Algunas notas del fin de semana sostienen que quienes pregonamos la necesidad de una rápida baja del gasto del Estado lo hacemos livianamente y sólo poniendo énfasis en la reducción del empleo público, que aparentemente sería una tragedia, dicen.

La respuesta simple, supongo que también tildable de liviana, es que no reducir el empleo estatal es achicar el empleo privado. O más livianamente, si el ajuste no lo hace el Estado, lo deberán hacer los privados. Se citan opiniones de ex funcionarios del área económica que se pronuncian en favor del gradualismo y la prudencia, lo que evidentemente no ha dado grandes éxitos a lo largo de muchos años, a juzgar por los resultados con que nos encontramos. Pese a ello, se insiste en consultar a quienes aplicaron ideas equivocadas o no aplicaron ninguna, para reducir el cáncer del gasto estatal.

En los 16 artículos que he publicado en este medio sobre el tema, cuyos enlaces pueden verse agrupados aquí, he hecho decenas de propuestas para empezar a bajar el gasto en breve plazo, ninguna basada en una inmediata reducción de personal, si bien propongo varias ideas para su reducción racional. Un ejemplo es la nota que publicara la semana pasada, sobre el escándalo de las tercerizaciones.

Para seguir en la misma línea, resulta imprescindible analizar otra fuente de importantes ahorros potenciales y rápidos: los contratos del Estado. Por Estado deben entenderse la nación, las provincias, los municipios y todos los entes estatales con cualquier formato.

Los casos que salen a la luz, como los del INCAA o el Conicet, rápidamente ocultos por el miedo de Cambiemos a mostrar la verdad, son pequeñas muestras, de apenas un par de miles de millones de pesos. Chauchas, ¿verdad?

¿Alguien está siguiendo en detalle los contratos o los acuerdos que se realizaron o realizan en áreas como la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), PAMI, Televisión Argentina y demás medios y contrataciones de producción? ¿Alguien está revisando los contratos de publicidad, por ejemplo? Y seguimos hablando de temas de poca monta, aunque se trate de varios miles de millones de pesos. Estos son meros ejemplos. Nuestra posición es que se deben estudiar uno por uno todos los contratos vigentes que tenga el Estado en ejecución, tanto de administraciones anteriores como de la presente. Eso incluye todas las licitaciones, las concesiones, los permisos, los convenios internacionales, los reajustes, las modificaciones o los acuerdos judiciales o extrajudiciales.

Recordaré el caso trágico de Repsol, que debe servir para pensar a fondo lo que está pasando en estos rubros. En apariencia, se trató de que el Estado kirchnerista presionó a esa empresa para que aceptara un socio inventado por el gobierno, le vendiera el control de la empresa y le permitiera pagar con dividendos futuros. Luego, como parte del acuerdo, permitió a Repsol que girara dividendos más altos que sus ganancias y diez veces más altos que los porcentajes que habitualmente distribuyen las empresas del rubro. En condiciones normales, la rapiña debió culminar con todos los protagonistas presos. Sin embargo, después del vaciamiento de YPF por esa vía, el Estado decidió confiscar la empresa, lo que evidentemente iba a terminar en un juicio perdido más. Como ocurrió. La deliberada confiscación errónea de esa empresa fue en rigor un regalo a Repsol de más de tres mil millones de dólares vía los reclamos internacionales. Esto no es un repaso histórico. Muestra uno de los métodos para expoliar al Estado argentino. Repsol no fue una víctima.

La pregunta es: ¿no hubo más casos parecidos? ¿No hay aún hoy más casos parecidos que no se evidencian con tanta claridad? ¿Finalmente qué fue el Correo si no una confiscación que regala un juicio que el concesionario ganará "caminando"? ¿El caso de Aguas Argentinas, otro litigio regalado que acabamos de perder y que cuesta 300 millones de dólares, no ameritaría analizar los resultados de la empresa hasta el momento del retiro de la concesión? La conveniente explicación de los empresarios de que el kirchnerismo apretaba empresas para quedarse con ellas puede ocultar un mecanismo más grave y perverso que no sería prudente suponer que ha muerto con Néstor.

El contrato de Cerro Dragón con Pan American Energy y colaterales, renovado generosa y anticipadamente por los gobiernos provinciales y nacionales, sigue vigente, y ha tenido ajustes y reajustes, y cláusulas siempre secretas. Obvio, "para preservar la confidencialidad de operativa". ¿Sí? El mismo argumento del contrato con Chevron y de varios otros del área petrolera que no han llegado a trascender, pero que siguen igual rutina. ¿No valdrá la pena que sean todos fruto de un profundo análisis?

Los contratos con China, algunos también tan secretos que ni sabemos de qué se trata, ¿no merecen un análisis imparcial externo? Las represas con ese país, con términos que también son desconocidos para quienes debemos pagarlos, cuya utilidad es dudosa, y que requieren, para que puedan ser utilizadas, una red que no está ni prevista ni se puede financiar en este momento, están sobre el tapete en este viaje del presidente Mauricio Macri. ¿Serán impecables? ¿Corresponderá ejecutarlos ahora o dejarlos para más adelante?

Ni siquiera volveremos a mencionar el caso Odebrecht, que está gritando que quiere revelar a sus coimeados locales pero los funcionarios, como los proverbiales monos, se tapan los oídos para no oír. Deben suponer que mágicamente todo funciona perfectamente hoy.

Si fuera necesario, podríamos seguir citando casos pasados y presentes que resultan muy difícil de entender, y que abren sospechas sobre todo el sistema de contratos que están hoy vigentes y los nuevos que se agregan, y que se encuentran en todas las áreas. La cantidad de prácticas delictivas acumuladas durante tantos años no ha desaparecido. Por eso es imperioso que se analicen todos los casos. Cuando hablamos de la necesidad de partir de un presupuesto de base cero, hablamos entre otras cosas de este tipo de situaciones, que se dan por aceptadas como un hecho dado cuando se preparan los nuevos presupuestos, que heredan la basura del pasado.

También hemos propuesto analizar pocos casos pilotos al azar, con participación ad honorem de profesionales privados que obren como auditores y también aporten su conocimiento para detectar irregularidades, que por otra parte no son tan difíciles de detectar. Si bien la tarea de bajar el gasto implica decisiones macro, descender a la realidad cotidiana y a los casos individuales es imprescindible cuando la suma de dudas, y de costos, es astronómica.

La discusión no es solamente gradualismo o no. También es si se teoriza o se mete el cuchillo en serio en el problema. No hay dudas de que sobra no menos de 40% de personal en el Estado. La pregunta es cuánto más y más rápido y sin costo social se puede ahorrar eliminando el dolo profundo, no el latrocinio de difusión mediática solamente. Los resultados pueden ser sorprendentes. Para esto se debe haber aprobado la reciente ley de información pública. ¿O no?