El gigante de la construcción brasileño Odebrecht, involucrado en el escándalo del Lava Jato por el pago de sobornos a ejecutivos de Petrobras, alcanzó un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza. El primero asumió la jurisdicción porque las maniobras incluyeron el uso de bancos neoyorquinos y sociedades offshore manejadas por estadounidenses, así como reuniones desarrolladas en Miami.

La empresa reconoció haber realizado pagos ilegales por un total de 788 millones de dólares entre 2001 y 2016, en el marco de 100 proyectos en 12 países, entre otros, Angola, Argentina, Colombia, México y Venezuela. En el caso de la Argentina, admitió que entre 2007 y 2014 pagó a intermediarios 35 millones de dólares sabiendo que serían parcialmente transferidos a funcionarios públicos. Ello ocurrió en al menos tres proyectos de obra pública: en 2008, por un monto no especificado, entre 2011 y 2014, por 2,9 millones de dólares, y entre enero de 2011 y marzo de 2014, por 500 mil dólares. Las maniobras implicaron un beneficio de 278 millones de dólares y un retorno sobre la "inversión" de más del 694% (el mayor de todos los países).

A cambio de reconocer su responsabilidad en una conspiración para cometer el delito de soborno transnacional, Odebrecht y su afiliada Braskem acordaron pagar a las autoridades de los tres países un total de 3.500 millones de dólares, de los cuales 2.600 millones de dólares corresponden sólo a la primera. Odebrecht reconoció que la multa total que le corresponde es de 4.500 millones de dólares, pero la cifra definitiva (nunca inferior a 2.600 millones de dólares) se determinará de acuerdo con el análisis de su capacidad real de pago.

Brasil recibirá el 80% de la multa, mientras que Estados Unidos y Suiza se quedarán con un 10% cada uno. Además, las empresas se comprometieron a seguir cooperando tanto en Estados Unidos como en el extranjero mediante el testimonio de sus ejecutivos y sus empleados, a implementar programas de auditoría y prevención de sobornos y a someterse a un monitoreo externo. Se trata del mayor caso de soborno transnacional de la historia.

¿Qué consecuencias puede tener el caso en la persecución de hechos de corrupción en la Argentina, tales como Skanska, la investigación de la obra pública de Báez en Santa Cruz u otros aún desconocidos? ¿Tendrá el acuerdo un efecto como el tornado en Tejas, que, según el creador de la teoría del caos, Edward Lorenz, puede producir el movimiento de las alas de una mariposa en Brasil?

La historia reciente indica que, si tal efecto mariposa se produce, no será en lo inmediato, ni, probablemente, en el corto plazo, aun si, como se viene anunciando, Marcelo Odebrecht, recientemente condenado a 19 años de prisión, se acoge al régimen de delación premiada en Brasil. La complejidad de las causas de corrupción en la Argentina, las usuales frustraciones de la cooperación internacional y los siempre presentes factores políticos limitan las posibilidades de que la confesión de Odebrecht en Brasil o Estados Unidos derive en una condena en la Argentina.

Según datos del Observatorio de Causas de Corrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los procesos en la Argentina demoran un promedio de 14 años y hubo sólo 7 condenas en los últimos 20 años. A esto debe agregarse el problema de la cooperación internacional, imprescindible tanto para requerir evidencia existente como para producir nuevos elementos que permitan reconstruir el hecho y recuperar los activos.

Un ejemplo es el caso Siemens, resucitado a partir del acuerdo firmado por la empresa en Estados Unidos y Alemania reconociendo pagos a, entre otros, funcionarios argentinos por 106 millones de dólares para obtener el famoso contrato de los DNI. Allí se necesitó cooperación no sólo de esos países, sino también de otros a través de las cuales se sospechaba que habían pasado los sobornos (Uruguay, Panamá, Suiza, Dubai, Hong Kong, entre muchos otros). En esta materia, los datos también son desalentadores: un estudio de 2009 muestra que el 60% de las solicitudes de asistencia mutua legal formuladas por jueces penales en causas de corrupción (los famosos exhortos) no tuvo respuesta o fue rechazada.

El único antecedente similar a Odebrecht (el ya mencionado caso Siemens) corrobora que la máquina de la corrupción argentina no es permeable siquiera a la admisión de culpabilidad de quien paga la coima. El contrato, sospechado desde el comienzo, se firmó en 1998, pero la causa penal nunca despegó. En 2008 la empresa reconoció el pago de sobornos en el extranjero, lo que permitió que, 8 años más tarde, recién esté por elevarse a juicio el tramo que involucra a 17 ex directivos de la firma. Entre tanto, los funcionarios, en su momento señalados por las autoridades extranjeras con nombre y apellido, no han sido siquiera procesados. Las multas que pagó Siemens (2.600 millones de dólares totales), por cierto, no volvieron a la Argentina.

Nada indica que el caso Odebrecht vaya a ser muy distinto. Menos aún cuando, ante la falta de precisión sobre los hechos, la lista de contratos que la empresa obtuvo en el período 2007-2014 hace pensar que los involucrados podrían ser no sólo funcionarios del Gobierno anterior sino también intermediarios o empresarios con fuertes vínculos en el Gobierno actual, como la firma IECSA, del primo del presidente, Ángelo Calcaterra.

Para terminar, recordemos que la Argentina sigue sin reformar el sistema nacional de compras y obra pública, cuya extrema precariedad (que describo aquí) explica la mayoría de los casos de corrupción que conocemos. Es decir que no sólo es improbable que el acuerdo firmado en Estados Unidos permita sancionar los hechos pasados, sino que con toda seguridad continuarán ocurriendo. Pasarán los gobiernos y, en el mejor de los casos, quedarán algunas obras de los Odebrecht, los Báez o los Calcaterra. Hasta que aletee una nueva mariposa y volvamos a preguntarnos si esta vez, por fin, habrá tornado en Tejas.

 

La autora es abogada, magíster en Derecho (Yale).