Buenos Aires alberga la mayor cantidad de asentamientos informales (AP)
Buenos Aires alberga la mayor cantidad de asentamientos informales (AP)

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce, en su artículo 31, el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, lo que obliga al Poder Ejecutivo porteño a resolver el déficit habitacional, infraestructura y servicios. Pero, aun cuando el derecho a la vivienda es un imperativo legal, ético y político para todos aquellos que asumen responsabilidades públicas, miles de porteños viven, o sobreviven, en condiciones indignas.

Nuestra Ciudad tiene una superficie de 200 km2, de los cuales 297 hectáreas están ocupadas por villas. Allí viven aproximadamente 300 mil personas, es decir, el 10% de los vecinos de la Ciudad. Otros 400 mil viven en núcleos habitacionales transitorios, casas tomadas, hoteles, pensiones y conventillos, lo que equivale a decir que prácticamente uno de cada cuatro porteños —700 mil personas— hoy ve vulnerado su derecho a la vivienda digna.

Para tener una idea de lo que representa esta cantidad de vecinos, pensemos que de las 512 ciudades que tiene nuestro país (departamentos y partidos), sólo La Matanza, Córdoba y Rosario tienen más de 700 mil habitantes. O también que el número de personas viviendo de este modo resulta similar a la población de provincias como San Juan, Jujuy o Río Negro.

Semejante injusticia se explica al ver que, para el Gobierno de la Ciudad, la cuestión del déficit habitacional no ha sido una prioridad: entre 2007 y 2015, el gasto en vivienda fue el único componente que disminuyó en términos reales (-14% en términos reales, descontando el efecto de la inflación). Si tan sólo hubiera mantenido la participación en el total del presupuesto que tenía en 2007 (2,9%), ello habría significado recursos por 600 millones de dólares acumulados en el período, con los cuales se hubieran podido construir, por ejemplo, 15.400 viviendas sociales.

Frente a esta grave situación, y tras ocho años de inacción, el gobierno porteño presentó un plan de integración que alcanza sólo a 4 de las 14 villas y 21 asentamientos informales existentes en la Ciudad y que no parece ser una verdadera solución a este drama. Según datos de la Fundación Tejido Urbano, la población de las villas porteñas crece a un ritmo del 7% anual. De este modo, cuando se cumplan los cinco años que demandaría la integración de esas cuatro villas, la cantidad de personas con déficit habitacional será aproximadamente la misma que la existente hoy en día o incluso mayor. Es decir, el problema no se habrá solucionado sino que posiblemente se agravará: la población con déficit habitacional habrá crecido un 35 por ciento.

Aun cuando debe destacarse que el gobierno porteño le haya comenzado a dar importancia a la vivienda, genera suspicacia que la presentación de cada uno de los planes de integración haya sido acompañada por el impulso de uno o más proyectos que tienen poco que ver con el beneficio de los vecinos más vulnerables. Se vinculó el proyecto de reurbanización de la Villa 20 con la construcción de la Villa Olímpica; el de la Villa 31 y 31 bis con la venta de los terrenos del Tiro Federal, con la construcción del Parque de la Innovación y la construcción de torres sobre la avenida Libertador; el del Playón de Chacarita, con la extensión de la avenida Triunvirato y el cambio de zonificación para poder construir torres en las cercanías; y el de la Villa Rodrigo Bueno, con un convenio urbanístico para construir un nuevo barrio de lujo impulsado por la empresa IRSA.

Desde Evolución entendemos que las políticas públicas en materia de vivienda son urgentes. Sostenemos que el proceso de integración de los más vulnerables no puede encararse de manera parcial, de modo ineficiente y siguiendo los requerimientos de los negocios inmobiliarios. Algunos números del presupuesto plurianual de la Ciudad para el período 2017-2019 sirven para ilustrar las enormes asimetrías de la estrategia de urbanización de villas adoptada por el gobierno porteño: mientras se destinarán 1.600.000 pesos por cada hogar en villa de la Comuna 15, donde se encuentra la Villa Fraga o 650 mil pesos en cada hogar en villa de la Comuna 1 (Villa 31), los hogares ubicados en villas de la Comuna 7 (Villa 1-11-14) recibirán apenas 7.600 pesos. Si de verdad queremos terminar con el déficit de vivienda en la Ciudad, resulta imprescindible que abordemos esta problemática con una visión integral, con estrategias que contemplen el largo plazo y que tengan como objetivo primordial el beneficio de los vecinos más necesitados.

Para la construcción de una ciudad de iguales, debe pensarse la política pública en función de las necesidades de cada uno de los porteños. Proponemos evolucionar, aportando a la solución de un problema prioritario como el acceso a la vivienda, que exige una respuesta real y urgente.

Martín Lousteau es economista, ex embajador argentino en Washington y ministro de Economía de la Nación. Natalia Fidel es diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Evolución) y presidente de la Comisión de Reforma Política.