Cuando el PJ y los gremios apoyaron la cruzada de López Rega contra la "infiltración marxista"

Por Marcelo Larraquy

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En el festejo del 17 de octubre de 1974 Isabel Perón saludó la movilización desde el balcón de la Casa Rosada. Las estructuras gremiales eran un actor poderoso de este proceso, pero casi insignificante, en términos de influencia, comparadas con López Rega. Desde la muerte de Perón, su presencia junto a la Presidenta, día y noche, era permanente. Estaba en el centro de todas las tomas de decisiones. El jefe radical Ricardo Balbín, que había sido invitado por Isabel a su primera reunión de gabinete, le había pedido que acotara la influencia del ministro porque era un "factor de irritación", y además mencionó que en Bienestar Social había armas. Isabel reaccionó contrariada por esa opinión y desalentó delante de todos, incluso de los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, cualquier expectativa sobre la suerte del ministro. Dijo que lo que era bueno para Perón también sería bueno para ella.

Desde entonces, López Rega, que había ocupado el dormitorio de Perón en la residencia de Olivos, se ocupó de concentrar el poder que nunca había tenido en las estructuras partidarias, gremiales ni de ningún otro sector. Su poder había emanado del matrimonio presidencial y ahora dependía solo de Isabel, a la que buscaba consolidar tanto en su personalidad como en su política.

Para terminar con la "infiltración marxista", López Rega continuó administrando y distribuyendo recursos asistenciales del Estado, se convirtió en el jefe virtual de la Policía Federal y sumó el control de los medios de comunicación. Es decir, manejó tres instrumentos de poder: el dinero, la policía y la censura. A su discurso verticalista, como el del PJ, siempre le agregaba alguna connotación esotérica o mesiánica. Decía que su misión era salvar a la Argentina.

Ese segundo semestre de 1974, López Rega impulsó la estatización de los canales de televisión que tenían las licencias vencidas —aunque Perón había evitado esa decisión— y colocó en puestos de jerarquía a sus hombres de confianza para que la nueva programación recuperara "el ser nacional". A partir de su gestión, no hubo espacio para el disenso, las críticas, el humor político. Sí para la censura, las amenazas y las bombas contra personalidades de la cultura y el espectáculo, que en muchos casos decidieron exiliarse.

El tradicional festival de folklore de Cosquín, Córdoba, fue suspendido por propiciar el "cancionero marxista", según la nueva directriz justicialista. Para la prensa también tronaría el escarmiento. Primero habían sido los medios partidarios vinculados al ERP, que tras su ilegalización en 1973 ya no podía ser mencionado por los medios. Las agencias de noticias extranjeras tenían prohibido difundir noticias locales en la Argentina. Después, Perón prohibió por decreto los semanarios de la izquierda peronista El Descamisado, El Peronista y Militancia, e Isabel cerró el diario montonero Noticias —al que ya le habían colocado una bomba— por "no contribuir a la pacificación nacional". El mismo fin tendría La Causa Peronista, por "apología del delito" en su relato sobre el crimen de Aramburu. Las restricciones también alcanzaron a Crónica, por oponerse a la estatización de los canales, al periódico La Calle, del Partido Comunista, por infundir "desánimo" y sumarse a "la subversión, el desorden y el delito".

Portada de “Argentina. Un siglo de violencia política”, de Marcelo Larraquy
Portada de “Argentina. Un siglo de violencia política”, de Marcelo Larraquy

En la gestión lopezreguista de la comunicación se censuraron películas, se levantaron programas de televisión, y cada acusación desde el Estado era acompañada por las bombas de la Triple A. El aparato político del PJ y los gremios compartían la cruzada ideológica del ministro, pero recelaban de su protagonismo. Sobre todo de su ascendiente sobre Isabel. Su peso político se respaldaba en ella. Perón había aconsejado a su esposa que abriera la gestión a figuras de otros partidos para reforzar la institucionalidad. En cambio, Isabel cerró la posibilidad de una coalición y con el correr de los meses se fue desprendiendo de las figuras proclives a la moderación —y, por ende, menos ortodoxas— del peronismo.

La caída de Cámpora había arrastrado al ministro del Interior, Esteban Righi, y al canciller Juan Carlos Puig, que tenían el apoyo de la Tendencia, y fueron reemplazados por Benito Llambí y Alberto Vignes, respectivamente. Después de la muerte de Perón, con las renuncias del gabinete a su disposición, Isabel aceptó la del ministro de Educación, y médico de Perón, Jorge Taiana —que López Rega caracterizaba como un "protector de Montoneros"— y las de los ministros de Defensa y de Interior, Ángel Robledo y Benito Llambí, que objetaban el rol de López Rega. Unos meses después aceptó la renuncia de José Gelbard. Perón le había encomendado que era el único al que no debía dejar ir.

Con los cambios, Isabel profundizó la ortodoxia en su gobierno. El nuevo gabinete era la representación plena de las Directivas del PJ de octubre de 1973. Una de las figuras del elenco gubernamental era Oscar Ivanissevich, ministro de Educación, convocado para profundizar la tarea de "extirpar el marxismo" de la universidad. Adolfo Savino en Defensa, como Alberto Vignes en la Cancillería, representaban a López Rega y a Licio Gelli, de la logia masónica Propaganda Due. Alberto Rocamora, en Interior, que era un peronista histórico aunque no cerradamente ortodoxo, trataba de operar internamente contra el ministro, pero sus posibilidades eran escasas.

Como temía una represalia personal de López Rega, se vio obligado a evitar cualquier investigación sobre la Triple A, e incluso, tras el crimen de un periodista de La Opinión, Jorge Money, pidió colaboración al periodismo para que ayudara a investigar quiénes eran los responsables de esa organización. En septiembre de 1974, desde el Congreso, la represión fue reforzada por la Ley de Seguridad, en forma coincidente con el cumplimiento de la promesa del ERP de ajusticiar indiscriminadamente a oficiales de las Fuerzas Armadas en represalia por los fusilamientos de Catamarca.

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La nueva Ley de Seguridad permitió detener a personas por cuestiones ideológicas, criminalizar los conflictos obreros y clausurar medios de prensa. Imponía prisión a los que, "con postulados ideológicos", intentaran alterar o suprimir "el orden constitucional y la paz social", incluía también entre los delitos "el adoctrinamiento, el proselitismo", y extendía la pena a periodistas o responsables de medios de comunicación que propagaran hechos o imágenes sobre las "conductas sancionadas". Mediante la Ley de Seguridad, las huelgas laborales fueron declaradas ilegales y los extranjeros que incurrieran en estos delitos eran pasibles de expulsión del país. El "enemigo" no era solamente el que se había "infiltrado" en el Movimiento, sino también la "guerrilla internacional". La visión del problema era más global.

Uno de los artífices de este cambio de paradigma fue el jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, que estableció un acuerdo secreto con los organismos de seguridad de Bolivia, Uruguay y Chile para perseguir a los refugiados de esos países que escapaban de la represión militar. El acuerdo permitía que agentes extranjeros operaran contra los exiliados en la Argentina. Cuerpos de uruguayos, chilenos y bolivianos empezaron a aparecer en baldíos. Una de las víctimas fue el ex ministro de Defensa de Allende, general Carlos Prats, quien intercambiaba cartas afectuosas con Perón. Prats murió junto a su esposa por la explosión de una bomba colocada por un agente de la inteligencia chilena debajo de su auto el 30 de septiembre de 1974, en un atentado que contó con la colaboración del Departamento de Asuntos Extranjeros (DAE). La zona había sido "liberada" por la policía.

Esta política de cooperación policial interregional, germen del Plan Cóndor que luego implementaría la dictadura argentina con sus pares de los países vecinos, se instrumentó a través del DAE, que funcionaba como una central de informaciones para las embajadas. El 16 de mayo de 1974, poco antes de su muerte, Perón se había reunido con Augusto Pinochet, que hacía una escala en el aeropuerto de Morón. Fue el único presidente constitucional latinoamericano que recibió al dictador chileno. El comisario Villar, que se consideraba el funcionario mejor preparado para combatir la guerrilla, mantenía una disputa personal con López Rega por el manejo de la Policía Federal. Esta disputa terminó cuando Montoneros hizo volar su crucero en las aguas del Tigre el 1º de noviembre de 1974. En el atentado murieron él y su esposa. A diferencia del crimen de Rucci, Montoneros asumió este hecho. "Aquí nadie se jubila de asesino o de traidor porque tarde o temprano lo alcanza la Justicia Popular. Esa justicia también ha de alcanzar a sus jefes y sus cómplices. Fervorosamente esperamos que el ministro López Rega cumpla su palabra de ponerse el uniforme de policía y combatir como lo hacía Villar, que no huya al extranjero a disfrutar lo que ha robado en la Argentina", lo desafió.

López Rega estaba en la mira de la guerrilla, pero se mantenía siempre junto a Isabel como resguardo. Montoneros no quería que un atentado también se llevara la vida de la viuda de Perón. Después de la muerte de Villar, López Rega tuvo mayor control de la represión, pero debió resistir la presión de las Fuerzas Armadas, que intentaban que el poder político les diera aval oficial para salir de los cuarteles a combatir a la guerrilla.

Este artículo es una versión condensada del libro "Argentina. Un siglo de violencia política", de Marcelo Larraquy (Sudamericana).

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