"Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado", proclamaba Friedrich Nietzsche. Con el decreto 33/2017, recientemente publicado, el organismo responsable de coordinar la macropolítica nacional de drogas también ha desaparecido.

Como la crónica de una muerte anunciada, el espejo, finalmente, terminó por estallar en pedazos. Y desde ahora en adelante, cada fragmento intentará aportar su propio paradigma y coherencia a lo que antes, en sus orígenes, allá por comienzos de los noventa, intentó reflejarse de forma integral, programada y coordinada. No comprender la analogía nihilista de por qué se creó la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) bajo la órbita de la Presidencia de la Nación es no entender de políticas públicas sobre drogas. O quizás es creer entender, pero desde una comprensión parcializada, fruto del pedazo de espejo que se elija para ver. No hay malicia en la ignorancia.

Sépanlo. La Sedronar ha muerto. Y en este anunciado ocaso también arrastró al viejo Consejo Federal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones y Control del Narcotráfico (Cofedro). Poco importa si en ambos casos se decidió preservar la sigla original por su raigambre e identidad institucional. Poco importa si bajo el pomposo nuevo nombre de Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina se pretendió disimular la ruptura de esa integralidad fundacional de origen, que establecía un abordaje equilibrado entre el control de la oferta, la demanda y el lavado de activos. Poco importa que el decreto no sea más que un sinceramiento administrativo de una situación ya consumada en los hechos, el corolario de un lento proceso de erosión que comenzó a mediados de la década pasada, cuando el por entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, prohibió a las fuerzas de seguridad concurrir a los cursos de capacitación dictados por la Secretaría a cargo de José Granero, y facilitarle información estadística sobre decomisos.

"La Sedronar tiene que ocuparse de prevención", decía el por entonces polifuncional ministro, quien también bregaba porque el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre) dejara de depender de la Sedronar. Fernández había creado un comité de expertos itinerante, que lo acompañó desde el Ministerio del Interior hasta su última función como jefe de gabinete, y al cual le asignó las mismas atribuciones que el organismo antidrogas a cargo de Granero. El plan final era el desguace y la desaparición de la Sedronar como órgano coordinador. La ruptura de la integralidad. Bajo otro Gobierno y otro signo político, el vaticinio del recorte de funciones finalmente se cumplió.

Luego del oscuro período relacionado con el triple crimen y la ruta de la efedrina, el proceso de deterioro institucional de la Secretaría antidrogas se profundizó durante el 2013, cuando el organismo estuvo acéfalo durante gran parte de ese año. La desviada idea de "sacarle la gorra" a la Sedronar comenzó a plasmarse en el 2014, con la llegada del sacerdote Juan Carlos Molina y el desguace de la Subsecretaría de Control de Sustancias Psicoactivas, que hasta entonces entendía en el análisis técnico de tendencias, en la programación de estrategias de abordaje de la oferta con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y el relacionamiento con las fiscalías.

Como dato al margen para quienes miran el fragmento del espejo y no la integralidad (los mismos que hoy ostentan funciones en el organismo), la Sedronar nunca jamás ejecutó políticas de lucha efectiva contra las drogas, potestad del Ministerio de Seguridad de la Nación y de los gobiernos provinciales. Del mismo modo, hasta la gestión Molina, cuando se habilitó un hospital de día en pleno Microcentro porteño, la Sedronar no ejecutaba políticas de asistencia y rehabilitación directa a personas con problemas de consumo, sino que coordinaba la atención de adicciones a través de la red de comunidades terapéuticas inscritas en el registro de prestadores. Tampoco tenía dependencias ni delegaciones provinciales (salvo la sede Salta del Renpre), porque la misión original del organismo no era convertirse en un efector de políticas.

Sépanlo. Entre coordinación integral y ejecución hay un abismo de diferencia. Es como confundir macropolítica con abordaje micro, o desconocer que el fragmento del espejo forma parte de una integralidad mayor.

Este mismo desconocimiento de base ahora se trasladará también al ámbito de la cooperación internacional. En términos prácticos, un problema no menor será definir quién ostentará la representación del país ante los foros sobre drogas de la Organización de las Naciones Unidas, o de la Organización de Estados Americanos. Cabe recordar que el sistema de control y fiscalización internacional está diseñado para organismos con la doble comprensión de la oferta y la demanda, como la Junta Nacional de Drogas (Uruguay) o la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Perú). Desde 1989 y hasta fines del 2012, salvo contadas excepciones, era el titular de la Sedronar quien llevaba la posición oficial del país ante estos ámbitos multilaterales de cooperación.

A partir de ahora, ¿viajará Patricia Bullrich, portadora de una mirada más punitiva? ¿Viajará Roberto Moro, para transmitir una mirada más social por el lado de la nueva Secretaría? ¿Nace un nuevo doble comando en las políticas nacionales sobre drogas? Por lo pronto, el último convenio para luchar contra el narcotráfico suscrito con la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay el pasado mes de diciembre tuvo como contraparte argentina a Gustavo Arribas y a Silvia Majdalani, de la Agencia Federal de Inteligencia. Más incongruencias del espejo fragmentado.

A comienzos del 2016, tras la sumamente desprolija (e incluso cuestionable) migración del Registro Nacional de Precursores Químicos a la órbita del Ministerio conducido por Bullrich, la Sedronar perdió finalmente su razón de ser fundacional. El decreto 33/2017 sólo pone blanco sobre negro la novedad de que estamos ante una nueva Secretaría de Estado que atenderá sólo un aspecto de la problemática: la prevención y la asistencia. Y como no puede existir política pública sobre drogas verdaderamente integral si sólo se atiende el aspecto sociosanitario del fenómeno, en pocas palabras, estamos ante un organismo tuerto, un nuevo engendro estructural en el que dos de sus tres subsecretarías superpondrán funciones entre sí, en el que varias áreas fueron ascendidas de nivel escalafonario (traducido en más salarios), y a cuyo organigrama aún le faltan agregar cinco direcciones y diecisiete coordinaciones, para seguir alimentando el gigantesco déficit del Estado.

Retrospectivas. Casi cinco años atrás, el por entonces titular de la Sedronar, Rafael Bielsa, imaginaba "un organismo flaco, muy magro, rápido, con una gran velocidad de desplazamiento a los lugares donde está, de verdad, el problema. El abordaje está en el territorio y no en el escritorio". En sus palabras (que comparto plenamente), Bielsa demostraba comprender la lógica de esta secretaría de rango ministerial que nació en 1989 para coordinar políticas con visión integral y federal, no para ejecutarlas, no para ser un gran "elefante blanco" que, con el desembarco de la agrupación Kolina, necesitó alquilar nuevas oficinas porque la histórica sede de Sarmiento 546 quedó chica para tanta gente.

Tras casi un año de reingeniería institucional, el legado del ex canciller fue dejar aprobado el mejor organigrama que la ex Sedronar haya alguna vez tenido en su historia, plasmado en el decreto 1177/2012. Su renuncia al cargo en marzo del 2013 dejó trunco el desarrollo y la implementación de ese organismo veloz, ágil, flaco de estructura, con no más de cuatrocientos empleados. Lo demás es historia narrada.

Sépanlo. Con el espejo quebrado, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico también ha muerto. La misma que nació con Alberto Lestelle. La que gestionaron Gustavo Green, Julio César Aráoz, Eduardo Amadeo, Lorenzo Cortese y Wilbur Ricardo Grimson. La que defendió José Ramón Granero durante siete años. La que repensó Rafael Bielsa. La que Juan Carlos Molina y Gabriel Lerner debilitaron. Y la que el pampeano Roberto Moro, convidado de piedra, nunca se interesó en volver a jerarquizar. La nueva Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina no es más que una contradictoria malformación burocrática, una cáscara vacía con una dotación cinco veces mayor a aquella estructura aprobada en el 2012, y con un presupuesto de casi un mil millones de pesos para hacer lo que otros organismos ya hacen. ¿Estará al tanto el ministro Nicolás Dujovne?