Por qué una nueva ley de defensa de la competencia

Hernán Reyes

Nota escrita en colaboración con Federico Esswein

Existen muchos y variados motivos para argumentar a favor de un cambio en la actual ley de defensa de la competencia. Quizás el argumento más sólido, o al menos el más elocuente, consiste en cambiar la cultura de la cartelización.

En el repaso de la historia reciente del sistema de defensa de la competencia, Argentina tiene una constante paradójica: saboteó todos sus intentos. En resumidas cuentas, en 1999 se logró una amplia reforma a la ley de 1980 que tomaba las principales recomendaciones internacionales en la materia. Una de las principales era la creación de un órgano independiente que resolviera las sanciones y revisara las concentraciones económicas.

Sin embargo, la crisis de la Alianza y la llegada del kirchnerismo impidieron que este órgano independiente se creara. Tanto fue así que el propio Poder Ejecutivo impuso una reforma en 2014 que concentró todas las decisiones en un único funcionario: el secretario de Comercio, desandando los avances institucionales que al menos existían en el papel.

Esto, que parece un mero concepto institucional, no lo es. Hay efectos concretos por estas decisiones: del 2003 al 2015 se presentaron 713 denuncias de las que menos de un 10% (61) resultaron en sanciones; la mitad (36) lograron ser ratificadas en sede judicial, desde 2012 solamente cinco fueron ratificadas.

Gran parte de las denuncias caían por su falta de las condiciones de prueba o debido a la discrecionalidad en su aplicación. Esta arbitrariedad del Gobierno generó una cultura: apelar las sanciones se había vuelto una obligación. Exactamente lo contrario a lo que debemos pretender.

En paralelo, aumentaron las resoluciones y los programas que forzaban o invitaban a la cartelización, jamás se transparentó el sistema de licitaciones públicas y se hizo la vista gorda a los amigos del poder de turno, lo que acentuó la tendencia a la cartelización de nuestra economía, precisamente lo opuesto a lo que debemos lograr.

Por el contrario, la región (Brasil, Chile, México, Colombia, por citar) avanzó a grandes pasos en los últimos años. Y esos avances legislativos y culturales también trajeron sus consecuencias: mayor transparencia en los mercados, mejores calificaciones internacionales y un clima de negocios que favoreció la llegada de más inversiones. En el listado del Foro Económico Mundial del índice de competitividad de 2015, Argentina está en el puesto 106, lejos de Chile, en el 35, México, 57, Colombia, 61 y Brasil, en el 75. Este es un indicador reflejo de las decisiones de unos y otros.

¿Cómo se traducen estos listados en la economía diaria? La llegada de inversión extranjera directa: Chile no menos que duplicó la inversión respecto a la recibida por Argentina desde 2007, Brasil casi la sextuplicó, México la triplicó y Colombia la superó por al menos un 30 por ciento.

Pero no estamos condenados a esta realidad. Así como antes supimos estar en la vanguardia regional, hoy nosotros también podemos ponernos al día. Debemos impulsar una reforma integral.

Necesitamos que las sanciones sean claras, transparentes y severas. Por este motivo, es fundamental crear un Tribunal que garantice la independencia para aplicar las sanciones y la capacidad de influir en mejoras legales, impositivas y de infraestructura que impulsen al mercado. Al mismo tiempo, entendemos que las sanciones deben volver en inversiones de fomento que ayuden a nivelar los mercados concentrados.

El fomento de la competencia es, para nosotros, una de las grandes iniciativas que debe contemplar una nueva reforma. En Argentina necesitamos que haya un organismo atento a los mercados cartelizados y utilice todo su capital intelectual y financiero en las mejoras institucionales que se traduzcan en menores barreras burocráticas. Crear programas de capacitación y de acceso para emprendedores. Queremos que las recomendaciones que vierta el Tribunal de Defensa de la Competencia no caigan en letra muerta.

Debemos plantearnos tres grandes objetivos:

-Lograr que la apelación judicial de una resolución del órgano de Defensa de la Competencia sea un costo innecesario debido a la idoneidad y el respeto del proceso y sus funcionarios;

-Forjar una cultura contra los acuerdos entre competidores;

-Instaurar un Estado que invierta en programas de fomento de la competencia, y atienda reformas que faciliten la innovación y el acceso a los nuevos emprendedores.

Creemos que estos deben ser los principales lineamientos de la reforma en la que el Congreso está trabajando.

El autor es vicepresidente de la Coalición Cívica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Federico Esswein es miembro de la Mesa Ejecutiva de Coalición Cívica-ARI, CABA.