La nueva guerra a las drogas colocó claveles en los fusiles y pólvora en los micrófonos, en los noticieros, en los teclados, en las tapas de los diarios. Como gota que horada la piedra, el proceso de batallar desde la pluma y la palabra fue lento, sostenido, casi imperceptible. Pero al menos para quienes comprendemos el potencial de los medios de comunicación como modeladores de lo que una sociedad valida como cierto en un momento determinado, la movida es de manual.

El tema drogas es un objeto de discurso, una hipótesis sobre un hecho social específico que se mueve según paradigmas. Pensar el tema drogas como un discurso social implica pensar cómo y en qué condiciones se produce el sentido que le damos a este concepto tan amplio. Dicho de otra forma, una cosa serían los problemas de drogas que efectivamente ocurren (o no) y otra es la percepción social de la problemática. Por eso, quien logra colonizar el discurso periodístico puede construir los marcos de interpretación desde los cuales una sociedad comprende la "realidad", establecer qué se entiende por un problema (y qué no), y determinar qué merece (y qué no) la atención y la intervención de un gobierno.

Cuando Open Society Foundation, red internacional de entidades no gubernamentales creada a comienzos de los noventa por el magnate húngaro George Soros, y que a nivel mundial promueve la legalización de las drogas (con ciertos intereses intermedios), comprendió que la mirada prohibicionista podría contrarrestarse abriendo nuevas vías de difusión y fortaleciendo con recursos a quienes modelan los imaginarios sociales, la puja salió de la esfera del uso de la violencia (utilizada ya sea para imponer el negocio del narcotráfico, ya sea para reprimirlo) y comenzó a dirimirse en el plano de lo estrictamente comunicacional.

Apliquemos la pura lógica. Si el uso sustancias psicoactivas legales es fomentado por la publicidad y el marketing, qué mejor que contar con un equipo de periodistas militantes, distribuidos por toda Latinoamérica, que pudieran aportar buena prensa, y blindar con elogios y adjetivaciones positivas a lo que hace poco menos de quince años era fruto prohibido y objeto de reproche social. No había negocio posible si la imagen de la "santa planta" seguía manchada, demonizada. Tampoco había mercado posible si no se intentaba modificar el factor de protección asociado con la percepción de daño: en 2001, el 44% de los estudiantes secundarios de todo el país consideraba de alto riesgo fumar marihuana.

Como cabeza de playa, un cuidado house organ de la cultura canábica comenzó a venderse libremente en los kioscos allá por fines del 2006. Lentamente, tal como la gota horada la piedra, con la revista THC surgió una incipiente militancia pro marihuana que se atrevió a desafiar el artículo 12 de la ley 23737, que reprime con prisión y multa a quien "preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro a consumirlos". El mismo artículo que en 1994 le valió a Andrés Calamaro una denuncia y un procesamiento por apología del uso de estupefacientes con el correr del tiempo fue cayendo lamentablemente en desuso. Sucede que nadie cuestiona lo que a la vista de todos es algo natural, aquello que se incorpora al imaginario de una sociedad como tolerado. En la nueva guerra comunicacional, lograr el "vale decir cualquier cosa" fue la primera victoria.

El cómo decirlo también fue motivo de cuidado análisis, posiblemente otra victoria discursiva de los estrategas. En tiempos de la posverdad, cuando la experiencia y la objetividad sucumben ante lo subjetivo, es inevitable el desdibujamiento de las categorías verdad-mentira para dar paso a una ficticia categorización de certezas emocionales. Entonces no sólo se instó a desterrar del discurso periodístico la utilización de la palabra 'marihuana', de elevada connotación negativa, para comenzar a usar el término 'cannabis', más amigable. También se logró instalar como tema de derecho a la salud, un debate público que antes únicamente se planteaba en torno al artículo 19 de la Constitución Nacional, y el derecho a la privacidad, la intimidad y el libre consumo.

La flexibilización normativa que nunca se concretó a pesar del fallo que sentó jurisprudencia en 2009 sí se logró en 2017, con la sanción de la ley 27350 que promueve la investigación en torno al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Discutir desde el legalismo garantista de Eugenio Zaffaroni fue inconducente. Plantearlo en términos de derechos humanos desde la voz de Estela de Carlotto se acercó bastante, pero no alcanzó. Era tan sólo cuestión de apelar a la posverdad de la foto de las madres cultivadoras, integrando la primera fila de la Marcha de la Marihuana para lograr el objetivo. Y aunque la tenencia para fines medicinales quedó fuera de la nueva ley, no transcurrió todavía ni un mes de su promulgación que ya una diputada radical presentó un proyecto para reformarla e incorporar el ansiado caballo de Troya del autocultivo.

Pero volvamos hacia atrás, hasta agosto del 2009, con Arriola como hito, espada y emblema. Los adalides de la construcción del nuevo imaginario fueron por mucho más. En el 2011, la asociación civil Intercambios, ONG que promueve en nuestro país la legalización de las drogas y las políticas de reducción de daños, organizó en México el primer seminario para periodistas denominado "Políticas de drogas en América Latina", que contó con el apoyo de Open Society Foundation, red a la cual pertenece Intercambios. Este encuentro, que desde entonces se realiza año tras año y que beca a comunicadores de todo el continente, tiene por principal objetivo promover la formación de periodistas "comprometidos con la cobertura de los problemas relacionados con las drogas desde una perspectiva vinculada al respeto de los derechos humanos". Profesionales de medios de nuestro país han recibido el coaching necesario para contribuir, con pólvora en los micrófonos, los noticieros y los teclados, al fortalecimiento del nuevo paradigma. Hasta literatura pro marihuana tenemos ahora.

Hoy casi no existen comunicadores o referentes mediáticos que militen a la inversa. Sucede que no es políticamente correcto cuestionar una posverdad. Y si le sumamos que hasta el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) es esponsoreado por Open Society, todo se torna sumamente complejo en términos de contrarrestar el andamiaje discursivo.

En este terreno de la renovada guerra comunicacional contra las drogas, la contraofensiva estatal brilla por su ausencia. Asemejando una zona liberada, hoy no existen campañas públicas sostenidas en el tiempo que apunten a prevenir el consumo de sustancias. Menos que menos existe una estrategia comunicacional para revertir, desde el discurso público, la instalación de esta cultura banal, relativista, irresponsable. En la arena de los medios de prensa es donde los funcionarios responsables de la problemática deberían librar la batalla por contraponer una mirada distinta. El mutismo del titular de la ex Sedronar, Roberto Moro, y de todo su gabinete, es prueba suficiente de una manifiesta incapacidad para quebrar este blindaje, o quizás de una tácita complicidad para no cuestionarlo en absoluto.

Me animo a pensar que todo es parte de la misma y siniestra estrategia. El pacto de no agresión con la industria de las drogas legales, como el alcohol o los medicamentos. Las campañas institucionales de concientización en medios masivos, que parten de la inevitabilidad del consumo de alcohol entre adolescentes, en lugar de reprocharlo o prevenirlo. Tantas conductas apologistas sin censura, sin castigo, sin contestación alguna. La acérrima defensa del paradigma de la reducción de daños en cuanto congreso o seminario participan los funcionarios de la nueva Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas. La convocatoria a la presidente de la asociación civil Intercambios a ser parte del Consejo Asesor Científico del organismo, desde mediados del 2016. El asqueante silencio oficial de aquellos que deberían estar librando esta nueva guerra comunicacional contra el uso indebido de sustancias psicoactivas y en favor de la prevención, de la salud y de la vida. El laissez-faire, laissez-passer y el vía libre a que se instale el proyecto de muerte de las drogas en Argentina. Hasta la Iglesia, último madero para mantenernos a flote en esta puja desigual, últimamente se ha excluido de la discusión mediática.

Insisto: todo es parte de una pensada estrategia. El nuevo imaginario sobre drogas se fue multiplicando como metástasis, mediante un proceso que ya lleva más de diez años fortaleciéndose, expandiéndose, hundiendo raíces. Luego de la demonización del papel de las comunidades terapéuticas en Argentina, la última y más reciente victoria de la cruzada mediática abolicionista fue el desguace de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, a fines del 2016. De todos, este fue el misil más dañoso, la bomba de todas las bombas, la madre de las batallas. ¿Por qué? Porque quebraron la mirada holística e integral de una Secretaría de Estado que nació para coordinar el abordaje equilibrado entre el control de la oferta, la demanda y el lavado de activos. Quebraron el espejo en mil pedazos. Apagaron el viejo faro de referencia y nos dejaron a tientas.

Para quienes comprendemos el potencial de los medios de comunicación como modeladores de lo que una sociedad valida como cierto en un momento determinado, la movida va entrando en su etapa final. El riesgo de las políticas públicas de base ideológica es que cuando sedimentan, lo hacen en los organismos y en las instituciones que definen la ejecución de estas. Ya dentro, es muy difícil extirparlas, a menos que se desarrolle el proceso inverso de reconversión del imaginario social. A resumidas cuentas, esto es lo que sucedió.

Pero no todo está perdido. Como bien escribió mi maestro Alfredo Serra: "Ya abrimos la caja de Pandora. Como en el mito griego, escaparon todos los males del mundo. Pero al cerrarla, sólo quedó la esperanza. Tal vez todavía sea posible que nos salve". Valga esta trinchera solitaria para intentarlo.