Fútbol: más seguridad, menos marquesinas

Gabriel Fuks

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Una vez más, por estos días la cuestión de la seguridad en el fútbol volvió a tomar relevancia. A través de una iniciativa impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y del director nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillermo Madero, se puso en escena, con bombos y platillos, un "nuevo" programa de control en canchas, denominado Tribuna Segura.

Según se informó, las fuerzas federales comenzaron a solicitar a los concurrentes a los estadios —en principio, en algunos de la Ciudad de Buenos Aires— el documento nacional de identidad, para determinar, mediante una aplicación instalada en celulares, si la persona tiene pedido de derecho de admisión, prohibición de concurrencia o pedidos de captura.

Los objetivos de la medida no distan mucho de la herramienta proporcionada por el sistema de acceso biométrico a espectáculos deportivos (Sabed), que se venía realizando desde el año 2012. La inquietud que nos queda es, no sólo la presencia de operativos realizados por fuerzas federales que antes no actuaban en los perímetros de seguridad de los estadios, sino las dudas que genera respecto de su legalidad y la cobertura necesaria para no vulnerar garantías establecidas en la normativa vigente respecto del uso de datos personales a partir de la utilización de un soporte tecnológico con el que consultan y donde circula información personal.

Además, no podemos desconocer la controversia que aparece en cuestiones de jurisdicción. Se trata de una competencia no delegada de las provincias y, en este caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta ahora, el programa se llevó adelante sólo en nuestro distrito y en algunos pocos partidos de la primera división.

La Ciudad lleva adelante sus políticas de seguridad en el fútbol principalmente a través de la ley 1666/05 de comité de seguridad y prevención para eventos deportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de otras normas relacionadas: habilitaciones, Código Contravencional, ley de estadios, entre otras.

Con el traspaso de la Policía Federal, la Ciudad asumió responsabilidades en materia de seguridad que hasta entonces eran competencia de la nación, como es el caso de los eventos futbolísticos. Esto puso de relieve la necesidad de contar con una norma integral que contemple todos los aspectos referidos a esta problemática, que permita ordenar las responsabilidades de quienes intervienen en los partidos, y brindar al Ejecutivo una herramienta ágil para llevar adelante políticas que respondan a las demandas planteadas. Por eso, abrimos el debate sobre este tema en la Legislatura porteña y presentamos un proyecto de ley que crea un ente regulador exclusivo para los partidos futbolísticos.

Proponemos un sistema de seguridad integral, en el que a la cabeza de la aplicación se encuentre el Ministerio de Justicia y Seguridad, tanto para el desarrollo del órgano que se crea como para la intervención de áreas existentes en este —seguridad privada, eventos masivos, prevención del delito, Policía Metropolitana, Policía Federal traspasada—, la articulación con otras áreas —Agencia Gubernamental de Control, habilitaciones y permisos, espacio público, higiene y seguridad. El proyecto contempla que la autoridad de aplicación diseñe un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad para los partidos, que contenga todas las variables: cantidad de efectivos, seguridad privada, uso de la fuerza, entre otras.

Entre sus puntos salientes se destaca la creación de un Comité de Seguridad en el Fútbol, que almacene la información relativa a hechos de violencia cometidos en el marco de estos eventos, respetando todas las normativas referidas a la protección de datos personales.

Necesitamos políticas públicas sólidas antes que medidas de impacto mediático y totalmente débiles en la resolución de los problemas. La Ciudad está hoy ante una oportunidad impostergable para dar soluciones de fondo. Apelamos a la responsabilidad política de quienes tenemos la obligación de legislar, así como de quienes tienen el deber de ejecutar políticas para no seguir con la improvisación, ni con el show mediático, y avanzar en la concreción de medidas de corto, mediano y largo plazo que mejoren la calidad de vida de los porteños.

Exigimos, además, que de una vez por todas la transferencia de 19 mil hombres de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma se realice en un debate abierto con información cristalina, para que los porteños dejen de ser rehenes, tanto de aquellos que ejercen resistencia al traspaso desde el seno de la propia fuerza como de las disputas jurisdiccionales acerca de quién figura en las marquesinas.

@GabiFuks

El autor es legislador porteño Frente para la Victoria.

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