Los manteros y el exceso de regulación estatal

Resulta sorprendente el talento que tenemos como sociedad para perdernos en una simple ramita de un árbol, para no sólo no ver el bosque, sino ya hasta la propia rama del árbol a la que pertenece la ramita en cuestión. Esto hace que siempre pongamos la mirada en el lugar equivocado y el carro delante de los caballos, donde lo que está sucediendo con los manteros del barrio de Once no es la excepción.

En línea con su discurso de campaña, Horacio Rodríguez Larreta avanzó en su objetivo de intensificar el combate a la venta ilegal. Así, esta semana, con una acción conjunta de la nueva fuerza policial, se intenta desalojar a los manteros de Once. De acuerdo a datos de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad hay 3.727 vendedores "ilegales", de los cuales, 1.882 se ubican en el barrio de Once. Cómo era de esperar, la primera reunión entre ambas partes durante la tarde del martes (en medio de un caos tremendo) terminó con enfrentamientos violentos, heridos y detenidos. Dichos incidentes tomaron lugar cuando la policía intentaba convencer a los manifestantes de que debían dejaran de bloquear la calle.

Sin embargo, pareciera que nadie logra percibir que los manteros son fruto de la intervención del Estado, ya que difícilmente alguien busque como formato de trabajo, el modo que ellos lo hacen. Conjuntamente, las regulaciones sobre salarios mínimos e impuestos al trabajo son el factor generador de precariedad laboral. Así, las leyes de salarios mínimos que ubican las remuneraciones por encima del valor del mercado libre hacen que aquellos trabajadores con menor cantidad de calificaciones (y por ende dispuestos a trabajar por un salario más bajo) queden afuera del mercado laboral. Así, las leyes que buscan proteger a los trabajadores más vulnerables son las principales responsables de tirarlos a la calle. Al mismo tiempo, entre el salario de bolsillo que percibe el trabajador promedio y lo que paga el empleador hay una diferencia del 63%, y el trabajo, como todo bien que no es Giffen (bien inferior en el que el efecto renta supera al sustitución generando una curva de demanda positiva a mayores precios), al volverse más caro se demanda menos. Además, si uno suma las peripecias que podría sufrir una empresa ante la necesidad de despedir un trabajador, el costo termina siendo muchísimo más alto. Por ello, no debería sorprender en lo más mínimo que 35% del país sea no registrado.

Por otra parte, la intervención violenta del Estado en el mercado de manteros, como toda acción de ese tipo traerá aparejado dos tipos de daños sobre el nivel de bienestar de los individuos. Por un lado habrá un daño directo sobre los que demandan y ofrecen productos en el mercado mantero ya que no podrán llevar a cabo transacciones que ambas partes estaban dispuestas a realizar de modo voluntario. De hecho, si este mecanismo represivo se replicara en todo el país, las transacciones perdidas ascenderían a $ 70.000 millones (fuente: CAME). Por otro lado, dado que estas intervenciones modifican el comportamiento de los individuos, ello afecta al patrón de decisiones que los mismos toman, lo cual termina derramando sobre el resto de los mercados de la economía, dando así origen a los efectos indirectos.

En simultáneo, aparece la queja de los comercios formales. Por un lado, estos comercios deben enfrentar el problema de una carga tributaria desmesurada (la cual pesa tanto sobre individuos como en empresas), la cual hace muy difícil la posibilidad de conseguir buenos resultados (ganancias), lo cual pulveriza el proceso de acumulación de capital en la economía, Por otra parte, el alquiler de los locales, fruto del enorme riesgo país (propio de un Estado que se ubica en el "selecto" grupo de los defaulteadores seriales del Mundo), implica cargar con un costo estrafalario haciendo poco competitivo al negocio. Al mismo tiempo, en medio de este destrozo fruto de la intervención del Estado, también aparece el "llanto" del empresariado en el cual se cuestiona la calidad de los bienes que ofrecen los manteros señalando que dicha competencia es deshonesta. Sin embargo, pese a que en los dos puntos iniciales los comercios formales tienen razón, en el último punto no lo tienen. Son los individuos con la compra o no de un determinado bien los que determinan la calidad de los bienes tranzados.

Naturalmente, bajo este contexto de tormento del Estado, la productividad se destruye y con ello los salarios reales caen. Caen porque al existir una menor oferta de bienes, los mismos tienen precios más altos. Y también caen por la menor demanda de trabajadores, lo cual implica menores salarios. Al mismo tiempo, los efectos directos e indirectos por el ejercicio coercitivo del Estado incrementa la pérdida de bienestar.

Por lo tanto, a la luz de lo que ha estado sucediendo con los manteros (y que también ha estado presente en el caso del Gobierno de la Ciudad, los Taxistas y los Sindicatos vs. UBER y los usuarios) vale la pena recordar una reflexión de Albert Nock plasmada en su libro "Nuestro Enemigo el Estado", en la cual afirma: "Es de gran ayuda darse cuenta del hecho público y notorio de que el Estado se moviliza de forma muy lenta hacia cualquier objetivo que devenga en beneficio de la sociedad, mientras que se moviliza rápidamente y con prontitud hacia aquellos objetivos que devienen en beneficio propio; y que tampoco se moviliza hacia los propósitos sociales por iniciativa propia sino bajo presión, mientras que su movilización en pos de propósitos antisociales surge de manera automática". O, alternativamente, como fuera afirmado por Herbert Spencer en su libro "El hombre contra el Estado": "Cuando el poder estatal se aplica a propósitos sociales, su acción es siempre lenta, estúpida, extravagante, no adaptativa, corrupta y obstructiva". Esto es, si el Gobierno (en cualquier de sus dependencias) quisiera hacer algo realmente bueno por los individuos que habitan este país, lo mejor que podría hacer es quitarse del medio lo más posible y en simultáneo reducir la esclavizante carga fiscal.