Quizás por su formación profesional rígida, estructurada, al presidente Mauricio Macri siempre le quedó más cómodo comprender el fenómeno de las drogas en términos de creer: "Muerto el perro, se acaba la rabia". Así, desde su paso como jefe de Gobierno, pasando por la tensión que se establecía entre las estrategias diseñadas por los equipos técnicos de Fundación Pensar, y ya en funciones como presidente, en la puja entre el abordaje punitivo y el enfoque social, siempre terminó prevaleciendo lo primero. Sucede que el concepto de "guerra a las drogas" y la siempre estrecha relación que el imaginario popular se establece con el delito y la inseguridad le quedan cómodo a cualquiera. Pero no es más que un reduccionismo facilista, una simplificación, un eslogan marketinero como lo es "Argentina sin narcotráfico" o "narcotráfico cero".

Desde esta perspectiva, no debería llamar la atención que el discurso presidencial de presentación de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactiva Población General, elaborada por el Observatorio Argentino de Drogas, la primera en su tipo que se realiza en siete años, pero no la única si tomamos la encuesta 2014 a estudiantes secundarios, tuviera un claro sesgo represivo, en desmedro de la necesaria comprensión sociosanitaria del consumo de drogas. Básicamente, el presidente Macri le transmitió a la ciudadanía la preocupación del gobierno por el incremento en el consumo de drogas en la franja de 12 a 17 años, ratificó el compromiso de su gestión de "desarmar los caldos de cultivo para comportamientos mafiosos" e instó a modificar esta realidad poniendo "la verdad sobre la mesa" y combatiendo "las redes del narcotráfico". Dicho de otro modo: el uso de sustancias ilegales en Argentina se duplicó entre 2010 y 2017, pero el nudo del asunto sería la oferta.

Entonces, no resulta descabellado pensar que no fue una mera coincidencia que justo al día siguiente del acto en Casa Rosada y del impacto periodístico en los medios, más de 1.200 efectivos de Gendarmería y la Policía allanaran la villa 1-11-14 del Bajo Flores y que se incautaran unos 450 kilos de marihuana, 50 kilos de cocaína, 45 mil dosis paco, una granada de guerra, una ametralladora y distintas armas de fuego. La respuesta del Gobierno a la encuesta sobre consumo de drogas no fue anunciar la reglamentación de la ley 26934 Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP), ni la asignación de partidas para la construcción de centros de tratamiento integral de las adicciones en todo el país, en un año y medio de gestión no se inauguró ni uno de los comprometidos en campaña. La respuesta oficial fue militarizar una villa con un operativo de tintes propagandísticos y sesgos cinematográficos, al estilo Tropa de élite.

La transformación de la vieja Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) en un elefantístico engendro burocrático, que duplica funciones ya contempladas en ministerios como el de Desarrollo Social o el de Salud, es la demostración cabal de no comprender que la problemática de las drogas exige un balance inteligente entre control de la oferta y reducción de la demanda. Muerta la ex Sedronar, sin integralidad y con el espejo fragmentado en pedazos, cada porción del todo pretende imponer su propio reflejo del mundo. Hoy, claramente, es la cartera conducida por la ministra Patricia Bullrich la que determina cómo abordar la temática.

Vale aclarar que la explicación del fenómeno en términos de reducción de la oferta no es incorrecta: es riesgosamente parcial, incompleta. Porque lentamente, al amparo de una construcción ideológica que demuestra demasiada sensibilidad social, el viraje hacia la instalación de un enfoque punitivo se va afianzando. En una reciente entrevista con Nelson Castro, el ministro de Defensa, Julio Martínez, volvió al papel de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Si a esto le sumamos la hipotética fusión de la cartera de Defensa con la de Seguridad como forma de bajar el gasto público, la frontera entre colaboración logística y ejecución de tareas de represión del crimen organizado se tornaría sumamente difusa. Ni que hablar si nuevamente se pretendiera introducir en agenda la readecuación de la ley de seguridad interior 24059 para permitir al Ejército intervenir en la represión del narcotráfico.

En tiempos de campaña, el gobierno nacional incurre en una explicación sesgada del problema de las drogas. Primero, porque circunscribe el fenómeno a una cuestión de ilegalidades. No hace referencia al alcohol, sustancia legal que goza de los beneficios que le brindan su estatus normativo (entre ellos, la publicidad) y cuya comercialización a menores de edad no involucra a ningún narco sino a comerciantes con pocos escrúpulos.

Segundo, porque tampoco comprende que la narcocriminalidad se mueve con las mismas herramientas de gestión que cualquier empresa multinacional, maximizando ganancias y atenuando pérdidas. Es sumamente arriesgado combatir con armas bélicas a un enemigo tan concreto como difuso. No es a través del combate armado, sino mediante mecanismos económico-financieros de ruptura de los circuitos de blanqueo de capitales que se les puede infligir mayor daño.

Y tercero, porque, en tiempos de emergencia en adicciones, irrumpir con armas de fuego en villas o barrios humildes invocando el combate a las redes del narcotráfico como justificación del fin no es el mejor camino para apagar el incendio.

La conceptualización de guerra a las drogas desde lo actitudinal debería ser innegociable para cualquier política pública que conjugue salud, desarrollo social, educación, trabajo y seguridad. Pero focalizarse exclusivamente en el eje represivo significa abrazarse a un modelo de probada ineficiencia.