A ponerse las pilas

La reciente Encuesta sobre Prácticas Verdes y Cuidado del Medioambiente que el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (Cesba) realizó junto con la consultora Aresco da cuenta del predominio de la preocupación ciudadana respecto a la basura entre las principales cuestiones ambientales a solucionar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Un 28% de los entrevistados la identifican como su principal preocupación, lo que, por cierto, no puede llamar la atención en una macrociudad que genera seis mil toneladas de residuos diarios.

Hay una gran problemática asociada a los actuales modelos de consumo, un tanto invisibilizada, pero que, por sus dimensiones, tendencia de crecimiento exponencial y potenciales riesgos para la salud, hay que poner en la agenda pública.

Nos referimos a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), un nuevo tipo de basura surgida con la era industrial. Este tipo de residuos, popularmente denominados "basura electrónica", incluye grandes electrodomésticos (heladeras, lavarropas), pequeños electrodomésticos (aspiradoras, cafeteras), electrónicos de consumo (radios, televisores), equipos informáticos y de telecomunicaciones (computadoras, notebooks, celulares, impresoras), pilas y baterías, y artefactos de iluminación.

La Argentina se ubica dentro de los países de la región con mayor cantidad de este tipo de residuos; Estados Unidos sigue siendo el que más basura electrónica genera en todo el mundo, seguido por China, Japón, Alemania e India.

Según un informe de la United Nations University-Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS), América Latina produjo, en el año 2014, unas 3,9 millones de toneladas de RAEE, el 9% de los generados a nivel mundial. Argentina está en el tercer lugar, después de Brasil y México, con una generación de 292 kilotoneladas, lo que implica unos 6,9 kilos de basura electrónica por habitante, superior tanto a la media de América Latina (6,6 kilos por habitante) como a la media mundial (5,6 kilos por habitante).

Por ley, los porteños estamos obligados a separar los residuos reciclables de los húmedos. En este sentido, la citada encuesta del Cesba muestra con meridiana claridad que los porteños no saben qué hacer con la basura electrónica.

En concreto, ante la pregunta de en qué lugar se descartan los dispositivos electrónicos en desuso, un 50% de los entrevistados afirmó dejarlos en los contenedores: un 35,6% dice dejarlos al lado de estos, con el pretendido objetivo de que alguien se los lleve, mientras un 14,4% afirma dejarlos dentro del contenedor, en una bolsa diferenciada.

Está claro que se trata de residuos que, por su peligrosidad, deben ser gestionados de manera diferenciada. Esto implica separarlos de la corriente general de residuos sólidos urbanos como precondición para recibir luego el tratamiento adecuado. Para todo ello es necesario prever vías selectivas de transporte y almacenamiento y un sistema de disposición final ambientalmente seguro.

La palabra clave en este asunto es "reciclaje", ya que cerca del 90% de los componentes de estos aparatos se puede recuperar, no obstante la pequeña fracción de componentes peligrosos, que deben ser gestionados adecuadamente y no mezclarse con la basura común como pasa a menudo con las pilas.

Estos residuos carecen, en el ámbito de la Ciudad, de un marco normativo específico, como también de un sistema de gestión adecuado. En la actualidad, el Gobierno porteño recibe artículos electrónicos y eléctricos en algunos de los dos denominados puntos verdes especiales, a través de los cuales los deriva a cooperativas o a empresas que buscan reciclar o reutilizarlos y que están ubicados en Parque Centenario y en Plaza Arenales, además de un punto verde móvil que recorre los barrios.

Si es dificultoso deshacerse de estos dispositivos a nivel hogareño, los inconvenientes se multiplican para empresas y oficinas, que son en realidad las grandes generadoras de RAEE.

Sin dudas, la falta de una regulación específica al respecto es uno de los factores que torna difícil deshacerse de este tipo de residuos.

El desafío pasa por impulsar un sistema de gestión de la basura electrónica que permita a los consumidores deshacerse de manera segura de sus aparatos una vez finalizada su vida útil. A la vez, incentivar a los productores de aparatos electrónicos y eléctricos a producir aparatos cada vez más fáciles de reciclar, reutilizar, libres de sustancias tóxicas y con una mayor durabilidad. Y que se contemple el establecimiento de la responsabilidad extendida del productor, lo que significa que los productores son en parte responsables legal y financieramente del ciclo completo de sus propios productos, incluyendo el reciclado y la reutilización de los residuos de sus aparatos una vez que el consumidor los desecha. Desde el Cesba, quisiéramos sumar como un factor más a tener en cuenta la responsabilidad individual a la hora de consumir.

En definitiva, se requiere una visión estratégica para lograr una gestión integral de estos residuos, de forma de asegurar su proyección hacia el futuro, para lo cual es imprescindible alcanzar consensos que se constituyan en una verdadera política de Estado.

@Saravia_Fede

El autor es presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (Cesba).