¿Podría volver el cepo cambiario?

Nota escrita en colaboración con Adolfo R. Paz Quesada

El cambio de administración en diciembre de 2015 generó mucha expectativa en la sociedad, que esperaba la llegada de una eventual lluvia de inversiones. Pocas veces un escenario se confundió tanto con un deseo. El gobierno de Mauricio Macri cometió el pecado de creer que su propia existencia garantizaba el inicio de una época dorada.

Como suele pasar, la realidad supera a la ficción y a las expresiones de deseo. De no existir medidas profundas que justifiquen el inicio de un ciclo de inversión, sólo quedará en la historia como una nueva promesa incumplida. Hasta ahora, la política de gradualismo parece más una continuación de las políticas kirchneristas que un verdadero cambio.

El éxito inicial en la liberación del cepo estuvo determinado por una corrección en el tipo de cambio nominal y la eliminación de gran parte de las retenciones, exceptuando la soja, que permitieron destrabar liquidaciones postergadas. A partir de allí, y luego del acuerdo con los holdouts, el Gobierno reemplazó la emisión de futuros, como mecanismo de control de la cantidad de dinero, por la emisión desbocada de letras, con lo que dejó al Banco Central en estado de quiebra, ya que sólo los pasivos en letras alcanzan los 55 mil millones de dólares y superan a las reservas líquidas.

Entonces, no nos debería llamar la atención que, frente a un aumento del riesgo, comiencen a producirse corridas sobre el peso frente a un eventual aumento de la tasa de devaluación esperada. La pequeña corrida acaecida semanas antes de las PASO fue muestra de ello.

Sin dudas el punto central radica, para empezar, en la ausencia de reformas estructurales para:

-Consolidar el Estado de derecho

Un inversor debería preguntarse: ¿El gobierno argentino brinda seguridad jurídica? Tomando el caso del cepo cambiario, no existen garantías de su eliminación en forma permanente. El cepo fue levantado sin haber jurisprudencia de Corte que lo declare inconstitucional, a pesar de que funcionó por más de cuatro años, y los casos sobre el cepo estuvieron dos años a estudio en el Alto Tribunal. Quedaron finalmente firmes dos fallos contradictorios de Alzada, los casos D. L. L. y Oulton Pino. Las nuevas autoridades no han solicitado a la Corte Suprema que brinden garantías de seguridad jurídica, ni optaron, como hubiera correspondido, por allanarse a las demandas de inconstitucionalidad del cepo instauradas en su contra, ni denunciaron a los funcionarios responsables de tal menoscabo a los derechos y las garantías de sus ciudadanos.

Asimismo, asombra en la visión de un inversor, y más si es extranjero, el marco jurídico de otro de los caballitos de batalla oficiales: la proclamada reparación histórica a los pasivos, pues se realiza con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que en parte han sido confiscados a los trabajadores activos de sus cuentas de AFJP. ¿Podríamos imaginarnos al gobierno de los Estados Unidos confiscando los fondos de retiro del programa 401K sin compensación alguna a sus titulares? La respuesta es negativa, por lo que la medida no es más que aterradora, máxime si tenemos en cuenta que los países compiten entre sí para atraer inversiones.

Estos dos ejemplos bastan para que un inversor dude acerca la efectiva vigencia de la ley en nuestro país.

-Reducir la carga fiscal y el peso del Estado

Se ha instalado la idea de que el déficit es la madre de todos los problemas. La existencia de un déficit fiscal permanente y elevado explica gran parte de la inestabilidad macroeconómica, pero no es el único problema. Recientemente, el Presidente se ha referido a ello, pero debemos dejar en claro que la deseada eliminación o la disminución del déficit posibilitarían una estabilización de precios, pero no garantizarían una tasa de crecimiento sostenida de la economía. El centro del problema hoy, fuera de la discusión en los ámbitos políticos, es que, con un nivel de gasto que alcanza los 45 puntos sobre el PBI y la presión fiscal más alta del planeta, no hay posibilidad de inversiones de mediano y largo plazo.

Frente a este prontuario como país, Argentina debería crear un marco legal impecable que brinde las condiciones reales para el retorno de la inversión. Este marco deberá ser superior al de nuestros vecinos y ejemplar en el mundo. Argentina no necesita legislar, necesita derogar y desregular, garantizando al mismo tiempo la total vigencia de los principios consagrados en nuestra Constitución.

Si el Gobierno quiere superar la decadencia, deberá comenzar a caminar por este sendero de recuperación de valores donde se recompensen el trabajo y el esfuerzo. Ya casi estamos a mitad de mandato y nada se ha hecho al respecto. Si quienes nos gobiernan no comprenden esto, enfrentaremos un nuevo fracaso, y nuevas confiscaciones sobrevendrán.

Mariano Fernández es profesor de Economía, Ucema.

Adolfo R. Paz Quesada es profesor de Derecho Constitucional, UBA.