Con la sanción de la tan esperada ley de acceso a la información pública, ley nº 27.275, el 14 de septiembre del corriente año, en Argentina hemos logrado cumplir con una deuda de la democracia.

La norma, que cumple con los estándares establecidos en la ley modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA), protege y fomenta el ejercicio del derecho humano de buscar, acceder y solicitar libremente la información que se encuentra en manos no sólo del Poder Ejecutivo sino que incluye además a los otros poderes del Estado, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, lo cual representa todo un logro en pos de la adopción de medidas de transparencia.

Esto significa que, a partir de ahora, los ciudadanos podremos preguntar sobre los contenidos de las decisiones que se toman día a día que afectan a la sociedad en su conjunto y el Estado está obligado a responder. Incluso aquel sujeto obligado que negase la entrega de información deberá fundar su denegatoria dentro del régimen de excepciones contemplado en el artículo 13 de la mencionada ley.

Cabe destacar que, en la experiencia internacional, la aprobación de la ley de acceso a la información pública es la parte más sencilla del proceso de transparencia. Su implementación conlleva desafíos vinculados con el cambio de paradigma de aquellos funcionarios que controlan la información al interior de los diferentes sujetos obligados, a lo que se suma la opacidad y el secretismo en el que se vieron envueltos durante muchos años.

A su vez, este cambio cultural implica la concientización del ciudadano de que la información pública le pertenece y que, por ello, el Estado tiene el deber de publicarla en forma clara y completa, por la mayor cantidad de medios disponibles y en formatos accesibles.

A fin de implementar la ley de acceso a la información pública en el ámbito del Congreso de la Nación, presenté un proyecto que crea la Oficina de Acceso a la Información Pública por cada una de las Cámaras que lo integran.

Dicha oficina será el órgano de aplicación de la ley de acceso a la información pública a cargo de implementar políticas de transparencia activa, con el compromiso de publicar y mantener actualizada la información clave para el control de la gestión parlamentaria.

Asimismo, el proyecto propone la creación de una Comisión Bicameral de Acceso a la Información Pública como órgano garante de este derecho humano. De esta forma, se consigue garantizar los criterios de autonomía e independencia en las decisiones.

Esta normativa permitirá una mayor apertura de información en el ámbito del Congreso, a la vez que facilitará dar respuesta a los pedidos de acceso a la información que se presenten.

El ejercicio pleno de este derecho humano en el ámbito del Poder Legislativo sólo podrá garantizarse mediante una implementación eficaz que incluya la capacitación de aquellas personas involucradas en la gestión de información y de la definición de un sistema adecuado de gestión de la información. Sin duda este año el Congreso inició un recorrido hacia la innovación y la modernización de la gestión, por lo tanto, esta ley es pilar fundamental para la producción de estos cambios.

El derecho de acceso a la información pública habilita a una nueva instancia que tiene que ver con la cocreación de políticas públicas de transparencias. Esta mayor participación ciudadana en el desarrollo de políticas optimiza la calidad de las instituciones y también la calidad de vida de las personas.

Hoy más que nunca es necesario promover la efectiva implementación de esta ley que hemos conseguido. Todos tenemos una función para que esto suceda. Como representantes de los ciudadanos somos los primeros que debemos velar por que esto suceda.

 

La autora es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Interbloque Cambiemos-UCR.