Que Italia intente una reforma constitucional para mejorar su difícil gobernabilidad tiene lógica. Que lo intentáramos nosotros en 1917, 1934, 1951 y 1967 se explicaba en función de las ideas y vueltas de colegializar el Poder Ejecutivo. Que procuráramos una enmienda en 1996 para adaptar el sistema electoral a un régimen político que había superado largamente el bipartidismo e instaurar las elecciones internas y la doble vuelta electoral convocaba a un consenso político.

En este momento, no se advierte ninguna razón para abordar una reforma de la Constitución, cualquiera sea el procedimiento que se elija.

En el Frente Amplio hay intenciones diversas, unidas por un sólo interés. La señora Lucía Topolansky hace tiempo que habla de cambiar las bases fundamentales de nuestro sistema republicano; se queja de que hay disposiciones que vienen desde 1830 y que deben modificarse. Entre otras, según ella, está el respeto a la propiedad privada, fundada en la extravagante idea de su marido, que dice que nuestro código máximo es "una Constitución hecha por estancieros", afirmación peregrina, reñida con la historia y la realidad de los textos.

Otros se quejan del contralor de constitucionalidad de las leyes que históricamente ha ejercido la Suprema Corte de Justicia y que ha funcionado muy bien. Habrá habido sentencias mejores y peores, pero, en todo caso, independientes de criterio. Incluso la propia Corte ha cambiado su jurisprudencia en casos notorios como resultado de su integración, pero eso puede afectar a cualquier órgano constitucional. En el caso del Frente Amplio, es notoria su molestia como consecuencia directa de varias espantosas leyes que impusieron a viento y marea, pese a las lógicas advertencias de inconstitucionalidad que se le señalaban.

En lo único en que están todos de acuerdo es en eliminar la doble vuelta electoral para la Presidencia de la República. El Frente Amplio ha pegado en el palo en la preservación de su mayoría absoluta en el Parlamento y piensa entonces en el reaseguro de una elección con una mayoría relativa. Ahí sí media un interés común, absolutamente particular. No hay ninguna razón de conveniencia nacional. ¿Está mal que los presidentes respondan a una clara mayoría para fortalecer su propia institucionalidad? ¿Quién se queja de un sistema que lleva ya tres elecciones sin mostrar ninguna fractura?

El Frente Amplio piensa que puede ganar, pero sin mayoría absoluta y que eso le signifique no solamente estar obligado a pactar en el Parlamento, sino poner en riesgo el triunfo en la segunda vuelta. Es muy evidente a la luz de los desgastes que viene mostrando.

La Constitución es el texto mayor del sistema institucional del país. Sólo hay que cambiarlo por razones claras y poderosas. No puede ser toqueteado por conveniencias circunstanciales. Por lo mismo, la peregrina tesis de embarcar al país en ese debate, cuando la ciudadanía tiene otras preocupaciones y no hay riesgo sobre el funcionamiento de los poderes, es un recurso político que no está a la altura de una reforma constitucional. Mucho peor: es subordinar la ley de leyes a un mero tema de conveniencia electoral y, de paso, largar una gran cortina de humo que desvanezca en algo el panorama de inseguridad, la crisis humanitaria de las cárceles, el estancamiento económico y el desastre educativo.