gobierno pretende ir más allá de los impuestos federales para avanzar sobre el paisaje impositivo de provincias y municipios. Pretende, además, imprimirle celeridad al asunto, aunque el éxito de una reforma semejante requiere de un grado de consenso que llevará tiempo construir.

La historia argentina nos enseña que la cuestión de cómo recaudar impuestos y distribuirlos entre el Estado central y las provincias mantiene una invariable vigencia. En nuestro siglo XIX, la cuestión fiscal impidió, durante décadas, organizar las instituciones del país. La disputa por el control de las rentas aduaneras porteñas fue la causa principal de nuestras guerras civiles y continuó mucho después de pacificado el país.

De allí que reformar impuestos en un país federal, y con los rasgos específicos de nuestro federalismo, es, por varias razones, un tema delicado. Cada provincia adoptó la conducta de negociar con los gobiernos nacionales el acceso a mayores recursos, aun en detrimento de las restantes. Los gobiernos nacionales, por su parte, optaron por administrar los recursos a manos llenas o en dosis homeopáticas, de acuerdo con el color o el alineamiento político de los gobernadores. La lógica de "látigo y chequera" es la misma que luego replicaron los gobernadores con los intendentes.

Ninguna política fiscal produce efectos neutros en la sociedad y las reformas impositivas nominan ganadores y perdedores, porque, en definitiva, recaudar impuestos y aplicarlos a objetos públicos no es otra cosa que quitarles a algunos para darles a otros.

El mismo juego de ganadores y perdedores se reproduce a la hora de discutir cómo se distribuye la recaudación fiscal. Hace 20 años debió sancionarse una nueva ley de coparticipación, pero el temor a perder motivó que muchos de los protagonistas de este debate prefirieran mantener el statu quo, aun cuando así se convalidara un entramado impositivo que, en muchos casos, tiene efectos predatorios sobre amplios sectores de la economía.

En la sociedad civil el debate impositivo también expresa su lógica competitiva. Por un lado, muchos ciudadanos demandan que, a cambio de los impuestos que pagan, el Estado les brinde bienes públicos de alta calidad. En el extremo opuesto, otros ciudadanos, que no se reconocen beneficiarios de esos bienes públicos, reclaman que el Estado les cueste lo más barato posible.

El autor es politólogo, autor de "Hacienda y Nación".