La aplicación estricta de la ley es la proclama

Ni el kirchnerismo, ni la oposición no kirchnerista, ni el propio Gobierno y tampoco algunos analistas políticos y periodistas parecen entender la trascendencia ni el significado de lo ocurrido el #1A en la Plaza de Mayo. No nos extraña porque, como ya hemos dicho, las grandes movilizaciones espontáneas de los pueblos no suelen ser comprendidas ni descifradas de inmediato.

El populismo kirchnerista, personalista, prepotente, que con su voluntarismo autocrático, cuya doctrina era la dialéctica del amigo-enemigo, y que produjo la división social más profunda y disgregadora en los anales de la historia argentina, creyó y sigue creyendo que el poder sigue en sus manos, que no lo ha cedido. Porque esa fue la absurda y despótica pretensión expresada al rechazar la derrota de las urnas y negarse a entregar los atributos del poder.

Al intento fallido de recuperarlo en las calles, reivindicando la violencia de los años 70 como método totalitario y fascista de arrebatarlo a quien lo detenta por decisión legítima de la voluntad popular, le sigue ahora la proclama de los emisarios de la arbitrariedad y el ultraje a la democracia republicana.

Apelando a los presagios agoreros de la supuesta cercanía de una guerra civil y que "la democracia tiene los días contados", o la versión de que vamos a un enfrentamiento civil, porque los que hoy mandan "necesitan violencia, porque sólo generando terror en la población pueden legitimar su permanencia en el gobierno", pretenden crear una atmósfera de desconcierto y perturbación para el ciudadano inadvertido.

Son los mismos que callaban sumisamente cuando la prepotencia autoritaria inflamaba la atmósfera social con la proclama iracunda "vamos por todo". Cuando la amenaza desde el atril aventaba el miedo como recurso de un régimen basado en los principios de la hermandad de la camorra.

No se han dado cuenta, quizás porque en su alucinación imperial no pueden reconocer la eclosión de las fuerzas morales de un pueblo cuando reacciona en la preservación de sus libertades, que ese pueblo se reunió el 1A con la espontaneidad del iluminado para decir que el cambio que han reclamado y decidido con el voto es de una Argentina que se construyó con trabajo y con sangre, que logró emprender un día el camino de la paz, del respeto a la ley, a la verdad y al Estado de derecho.

Una Argentina que, aunque casi desvanecida en el tiempo como secuela de décadas de caudillismos y mesianismos devastadores, quiere volver a levantarse sobre los cimientos de esas fuerzas morales que la hicieron una nación digna y próspera, fundada en la honorabilidad y la honradez de los hombres públicos, en la solidaria comunidad de unos ciudadanos que aman la libertad y atesoran la conciencia cívica del respeto a la ley.

Pero también se equivocan quienes no han advertido que el clamor del pueblo en la asamblea del 1A ha sido un llamado al ejercicio de la fuerza coercitiva de la ley. Se hartó ese pueblo de la impunidad, no sólo la derivada de la impericia o la venalidad de algunos jueces, sino la que resulta del abuso despótico de la protesta social, que ultraja cotidianamente a la mayoría de un pueblo, avasallando impunemente sus derechos, mientras el Estado se limitaba a contemplar la escena. Y digo se limitaba porque parece haber comprendido el mensaje o la advertencia del pueblo.

En la Argentina parece ignorarse que la norma jurídica, la ley, lleva en sí misma un componente que procura asegurar su cumplimiento. La ley es coercible, ello significa que en caso de inobservancia debe hacérsela cumplir por la fuerza.

La coacción es la acción que se ejerce sobre una o más personas para obligarlas a obrar de acuerdo a lo que prescribe la ley. Y el principio de igualdad ante la ley exige que absolutamente nadie esté exento de ser compelido por la fuerza a cumplirla.

Cuanto menor es la cultura cívica y moral de un pueblo, mayor es la necesidad de la coerción en el cumplimiento de la ley. El Estado tiene, no sólo el derecho, sino el deber de ejercer esa fuerza coactiva de la norma jurídica.

Quizá uno de los daños de la represión de la dictadura militar, que no se ha aquilatado aún, es la confusión que ha acarreado esa represión arbitraria y cruel, que no partía de la fuerza legítima de un Estado de derecho, sino de un régimen dictatorial que detentaba el poder del Estado por la fuerza.

Porque la consecuencia ha sido considerar a toda represión como ilegítima, cuando en realidad se la confunde con la fuerza legal que el Estado detenta para que las leyes se cumplan y el Estado de derecho no sea una letra muerta. Por eso, a esa fuerza legítima y obligatoria se la denomina, a veces, interesada o incorrectamente, como violencia. Algunos analistas y periodistas inadvertidos incurren en ese equívoco.

Esa inexacta noción es aprovechada por aquellos promotores de las convulsiones sociales, que provocan las marchas y los enfrentamientos con las fuerzas policiales, a veces con sus rostros cubiertos y armados de palos y otros elementos que empuñan como armas, para acusar de "represiva" la reacción destinada a disolver la manifestación, induciendo para ella la calificación de acción violenta, cuando en realidad se ha utilizado la fuerza legal para reprimir el acto ilegítimo violento.

Basta recordar que el Código Penal es un código represivo. Mientras se esté comprobando la comisión de un delito, es derecho del Estado reprimirlo para hacerlo cesar. Y es obligación de la autoridad ejercer esa acción.

Es preciso, no obstante, que el Gobierno no confunda la proclama de la asamblea del pueblo expresada en la Plaza de Mayo, en cuanto al reclamo de la aplicación estricta y permanente de la ley para garantizar el libre ejercicio de las libertades individuales, con el otorgamiento de un apoyo político, o la atribución de facultades de disposición que excedan la toma de decisiones que contemplan la consulta, el consenso y, en definitiva, la demanda de una acción de gobierno que demuestre el cambio proclamado y votado, dejando atrás el personalismo y el autoritarismo que se ejercían en la oscuridad de los despachos.

La aplicación estricta de la ley es condición para la pacificación de los espíritus de los argentinos, sin la cual no habremos de producir el cambio anhelado que hemos votado, para la prosperidad de la nación y el bienestar de los ciudadanos.

El autor es ex fiscal general de la Justicia Federal.