En el país de la anomia, es lógico que muchos piensen que la acumulación de leyes y normas, mas no su cumplimiento, son la solución para tantos problemas cotidianos. El fenómeno de las adicciones cuadra a la perfección dentro de esta premisa. Hace tiempo que quedó demostrado que sobran los plexos normativos y las regulaciones de todo tipo. Hace tiempo también que quedó en evidencia la falta de voluntad de políticos y ciudadanos para cumplir con lo que las leyes ordenan y demandan. Sobran normas e ideas, falta compromiso verdadero.

El último decreto 1249/2016 de declaración de emergencia nacional en adicciones terminó siendo algo así como un serrucho sin dientes. Tuvo mucho de impacto público-mediático, pero poca concreción en términos prácticos (más allá de una señal hacia la Pastoral Nacional de Drogadependencia). Además, si alguien entiende que la epidemia de drogas en Argentina puede ser frenada con una partida presupuestaria adicional de 170 millones de pesos, cuando en términos comparativos se amplió en casi dos mil millones de pesos el monto destinado a pauta y propaganda oficial, queda claro que no estamos ante un tema que realmente desvele al Ejecutivo. En un año electoral, prioridades son prioridades.

A esto se le suma la nueva movida de la Pastoral Nacional, algunos referentes de organizaciones sociales y un par de oportunistas que proponen extender la emergencia en adicciones cuando aún no han transcurrido ni tres meses de su publicación en el Boletín Oficial. Fundamentan su urgencia en que el plazo establecido hasta fines de 2018 es sumamente escaso para instrumentar un verdadero Plan Nacional en Prevención y Asistencia de las Adicciones, y reclaman en la Cámara de Diputados de la Nación la urgente sanción de una ley de emergencia por cinco años (con la correspondiente asignación presupuestaria).

Vuelvo al comienzo y reafirmo mi idea de que este problema no se resuelve sumando leyes, sino haciendo cumplir las existentes. Como punto de partida, es todo un síntoma de desprecio jurídico que en nuestro país ni siquiera se cumpla con ciertos derechos básicos, garantizados por la Constitución Nacional tras el reconocimiento de los pactos y las convenciones internacionales luego de la reforma de 1994. Por ejemplo, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos determina: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". O la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por ley nacional n° 23849 (1990) y con jerarquía constitucional al incorporarse al artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna. Alcanza con el ejemplo, pero es posible seguir citando más.

Creo que antes de exigir una ley que extienda la declaración de emergencia y que valide presupuestariamente una situación de índole extraordinaria (no se puede naturalizar durante cinco años un contexto de emergencia), bien harían los representantes de la Iglesia y los militantes de organizaciones sociales en reclamar políticas concretas y efectivas para dar cumplimiento a tantos derechos constitucionales postergados, y que tienen clara incidencia en la problemática que nos convoca.

Bien harían también en reclamar la aplicación del conjunto de leyes referidas al ámbito de las adicciones que, si se cumplieran y si se contara con el presupuesto necesario para su correcta implementación, serían de suma ayuda en esta pelea desigual. Es la correcta aplicación de las leyes existentes, mas no su acumulación y su superposición, lo que determinará el éxito o el fracaso de las políticas públicas sobre drogas.

Un primer ejemplo interesante es la ley 25586, norma promovida por la misma Iglesia, que estableció en 2009 el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas. Más allá de algunas campañas y afiches aislados, ¿se plasmó la norma en las aulas? No. La realidad es que llevamos perdidos más de cinco años en su aplicación concreta en los tres niveles de enseñanza. Mientras tanto, en noviembre del año pasado, la Comisión de Educación del Congreso de la Nación emitió dictamen favorable a un proyecto de ley de propuesto por la diputada Paula Urroz, referido al dictado de talleres especializados sobre adicciones, de asistencia obligatoria en las escuelas. Superposiciones normativas. La rueda reinventada.

Tampoco se cumple la ley de estupefacientes 23737. Por motivos estrictamente ideológicos, embebidos de una pátina jurisprudencial que se remonta al año 2009 tras el fallo Arriola, algunos artículos han caído en desuso. Otros han sido puestos en tela de juicio o bien anulados por la entrada en vigencia (pero no por la efectiva aplicación) de la ley de salud mental nº26657. Incluso, sin ir más lejos, el artículo quinto es hoy eje de la discusión parlamentaria en torno al cultivo de marihuana para fines medicinales. Todo es discutible, nada es cumplible.

El enfoque sociosanitario de la ley de drogas nunca terminó de comprenderse en su total plenitud, tal como fue concebida por los legisladores allá por 1989. En el marco de la discusión ideologizada sobre la guerra a las drogas, siempre se la vio como una imposición criminalizadora del "Consenso de Washington". Su sola defensa, hoy en día, es hasta políticamente incorrecta para un amplio sector del pensamiento pseudoprogresista. Y con el desguace de la Sedronar y la ruptura de la política pública integral sobre drogas, la tergiversada ley 23737, que durante décadas fue la principal herramienta de tantas familias para rescatar a sus hijos de las adicciones, perdió su referencia institucional. Otra ley difunta.

En el plano de la regulación de las drogas legales, desde 1997 existe una ley nacional que prohíbe en todo el territorio nacional el expendio a menores de 18 años de todo tipo de bebidas alcohólicas. Con el decreto 149/2009, la ley nº 24788 de lucha contra el alcoholismo quedó debidamente reglamentada. Su articulado es realmente interesante en cuanto a propuestas de control en general, e incluso avanza en ciertos parámetros de regulación de los mensajes publicitarios. La provincia de Buenos Aires también se encaminó a un marco normativo sobre alcohol, como la creación del Registro de Expendio de Bebidas Alcohólicas (REBA) y la ley de nocturnidad 14050. Recientemente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó una norma que limita la publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública y que ya fue tildada de "inconstitucional" por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Huelga decir que en el país de la anomia y del atajo fácil, el nivel de cumplimiento de todo este paquete de leyes es realmente bajo. Aún no existe castigo ejemplificador para la conducción con más de 0,5 gramos de alcohol en sangre. Tampoco se avanzó un milímetro en el anunciado proyecto de alcohol cero al volante. No escucho a nadie reclamar por ello. Por el contrario, todo apunta a seguir flexibilizando los imaginarios sociales. La propuesta de permitir a menores ingresar a boliches en provincia de Buenos Aires, convertida en ley y luego criteriosamente vetada por la gobernadora María Eugenia Vidal, es otra muestra más de tantas incongruencias.

Lo mismo sucede con las medidas antitabáquicas. Si bien es mucho lo que nuestro país ha avanzado en este sentido, con la sanción y la reglamentación de la ley 26687, no menos cierto es que Argentina es uno de los pocos países que aún no ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. Desde septiembre de 2003, cuando el ex presidente Néstor Kirchner adhirió al convenio, el Congreso Nacional está en grave falta con la salud pública en Argentina. Al año, 40 mil argentinos mueren por culpa del cigarrillo. ¿No es motivo suficiente para que se reclame en el Parlamento la urgente ratificación de este convenio?

Dentro de sus reuniones institucionales con funcionarios y legisladores, bien haría también la Iglesia en solicitar al presidente Mauricio Macri la reglamentación de la ley 26934 Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP), que brinda sólidos cimientos para sustentar una política pública federal, con fuerte énfasis en atender el problema de las adicciones en los contextos de mayor pobreza y exclusión social.

Como eje central, este plan integral aseguraba la asistencia sanitaria integral gratuita a todas las personas afectadas por algún consumo problemático y establecía la creación de los denominados centros comunitarios de prevención de consumos problemáticos que se instalarían en los barrios más vulnerables del territorio nacional. Dice la norma: "Dichos centros atenderán las demandas de los consumidores y sus familiares, como así también recorrerán el territorio a fin de acercar a la comunidad información sobre las herramientas de asistencia sanitaria, los centros de salud disponibles, los planes de inclusión laboral y educativa que forman parte del plan y así lograr facilitar el acceso de los/as ciudadanos/as afectados a los mismos".

En clara sintonía con la ley de salud mental, el Plan IACOP impulsa también la asistencia de los adictos en hospitales polivalentes y apunta a garantizar la disposición de camas cuando es requerida una internación en casos extremos. Paradójicamente, y alineada con esta idea del exceso normativo no cumplido, ninguna de ambas leyes se aplica. La de salud mental porque al incluir la temática de adicciones bajo su órbita se convirtió en una cáscara utópica e impracticable para un sistema de salud pública absolutamente colapsado. Y la IACOP porque desde su promulgación, el 29 de mayo del 2014, es una herramienta desdentada, sin autoridad de aplicación ni un peso de presupuesto.

Poner nuevamente en agenda la ley Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos implicaría comenzar a pensar en un Estado con presencia efectiva en los barrios de mayor vulnerabilidad. Barrios en donde durante años, justamente por ausencia de esas intervenciones tan necesarias, fueron la Iglesia y algunas organizaciones sociales las que se ocuparon de contener, acompañar y recuperar a tantos chicos sometidos a sufrimiento social.

Actualmente, el millonario programa de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) lanzado por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en 2014 y hoy administrado por la ex Sedronar junto a Caritas, la recientemente creada Federación de Centros Barriales Familia Grande Hogar de Cristo de los curas villeros, y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), apuntala desde el Estado este loable accionar territorial.

Vaya desde esta columna mi siempre sincero reconocimiento a la noble labor de amor pastoral que desarrolla la Iglesia desde su red de parroquias, especialmente en la temática de las adicciones. Pero ya es tiempo de que, además de expresar preocupación a través de una emergencia, el Estado también evidencie su ocupación. Reglamentar la ley IACOP sería un paso trascendental, sin necesidad de forzar nuevas leyes, ni delegar obligaciones indelegables, ni seguir incrementando las transferencias de fondos a terceros privilegiados.