El facilismo de prohibir contextos y eludir responsabilidades

Analista, Investigador y Consultor en asuntos de políticas sobre drogas.

Continúa el debate sobre las fiestas electrónicas, el consumo de drogas sintéticas y el papel que debe cumplir el Estado en sus diferentes niveles. ¿Prohibir? ¿Permitir? Vedar una fiesta electrónica debido a la imposibilidad de controlarlas es como empezar a leer un libro desde la última página. No es más que observar, desde una posición sumamente facilista, sólo una parte del complejo todo pero sin asumir responsabilidades. Porque estoy convencido de que si no hubieran fallecido dos personas en Arroyo Seco, nadie estaría discutiendo la conveniencia de evitar este tipo de eventos. Con el diario del lunes, todos son estadistas. Sucede que estamos ante un Estado de tránsito lento, que sólo se despabila con los alertas periodísticos.

Prohibir una fiesta electrónica es algo así como prohibir contextos. Prohibamos las villas, así los chicos no consumen paco. Prohibamos los pubs para que nadie pueda tomar cerveza. Prohibamos los furgones de los trenes o las tribunas populares. Prohibamos para ocultar la imposibilidad de generar políticas preventivas como proceso de largo plazo, las dificultades para regular inteligentemente la nocturnidad, o las severas deficiencias para reducir la oferta de sustancias en esos eventos.

Prohibir una fiesta electrónica es centrarse en la consecuencia, no en las causas. Es llegar, sin leer los capítulos intermedios, al final de una historia que, no por repetida, se termina de aprender. La tragedia de Costa Salguero es otro mojón en este mar de olvidos colectivos. Y Punta Stage comienza a borronearse en el imaginario. Pero Cromañón debería ser el libro cabecera de cualquier funcionario que necesite comprender lo que sucede cuando el Estado se autoexcluye de velar por la seguridad de las personas. Por algo Nilda Gómez, madre de una de las víctimas de aquella tragedia, insiste con que no se puede prohibir que la gente se divierta. Lo que sí se debe prohibir es que la vida de quienes desean divertirse penda de un hilo, como en una ruleta rusa.

¿Pasarla bien a cualquier precio? No. Pero el clásico "todos los que van a esas fiestas son faloperos" posibilita bajarle la cotización a una discusión mucho más compleja, porque nos lleva al anacrónico plano de la moralidad. Pero suponiendo que en estas fiestas lo único que abunda, como maná, son drogas sintéticas y seguramente alguna que otra sustancia ilegal más, partamos por verificar por qué no se cumple la prohibición de base, que es ley de estupefacientes 23737. Desde este perspectiva del control de la oferta, ¿qué cadena de factores entró en juego para que un extranjero desembarcara un día cualquiera en Ezeiza con miles de pastillas, sorteara los controles aeroportuarios y lograra entregar la mercadería a sus contactos locales para que estos luego se ocuparan de la logística final? ¿Qué hueco en el debido control administrativo fue aprovechado para obtener los precursores químicos necesarios para producir localmente drogas de síntesis? ¿Qué complicidades gubernamentales se necesitan no sólo para que exista oferta de sustancias psicoactivas en un complejo bailable, sino para que en muchos casos se corte el suministro de agua en esos lugares? ¿Qué penalidades o sanciones recaen sobre los organizadores de estos acontecimientos sumamente lucrativos?

Mientras tanto, nadie habilita un espacio para discutir qué está sucediendo desde hace años con el consumo y el abuso de alcohol (droga legal) en ámbitos de nocturnidad, especialmente entre menores de edad. ¿Quienes salen borrachos de un boliche califican para aplicar el mismo silogismo del "todos los que van a esas fiestas"? Y suponiendo que Doña Rosa tiene razón, y que la gran mayoría de los que concurren a estas fiestas electrónicas lo hace con el exclusivo deseo de consumir éxtasis o GHB, entonces nadie debería asombrarse por la (desafortunada) expresión del secretario de Salud marplatense, quien días atrás dijo: "Si se quieren drogar, es problema de ellos".

Que lo diga Doña Rosa vaya y pase. No obstante, si la frase proviene de un médico y funcionario público a la vez, estamos ante todo un síntoma de cómo se ha logrado bajar el precio a esta polémica estival. Subir la vara sería abandonar de una vez la mirada en el objeto y centrarse en el sujeto, en las motivaciones que lo impulsan a provocarse un potencial daño o incurrir en potenciales riesgos. Subir la vara sería empezar a regular de forma inteligente los contextos de nocturnidad, velando por la seguridad e integridad de las personas, verificando que la concurrencia no exceda el límite habilitado, controlando la oferta de sustancias y haciendo valer las leyes. Subir la vara sería diseñar herramientas de regulación por parte del Estado que permitan trasladar al organizador de la fiesta electrónica el 100% de los costos sociosanitarios que hoy absorbe (indebidamente) el sector público. Subir la vara sería lograr que todo ese protocolo de salud y de seguridad a cumplimentar por el privado redujera los márgenes de ganancia, y que el trasladarlo al costo de las entradas actuara como un factor de disuasión. Subir la vara sería evitar caer, una y otra vez, en el facilismo de prohibir contextos y eludir responsabilidades.