Sostengo desde hace años que se deben confeccionar presupuestos base cero tanto en la nación como en las provincias y los municipios. Volví a reiterar la ponencia en esta nota de hace pocas semanas.

Dentro de la colección de barbaridades que se han acumulado en tales presupuestos, está lo que se conoce como tercerizaciones. Este concepto, nacido hace varias décadas en el mundo privado, tenía como idea centro que las empresas debían ocuparse de su negocio principal, no de tareas periféricas, como la limpieza, el caso emblemático, y que en consecuencia esos servicios debían ser subcontratados a terceros.

Esa concepción llevó a algunos aciertos y a muchos errores. Un sólo ejemplo de estos últimos es lo que ocurre con los call centers, figura por la que las empresas, en vez de poner el énfasis de calidad e imagen en su principal portal de entrada, lo delegan a servicios virtuales atendidos desde sus casas por señoras que amamantan a sus bebés mientras reciben reclamos diversos que son contestados leyendo respuestas preestablecidas almacenadas en alguna computadora.

También han servido para que proliferasen los retornos o kick backs en el mundo privado. Esto es porque, al no tratarse de productos con un precio de mercado, es difícil aplicarles pautas de control o auditoría. Estos retornos no son anecdóticos ni menores. Debe recordarse que el Departamento de Defensa norteamericano terceriza muchos servicios en el campo de operaciones en teatros de acción que son claramente bélicos, grupos comandos privados.

En nuestros presupuestos, las tercerizaciones son un escándalo, en cantidad, en monto y en nivel de inutilidad. También en este caso se han heredado prácticas y contratos de gobiernos anteriores, y se han agregado propios, además de incorporarse nuevas ideas para el engaño sistemático.

Frente al monumental exceso de empleados públicos, ninguna de estas tercerizaciones puede justificarse en términos de carencia de agentes para desarrollar determinadas tareas. Con lo cual deberían cesar todos los contratos con efecto inmediato. El argumento de que se trata de tareas tan especializadas que no hay nadie en la administración capaz de desarrollar esas tareas cae al menor análisis de las tareas que se subcontratan. Los rubros por los que se suele subcontratar muestran en su mayoría lo absurdo del formato. Desde limpieza hasta servicios de contabilidad o cobranzas.

Durante el gobierno sciolista proliferaron en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, alevosos contratos por asesoría. Analistas económicos, comerciales, financieros. Hay miles de casos de prestadores de estos servicios que mantuvieron y mantienen oficinas montadas pero vacías, como frontis de una gestión inexistente. Otras contratan personal de prestigio en el mercado, pero no le asignan tarea alguna, ni le exigen concurrir a su trabajo. También pantallas para justificar la facturación. ¿Se terminó esto con el nuevo gobierno? Simplemente no.

En el orden nacional, no fue sólo el ex vicepresidente Amado Boudou el que incursionó en el rentable negocio de las asesorías. También proliferaron miles de tercerizaciones y contratos por provisión de humo en todos los niveles por debajo de su "gestión": productoras de cine y televisión, agencias de publicidad, encuestadoras, estudios específicos sobre cualquier cosa, comercio exterior, precios, auditorías, call centers y todo otro fruto de la imaginación. ¿Se han eliminado esas prácticas y esos contratos en este Gobierno? Simplemente no.

Si se habla con cualquier funcionario de carrera de las administraciones se recibirá el mismo comentario: "Dejaron a los que estaban y agregaron nuevos". Eso incluye muy especialmente las tercerizaciones. Control de tránsito, multas, procesamiento de datos, internet, pago de sueldos, hay casos hasta de gestión de recursos humanos.

Daré un solo ejemplo de total actualidad. El Orsna es el organismo estatal que controla el sistema nacional de aeropuertos, en manos de una empresa privada. Obviamente, ese organismo tiene más personal que todo el sistema que controla. Ha contratado recientemente auditorías integrales para evaluar la gestión de la concesionaria. Justamente la esencia de su tarea, que es controlar la gestión de la concesionaria. ¿En cuántos organismos pasa esto? ¿En cuántos organismos "autónomos" pasa esto?

El pensamiento macro de muchos economistas no ayuda. "Hay que bajar 4 puntos el gasto" dicen. O "El gasto es esencialmente sueldos, concentrémonos ahí", con lo que sin quererlo convalidan el despojo y el despilfarro en los otros rubros. Si alguna vez se va a atacar el problema del gasto, deberá encararse en una maniobra de pinzas, las decisiones macro y la eliminación una a una de las fuentes del descalabro presupuestario. Aquí no se trata de eliminar la coima contenida en un contrato, sino en eliminar todo el contrato. Entonces, anular una tercerización implica el 100% de ahorro.

¿Cuánto se puede ahorrar? Entre uno y uno y medio puntos de déficit. Repito. Entre uno y uno y medio puntos de déficit a nivel país. La ventaja de atacar este flanco (sin perjuicio de que se ataque otros) es que se pueden conseguir ahorros muy rápidamente. Cuando empiecen a salir a la luz los nuevos boudoues y las denuncias penales, muchos de estos contratos caerán solos. No se trata de una cruzada ética sino de eficiencia presupuestaria.

Vamos a los "pero" que suelen ponerse a este tipo de propuestas, sobre todo de parte de quienes no aportan ninguna. El primero es quién se encargará de esta tarea. Está claro que no habrá que caer en la tautología de crear nuevos organismos ni tercerizar la lucha contra la tercerización. Mi propuesta es crear equipos de revisión ad honorem, donde participen profesionales que trabajen en equipo, un contador público y un abogado, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo puede durar en manos de cualquier profesional experimentado un contrato de asesoramiento económico de una empresa con oficinas vacías y con personal contratado que no va a trabajar y hace informes cut&paste que nadie lee? ¿No se anotaría usted para trabajar voluntariamente en esta tarea?

En el escenario de complicidad entre los ladrones de cuello blanco, rápidamente una acción de este tipo genera reacciones. Una de las primeras son las huelgas del supuesto personal que trabaja en las empresas contratistas de las tercerizaciones, reclamando que se reconozca su condición de empleados del Estado. Es más fácil luchar contra eso que contra un despido de personal de plantilla. Sobre todo cuando la discusión se termine librando en el fuero criminal. Porque ahí viene el otro "pero": "Los contratistas harán juicio contra el Estado". Habrá que ver qué ocurre cuando cada contrato rescindido pase al fuero penal.

Y para no quedarnos sólo en las tercerizaciones, habría que extender esta idea a todos los contratos del Estado. ¿No son, en definitiva, gigantescas tercerizaciones? Comprendo que me estoy ganando enemigos, no se inquiete el lector. El proyecto se completa con tres conceptos: investigar el pasado, corregir el presente y legislar para el futuro.

Cuando se habla de bajar el gasto estatal, suele no pensarse en el cómo. Se trata de una tarea sucia, enredada, polémica, casi heroica, donde hay que enfrentarse a los intereses políticos y económicos multipartidarios y, peor aún, a la sensibilidad barata (o cara) de la sociedad. De modo que cualquier idea será atacada, vituperada y ridiculizada. Y sobre todo tildada de imposible. Propongo hacer una prueba piloto: tomemos 10 casos y veamos los resultados. Después seguimos conversando.