La nacionalidad como excusa frente a la incapacidad en materia de seguridad

Argentina tiene una admirable legislación inmigratoria pero también un Estado que no se preocupó y no se preocupa demasiado por llevar a la práctica la ley, y algunos políticos que fomentan la xenofobia porque en ciertos distritos da rédito electoral. Con el fin de afrontar realmente este problema es imperativo un debate parlamentario para remediar lo legislado por decreto para mejorar todas las herramientas contra el delito, pero sin ningún tipo de discriminación. Pero, para poder dar ese debate, debemos hacer un diagnóstico de la situación actual.

Legislación de vanguardia

En diciembre de 2003, gracias al aporte sustancial del diputado socialista Rubén Giustiniani, oficialismo y oposición le pusieron fin a una verdadera deuda de la democracia con los países que originan inmigración a nuestro país, básicamente Paraguay, Bolivia y Perú, pero también Uruguay y Chile, en ese orden.

En enero de 2004 se promulgó la ley 25871, y en ese marco se inició la política de gestión migratoria más elogiada en el mundo, que alcanzó su punto más elevado con el lanzamiento del programa Patria Grande, un plan nacional de normalización documentaria migratoria para extranjeros nativos del Mercosur y Estados asociados. Gracias a ese programa se concretó la más grande regularización de inmigrantes de toda la historia en pocos años. Se resolvió el caos inmigratorio de la Argentina. Entre 2004 y 2009 se otorgaron cerca de 750 mil radicaciones, de las cuales más del 80% corresponden a inmigrantes bolivianos, paraguayos y peruanos.

La ley de vanguardia 25871 se reglamentó recién en 2010, con una activa participación del Foro de Migrantes que constituimos desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y ni siquiera se pudieron coordinar desde el Gobierno nacional políticas públicas con el distrito más atractivo para la población migrante, la Ciudad de Buenos Aires, donde hubo muertes de migrantes por incendios en talleres clandestinos y víctimas de represión policial como en el Parque Indoamericano.

Discriminación a los migrantes

En los mapas de la discriminación en la Argentina que elaboramos en el Inadi, provincia por provincia, entre el 2007 y el 2009 surge contundente en todo el país y en los primeros lugares la discriminación a migrantes, por nivel socioeconómico y por color de piel.

Si tomamos los datos de los mapas de la discriminación del 2013 —lamentablemente último año en que se hizo el relevamiento—, el nivel socioeconómico aparece primero entre los pretextos de discriminación experimentados y percibidos, y séptimo entre los denunciados. La condición de migrantes aparece segunda entre los pretextos discriminatorios experimentados, tercera entre los percibidos y cuarta en la lista de los denunciados. El color de piel es tercero en el ranking de los experimentados y séptimo entre los percibidos.

En la actualidad, nuestro país, al tiempo que es uno de los protagonistas del proceso de integración regional, cuenta con una de las legislaciones más progresistas en materia de derecho migratorio. Sin embargo, en una parte importante de la población de nuestro país aún persisten imaginarios estigmatizantes. El 33% de las personas encuestadas acuerda con la frase "La Argentina debe ser sólo para los argentinos". Aunque el 67% piensa que la Argentina debe estar abierta a todo el mundo que quiera venir (2013).

En el terreno de las representaciones sociales sobre los migrantes cobran especial atención aquellas referidas a la competencia laboral. Considerando la importancia que asume esta problemática en nuestra sociedad, de los resultados de los estudios es posible observar que las personas migrantes, especialmente aquellas de países limítrofes, son vistas como una amenaza para amplios sectores de nuestra sociedad: el 41% de la población acuerda total o parcialmente con la frase: "Los trabajadores que vienen de otros países les quitan posibilidades a los trabajadores argentinos".

En el ciclo 2003-2009, de gran recuperación del mercado de trabajo, los inmigrantes de países limítrofes y Perú ocuparon menos de 7% del crecimiento del empleo, cuatro quintas partes en el sector informal. En el sector formal, la proporción de ocupación de nuevos empleos fue inferior al tres por ciento. Pero lo que quizás sea más importe: no parece que sean una competencia muy grande para los hogares locales pobres. En el 20% de menores ingresos, los inmigrantes detentan el 8% de los puestos, llegan al 9,5% de los empleos informales de este quintil.

Inseguridad y migrantes delincuentes

Del total de la población penitenciaria sólo el 6% es de otros países (4.300 sobre 71.000 presos). Esto es que sólo el 0,2% de los extranjeros que residen en el país está detenido. La cifra se mantuvo más o menos estable en los últimos 10 años, según datos oficiales. Del total de presos por infracción a la ley de drogas, 1.400 son extranjeros, es decir, el 17,5%, en el caso del principal delito por el cual hay nacionales de otros países detenidos.

La ley de migraciones del 2003 expresamente dice que será causa de impedimento de ingreso y permanencia de extranjeros el hecho de haber sido condenado o estar cumpliendo en Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, o por lavado de dinero o por inversiones en actividades ilícitas. Otra cuestión es si efectivamente se controla y se hace cumplir esta ley. En todo caso, el reciente decreto del Poder Ejecutivo, que modifica leyes por decreto, implica una injustificada violación a la Constitución y una práctica deficitaria en términos democráticos. Es una política regresiva que podrá ser utilizada con discrecionalidad más allá de la situación delictiva y que incrementa la permisividad discriminatoria en las fuerzas de seguridad.

Podemos concluir que son varias y profundas las deudas pendientes en materia migratoria: faltan campañas contra la discriminación, mejorar la institucionalidad para acompañar a las víctimas de los delitos, incluidas las de la discriminación. Faltan multas y sanciones y que se apruebe la reforma a la ley antidiscriminatoria que impulsamos desde hace años junto con el conjunto de movimientos y organizaciones de las diversidades.

@Lubertino

La autora es profesora titular de Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, UBA. Fue presidente del INADI (2006-2009).