¿Qué sucederá con la economía después de octubre?

El Gobierno nacional definió como principal objetivo de su política económica la baja del nivel promedio de inflación. La propaganda oficial afirma que, con una suba de precios cada vez más moderada, se producirá una mejora de los ingresos populares y un crecimiento sostenido a largo plazo de la economía. Sin embargo, la realidad cotidiana tiende a desmentir el relato amarillo: los precios continúan subiendo, la economía no crece y el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones es cada vez menor. Consecuentemente, la pregunta que aflora es cuál es el horizonte real de la política económica.

A la luz de lo ocurrido con la suba de precios de consumos básicos como alimentos, energía, transporte, alquileres y los servicios privados de salud y educación, inmediatamente se piensa que la estanflación actual favorece la transferencia de ingresos a los productores de estos en contra de los asalariados, los jubilados y los trabajadores autónomos. Esa es una respuesta necesaria pero no suficiente al momento de evaluar el rumbo económico.

Un modelo conservador inevitablemente aumenta la ganancia empresaria a costa de los trabajadores, pero, a la vez, puede presentar un horizonte de inversión a mediano plazo que le dé sustentabilidad. Lo que se advierte en estos casi dos años de gobierno de la alianza Cambiemos es que la acumulación obtenida no se ha canalizado hacia un aumento de los activos reales en la Argentina, sino que, por el contrario, se ha producido un desmesurado incremento de los activos financieros (el stock de letras del Banco Central ya supera el billón de pesos) y de la salida de dólares del país.

Sin dudas, este comportamiento de los beneficiarios de la suba de precios, que en promedio alcanzó el 40% el año pasado y tiende a situarse en un 25% en el corriente, no apunta a impulsar una modernización de la economía argentina, sino a acumular dólares líquidos en la mayor cantidad posible. Ello agudiza los desequilibrios del sector externo y del sector público, que se sostienen con un creciente endeudamiento.

En síntesis, la inflación no ha bajado porque la suba de precios captura ingresos a favor del empresariado. A la vez, la economía no ha crecido porque esa acumulación de ingresos no se ha transformado en inversión, sino que se ha volcado a la especulación financiera. Una economía que no crece, que tiene alta volatilidad de precios y que se sostiene con endeudamiento tiene un recorrido corto.

El Gobierno necesita más de 30 mil millones de dólares frescos por año, que hasta ahora ha conseguido, para sostener los desequilibrios y permitir que la renta empresaria se convierta en dólares. Sin embargo, esa capacidad de endeudamiento anual no es permanente. Cambiemos sabe que tiene un límite temporal relativamente corto para producir las modificaciones de dichos desequilibrios y afirmar un cambio estructural en la relación entre los precios y los salarios.

El año electoral ha dilatado el tiempo de las correcciones, pero los agentes económicos más poderosos comienzan a presionar discretamente para que se avance con ellas. A la "d" de "deuda", en la Argentina, siempre le ha seguido otra "d", la de "devaluación". Cuando se interrumpe el financiamiento voluntario, la suba abrupta del valor del dólar es el mecanismo mediante el cual se procura equilibrar la economía.

Después de las elecciones, el Gobierno intentará producir las tres reformas que supuestamente impedirían ese desenlace: la laboral, que baje en forma definitiva el costo de los salarios; la provincial, que consolide estados más chicos y con menos servicios en todo el país; y la previsional, que reduzca el principal componente de gasto presupuestario.

Entre la devaluación y las reformas regresivas se define la política del Gobierno nacional en los próximos dos años. Sólo el voto popular puede garantizar un cambio de rumbo.

El autor es secretario de Economía y Hacienda de La Matanza.