Superadas las primeras repercusiones periodísticas sobre la emergencia en adicciones anunciada semanas atrás por el Gobierno, y luego de haber realizado en este espacio un balance de las implicancias del decreto, es válido centrarse ahora en la validación estadística utilizada para fundamentar la declaratoria (y la correspondiente afectación presupuestaria).

Mucho se habló durante todo el 2016 de la necesidad de contar con datos válidos para definir un plan de acción coherente. Sin datos, no hay líneas de base. Y sin ese punto de partida, no hay manera de evaluar la efectividad de la intervención planificada.

En una entrevista de enero del 2016, en los albores de su gestión, el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Roberto Moro, afirmaba en Infobae que, para contar con políticas preventivas y asistenciales federales, es necesario tener información básica: "Si hoy se me pregunta cuánto es el consumo de marihuana o cocaína en la Argentina, no lo sabemos porque no hubo estudios en los últimos tiempos".

Como técnico en estadística, la apreciación de Moro es correcta. Es imposible definir estrategias sin contar con datos certeros del escenario que se pretende modificar. Cuantificar lo subjetivo es el primer punto de partida para actuar sobre un problema social determinado. Tampoco está errado el titular de la Sedronar cuando afirma que no hay estudios epidemiológicos recientes. Lo más cercano en el tiempo es el "VI estudio nacional en estudiantes de enseñanza media", realizado por el Observatorio Argentino de Drogas en el 2014. ¿Estos datos son extrapolables al conjunto de la población? No. Primero, porque se trata de una franja etaria que va de los 13 a los 17 años. Segundo, porque se trata de población escolarizada, lo cual delimita un sesgo estadístico al dejar afuera a los adolescentes no insertos en el esquema educativo.

En la declaratoria de emergencia se menciona la última Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). Sin desmerecer el aporte de esta casa de estudios en tiempos de tanta ceguera estadística, vale aclarar que se trata de una investigación no gubernamental que sirve como referencia, mas no reemplaza el deber del Estado de evaluar políticas. Tampoco se ajusta a los parámetros establecidos por el Observatorio Interamericano de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que permite sistematizar datos para hacerlos comparables con otros períodos de tiempo y con otros países de la región. Asimismo, el estudio del OSDA midió adicción (no consumo) en el bienio 2013-2014.

El último estudio marco sobre consumo de sustancias psicoactivas en población general a escala nacional data del 2010. Es decir, hace seis años que en Argentina se dejó de saber qué, cuánto, quiénes y dónde se consume. Hace seis años que en Argentina las políticas públicas sobre drogas se definen con base en sensaciones térmicas, cambiando de velamen según la ideología predominante.

Quienes militan diariamente en las trincheras de las villas, de los asentamientos y de los barrios vulnerables tienen todo el fundamento para contradecir mi afirmación y sostener que esta emergencia es mucho más que una mera percepción. No puedo más que coincidir con ellos. En términos subjetivos, Argentina está en alerta rojo hace ya muchos años. Pero mi análisis se orienta específicamente a darle rigor metodológico al nuevo rumbo que el Gobierno de Mauricio Macri pretende definir para las políticas sobre drogas en nuestro país, con la Sedronar a la cabeza de la estrategia.

Porque en cualquier política pública que se presente como seria se cae de maduro que, para reconocer públicamente un incendio, no basta con ver una columna de humo. Es necesario identificar su origen, su composición, su combustión. Siguiendo con la analogía del incendio, las llamas arden más o menos según los contextos sociales en los que se desarrollan. Los esfuerzos presupuestarios deben estar puestos en evitar la propagación en los sectores vulnerables. Y cualquier bombero de oficio sabe que no se puede utilizar un mismo tipo de extintor para apagar todos los incendios: sólo determinando la clasificación del fuego podremos saber cómo controlarlo y apagarlo. Por eso, un plan de acción sin basamento estadístico es una rotunda falacia, un cimiento tan endeble como afirmar, como sostuvo Moro hace dos semanas: "La Argentina está con el mayor problema de consumo de la historia".

¿Cuántos estudios estadísticos nacionales realizó el Observatorio Argentino de Drogas de la Sedronar durante el 2016? Ninguno. ¿Por qué en menos de un año el titular de la Sedronar pasó de no saber cuánto se consume a fogonear una emergencia sin contar con el sustento cuantitativo que invocó en enero? Por el humo y para el humo.