Emergencia educativa y presupuesto nacional

José Castillo

Una vez más el legítimo reclamo de los trabajadores de la educación por salario, condiciones de trabajo y presupuesto pone al desnudo la profunda crisis de la escuela pública. Resulta necesario declarar ya la emergencia educativa y volcar una partida del presupuesto nacional para dar soluciones inmediatas, en aras de una salida de fondo que apunte al desarrollo de la escuela pública, estatal, gratuita, laica y de calidad. Entre tanto, el Gobierno de Mauricio Macri hace todo lo contrario: demoniza a los docentes, mientras continúa fomentando el negocio de la educación privada.

El Gobierno nacional se sigue negando a convocar a la paritaria nacional y ofrece, junto a los gobernadores, un miserable aumento en cuotas, muy por debajo de la pérdida del poder adquisitivo de 2016 y la inflación proyectada para 2017.

Muchas generaciones se han formado en la escuela pública. En nuestro país fue de las mejores durante un gran período. Somos el único país latinoamericano que posee cinco premios Nobel educados en ella. Con el advenimiento de la crisis del capitalismo cambió el modelo y el planteo es: "Cada niño que quiere estudiar debe pagar". De esta forma, la educación se convirtió en una mercancía más.

Con la dictadura de Videla-Martínez de Hoz se atacaron el presupuesto y los derechos laborales de los docentes. Con Raúl Alfonsín se acordó el Plan Brady, y junto al Banco Mundial se impulsó el denominado Congreso Pedagógico Nacional que promovió la proliferación y la financiación de la educación privada. Carlos Menem fue quien más cambios estructurales impuso: la ley de transferencia del sostenimiento del sistema educativo de la nación a las provincias fue el cambio más destructivo, atomizó los presupuestos, la organización gremial y los reclamos a cada provincia. Completó su obra con la ley federal de educación con la que proliferaron las escuelas privadas y modificó el sistema universitario con la ley de educación superior.

El kirchnerismo derogó la ley federal de educación pero mantuvo los pilares de provincialización del sistema educativo. Cada gobierno aportó su cuota de destrucción a la educación pública y gratuita.

La única salida es la renacionalización del sistema educativo, haciendo indelegable la responsabilidad del Estado nacional en el financiamiento del conjunto del sistema educativo; tendrá que destinar para ello el 10% del PBI o su equivalente, el 25% del total del presupuesto nacional.

 

El autor es economista. Dirigente de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda.

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