La adecuada regulación de los conflictos de interés —situaciones en las cuales las decisiones de los funcionarios podrían estar influenciadas por sus intereses privados— no sólo debería ser una de las principales preocupaciones de una política seria de control de la corrupción estructural, también debería ser objeto de especial atención para la coalición gobernante, pues se trata del talón de Aquiles de su retórica de transparencia e integridad.

La precariedad de la regulación vigente en esta materia resultó evidente en todas las administraciones. De los últimos años se destacan, en particular, los frondosos negocios de obra pública que hicieron los amigos del poder durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El problema no son sólo las sospechas de corrupción que hoy investiga la Justicia penal. Si nadie se hubiera quedado con un peso ajeno y las obras se hubieran completado, la confianza pública en los funcionarios igual hubiera sufrido al ver revuelto lo público y lo privado. Es que, más allá de prevenir potenciales hechos de corrupción, las políticas de conflictos de interés buscan proteger la confianza ciudadana en la imparcialidad de las decisiones públicas, principio central de la democracia representativa y del Estado de derecho.

El Gobierno actual desoyó las advertencias que generaron situaciones como la del secretario de Coordinación y Políticas Públicas, y ex CEO de LAN, Gustavo Lopetegui o la del ministro de Energía, y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, hasta que se conoció el acuerdo concursal alcanzado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones con la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia del Presidente. Ante el impacto público del caso, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso se anunciaron dos decretos sobre juicios y contrataciones para la gestión de conflictos de interés.

Las críticas de la academia, de la sociedad civil y de los propios organismos de control a la precaria regulación de los conflictos de interés en la ley de ética pública (de 1999) son ya historia antigua. En el ámbito específico de compras y contrataciones, como señalé aquí, las debilidades son notorias, en especial en relación con el sistema de inhabilidades para contratar. Esa frágil regulación empeoró notoriamente en 2016 con la sanción de un nuevo reglamento de contrataciones que eliminó la prohibición de contratar al cónyuge, los padres o los hijos de los empleados y los funcionarios respecto de las compras del organismo en donde se desempeñan. Las debilidades del sistema nacional de regulación de conflictos de interés no pueden ser atacadas sin reformar de manera integral la ley de ética pública.

La clase política parece haberlo advertido, al menos mientras ocupó papeles opositores. Desde 1999 hasta ahora se presentaron en el Congreso 41 proyectos para reformar aspectos de la norma vinculados con conflictos de interés: 31 en Diputados y 10 en el Senado. La evolución anual muestra que se presentaron más proyectos en 2016 (7); seguido por 2014 (6); 2012 y 2002 (ambos con 4), 2015 y 2001 (ambos con 3); 2013, 2010, 2009, 2006 y 2000 (todos con 2); 2008, 2004 y 2003 (todos con 1). No se presentó ningún proyecto en 2007, tampoco en 2005.

La distribución de proyectos por partido es: 14, Unión Cívica Radical; 7, Coalición Cívica; 6, PJ/FPV; 4, GEN; 4, otros; 3, PRO; 1, partidos de izquierda; 1, MPN; 1, Frepaso. El PJ/FPV no presentó ningún proyecto durante los 12 años que gobernó el kirchnerismo, excepto en 2012, a través de un diputado opositor al FPV. La mitad de sus proyectos se inició durante el primer año de Gobierno de Cambiemos. La UCR presentó 2 proyectos mientras gobernaba Fernando de la Rúa y 11 mientras gobernaba el PJ/FPV, pero ninguno durante el primer año de Gobierno de Cambiemos. También se destaca que: de los tres proyectos del PRO, dos fueron presentados por la actual titular de la Oficina Anticorrupción (en 2012 y 2010); y que el Poder Ejecutivo nunca presentó un proyecto en materia de conflictos de interés, a pesar de que la Oficina Anticorrupción elaboró un anteproyecto en 2003 que propone mejoras sustanciales en materia de antecedentes laborales de funcionarios electos y designados, definición de conflictos de interés, acciones preventivas e incompatibilidades.

Siguiendo con la épica homérica, Cambiemos debería recordar la epopeya de Ulises, que luego usaría Spinoza para proponer un soberano limitado por el derecho al señalar: "Los reyes no son dioses sino hombres que se dejan a menudo engañar por el canto de las sirenas". Como Ulises, que luchaba entre su yo actual y futuro, muchos funcionarios tienen una suerte de doble personalidad entre la función pública y el sector privado. Las reglas que aseguran el éxito en un mercado concentrado, corporativo, altamente dependiente del Estado y no acostumbrado a rendir cuentas no aseguran el éxito en la política, igual de opaca pero siempre sujeta a la volátil confianza ciudadana.

El Presidente y sus funcionarios deberían atarse al mástil, pero atarse en serio. Un decreto limitado, derogable por la sola voluntad de quien lo dicta —a la vez objeto principal de la regulación— y aplicado por un organismo sin independencia administrativa ni financiera, cuya titular es designada en forma discrecional por el controlado (como la Oficina Anticorrupción), sería autofrustrante. Si desatarse hubiera dependido de Ulises, él y su tripulación hubieran sucumbido en la isla de las sirenas. La clave es el compromiso del conductor con sus compañeros: los inmuniza tapándoles los oídos con cera, les ordena que lo aten y les recuerda que, si les manda desatarlo, desobedezcan y lo aten más y mejor. No es difícil imaginar qué deberían hacer los socios políticos del Presidente: convencerlo de enviar al Congreso un proyecto de reforma integral de la ley de ética pública y garantizar su aplicación por parte de un organismo independiente. Proyectos sobran, sólo falta voluntad política.

La autora es abogada, magíster en Derecho (Universidad de Yale).