Una decisión de carácter político y no jurídico

La ley del 2×1 fue una norma desafortunada porque se dictó pensando en beneficiar exclusivamente a los procesados por delitos en virtud de los largos tiempos judiciales sin que tuvieran condena. Pero no se tuvo en cuenta a las víctimas ni a la sociedad, al seno de la cual aquellos salieron muchas veces a volver a delinquir. Siempre me manifesté en contra de esa ley y, aunque años después afortunadamente fue derogada, sus efectos se siguieron aplicando. Ahora esa disposición fue aplicada por la Corte para resolver un caso de delito de lesa humanidad.

Se podrá estar o no de acuerdo con lo decidido por el más alto tribunal del país al conceder el beneficio a un represor, pero los votos de los jueces que constituyeron la mayoría del fallo están absolutamente fundados jurídicamente. Del mismo modo lo están los dos votos minoritarios. La resolución ha dado lugar a numerosas opiniones encontradas, incluso entre especialistas en derecho constitucional, como es el caso de los doctores Sabsay y Badeni, que se han expresado desde posiciones opuestas.

Más aún, este pronunciamiento reconoce un antecedente del año 2013, en el que la Corte no revisó la decisión de un tribunal inferior que había concedido el beneficio a un militar preso.

Precisamente, esa diversidad de opiniones da la muestra de que el problema puede ser interpretado de diversas formas y ninguna de ellas puede arrogarse la verdad absoluta. En esas condiciones, no puede afirmarse que el fallo en cuestión sea una resolución contraria a la ley sino más bien que esta asiste a ambas posturas.

Considero, por ello, que la denuncia que se les ha realizado a los doctores Rosenkrantz, Highton y Rosatti reviste un carácter más político e ideológico que jurídico y no encuentro razones para que pueda instruirse una causa penal por ese motivo.

No quiero dejar de señalar que este fallo muestra la independencia de criterio del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, lo que resulta muy saludable para la vida institucional del país.

El autor es abogado penalista.